Invertir en Nicaragua implica un riesgo creciente. El cierre de la competencia electoral independiente por parte de la comparsa legislativa del régimen Ortega-Murillo profundiza ese riesgo al consolidar un poder sin contrapesos efectivos. Cuando los tribunales y las autoridades tributarias y regulatorias solo se pueden resolver a través de los que ostentan el poder, las empresas carecen de garantías de que sus controversias se resolverán conforme a la ley. Esa incertidumbre eleva el costo de hacer negocios, desalienta nuevas inversiones y afecta el crecimiento económico.
Este problema se agrava porque la demolición de las instituciones democráticas ha conllevado a un mayor escrutinio político internacional. La audiencia del Senado el 30 de septiembre muestra que Daniel Ortega ha logrado poner a Nicaragua de regreso en la agenda estadounidense y que existe disposición bipartidista para aumentar la presión. La audiencia abordó la crisis democrática, la persecución religiosa y el involucramiento cada vez mayor del régimen en los sectores económicos en contubernio con actores externos antiestadounidenses. Los senadores, de ambos lados del espectro político, recordaron la responsabilidad del Congreso de autorizar herramientas de presión para renovar y ampliar sanciones.
Además de la presión unilateral de Estados Unidos, en la reunión reciente de cancilleres de la OEA el 2 de octubre, el hemisferio entero acordó un mecanismo de seguimiento que va más allá de una simple condena. La resolución, aprobada por consenso a pesar de la oposición de Brasil y México, exige medidas verificables que, de no ser observadas, conllevarán a acciones colectivas para aumentar la presión al régimen. Mientras tanto, no se descartan acciones individuales adicionales.
El resultado es que mientras el régimen consolida su control interno, también enfrenta mayor cuestionamiento externo. La presión internacional introduce incertidumbre en las decisiones de inversión de las empresas por los riesgos que pudieran materializarse, y aunque estos elementos ponen presión sobre la economía, es improbable que el régimen, que solo le importa aferrarse al poder a toda costa, se vea forzado, por el bienestar del pueblo, a retomar el rumbo de la institucionalidad democrática.
De por sí, ya la economía muestra señales de deterioro en algunos indicadores. El crecimiento es más lento y hay presiones sobre los precios. Las reservas internacionales, aunque robustas, tienden a desacelerarse, siguiendo la tendencia de las remesas familiares, principal sostén de la actividad económica.
El FMI advierte posibles riesgos adversos a mediano plazo, debido a las políticas migratorias y comerciales estadounidenses, el advenimiento de mayores sanciones y a la mayor volatilidad de las materias primas. La institución advierte que el deterioro del Estado de derecho puede perjudicar el desempeño económico al aumentar el costo de hacer negocios.
Moody’s, aunque mantuvo la calificación soberana de Nicaragua en febrero, señaló que los cambios constitucionales decretados por Ortega y Murillo intensifican los riesgos políticos, debilitan los contrapesos institucionales y aumentan la posibilidad de cambios abruptos en políticas o en su aplicación. La calificadora vaticina una escalada de sanciones o tensiones geopolíticas que afectarán la inversión, el financiamiento, el comercio y las remesas. BMI, de Fitch Solutions, también anticipa una desaceleración económica.
Lo que ahora viene es una mayor contracción en la inversión privada extranjera. En el informe sobre clima de inversión en Nicaragua del Departamento de Estado del 6 de octubre, Estados Unidos advierte a los inversionistas ejercer extrema cautela y les señala que no deben esperar respeto alguno a los contratos ni un entorno empresarial predecible en Nicaragua. Les dice que el control del régimen sobre la justicia, la propiedad, la inversión extranjera y las instituciones financieras aumenta considerablemente el riesgo para sus inversiones.
La reforma constitucional de enero, que subordinó el órgano judicial al Ejecutivo, amplió también las facultades de la Procuraduría General, incluyendo la confiscación de propiedades. El informe describe tribunales sujetos a presiones políticas y dificultades para obtener reparación. Un contrato puede conservar su validez formal y, sin embargo, perder valor económico si hacerlo cumplir depende de la voluntad de quienes ejercen el poder.
Estados Unidos les señala a los inversionistas que en Nicaragua no existe protección a los derechos de propiedad, ni registros confiables, ni acceso público a los mismos, lo que crea incertidumbre sobre los contratos y facilita las expropiaciones arbitrarias.
La arbitrariedad tributaria añade otra fuente de pérdidas y de riesgo. El gobierno realiza auditorías prolongadas, impone obligaciones fiscales arbitrariamente infladas, e impone multas y cobros retroactivos, cuya falta de pago resulta o en confiscaciones ilegales o en encarcelamientos arbitrarios.
La corrupción agrava estos riesgos. El Estado opera bajo intermediarios con vínculos políticos para darle ventajas preferencias a empresas vinculadas al régimen —muchas de ellas chinas y rusas— modificando las condiciones competitivas. Un proyecto viable puede perder acceso a contratos, permisos o mercados por decisiones ajenas a su eficiencia.
El mensaje a los inversionistas es claro: deben revisar la exposición a Nicaragua con supuestos que incorporen esta evolución, además de examinar la recuperabilidad de las garantías, las provisiones, las contingencias fiscales, la transparencia de las contrapartes y la continuidad de los pagos. Para el país, esto compromete el crecimiento, pero es la única manera de poner presión a un régimen que no le importa el país y que se sostiene solo a través de la violencia, el terror, y el financiamiento de actores extrarregionalas —principalmente China, Rusia e Irán— que promueven la corrupción y constituyen una amenaza para la seguridad del hemisferio.
