Después de la reunión extraordinaria de cancilleres de la OEA del pasado 2 de octubre no se ha visto ningún movimiento para comenzar a cumplir la resolución que fue aprobada por unanimidad, con el propósito de promover la recuperación de la libertad y la democracia en Nicaragua.
La resolución, titulada «La situación en Nicaragua y su consideración colectiva continua», demanda al régimen de Managua celebrar elecciones libres y restablecer la separación de poderes. Además, la liberación incondicional de todos los presos políticos, el cese de la represión y la devolución de la nacionalidad a quienes fueron despojados de ella y convertidos en apátridas.
Igualmente, la resolución de la OEA exigió el cese de la persecución religiosa, la devolución de los bienes confiscados a la Iglesia, los medios de comunicación y la sociedad civil.
El acuerdo fundamental de la reunión extraordinaria de la OEA es el que mandó a crear un Grupo Ministerial integrado voluntariamente, para buscar un canal de diálogo directo con el régimen nicaragüenses y dar seguimiento a la situación del país, con un plazo determinado para presentar recomendaciones o informes.
La dictadura de Ortega y Murillo guardó silencio ante la resolución de la OEA. Sin embargo, fiel a su estilo arrogante y desafiante reaccionó incluso anticipándose a la aprobación de la resolución, al rechazar a la nueva embajadora de Estados Unidos, Natasha Franceschi, a quien ya se le había otorgado el beneplácito de estilo.
De manera que, según nos comentan personas relacionadas con el tema, a partir de la resolución de los cancilleres de la OEA y el rechazo de los codictadores Ortega Murillo a la nueva embajadora de Estados Unidos, hay un camino y un calendario claro para tratar de poner fin a la dictadura y establecer la libertad y la democracia en Nicaragua.
Según la información de la que disponemos, durante el resto del mes de octubre será integrado el Grupo Ministerial que dará el seguimiento al cumplimiento de la resolución, en el que participará EE. UU., principal promotor de la iniciativa
Después del 3 de noviembre, habiendo pasado las elecciones legislativas de medio término en Estados Unidos, el Grupo Ministerial tratará de establecer comunicación con el régimen de Managua. Se da por descontado que será rechazado por la dictadura de Managua, pero eso no significará desistir del plan acordado el 2 de octubre.
En todo caso, los cancilleres serían convocados a una nueva sesión de la 81 Reunión Extraordinaria de Consulta de la OEA que permanecerá abierta, para informar, valorar la situación y decidir las acciones siguientes.
Será a partir de entonces que se deberá esperar la imposición de sanciones diplomáticas, comerciales y financieras contra la dictadura. La idea es que sean suficientemente amplias para permitir a cada país presionar con fuerza al régimen, cumpliendo con las resoluciones aprobadas.
De manera que podrá ser a partir de enero de 2027 que se verá cuánto podrá aguantar el régimen de Ortega y Murillo las sanciones, y si será necesario utilizar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). Esto con el fin de completar la tarea de obligar a la dictadura de Nicaragua a ceder, o sacarla del poder mediante los procedimientos permitidos por el derecho internacional hemisférico.
Se supone que para ejecutar el plan de forzar a la dictadura a la negociación política, y en caso de que se niegue obligarla a dejar el poder, se cuenta con el apoyo bipartidista en Estados Unidos, así como con el respaldo de Latinoamérica, Unión Europea y una parte de la ONU.
En todo caso, el calendario para intentar la recuperación de la democracia en Nicaragua ya está en marcha, aunque hasta ahora silenciosamente. A su debido tiempo se podrá saber si será posible cumplir el plan exitosamente.
