El 30 de septiembre, la OCDE conmemoró el 65.º aniversario de su fundación. Al igual que muchas otras organizaciones internacionales veteranas, ha desarrollado una tendencia a ampliar su misión, como pudimos constatar de primera mano cuando éramos delegados. Por ello algunos legisladores estadounidenses pretenden reducir o eliminar la financiación de la organización. Sin embargo, abandonar la OCDE implicaría renunciar a capacidades cada vez más importantes en la competencia económica de Estados Unidos con China.
La OCDE está integrada por democracias de mercado y cuenta con un sofisticado aparato estadístico y décadas de experiencia coordinando la política económica entre Estados Unidos y sus aliados. Estas características hacen que la OCDE sea aún más valiosa en un momento en que la economía y la seguridad nacional se entrelazan cada vez más.
El problema radica en que el mandato del Comité de Política Económica de la OCDE, que durante décadas se centró en la vigilancia económica y las políticas de fomento del crecimiento, se amplió en 2013 para promover un “crecimiento económico equilibrado y sostenible, prestando la debida atención a las consecuencias sociales y ambientales”. Desde entonces, la organización ha desarrollado programas en torno a la presupuestación con perspectiva de género, la justicia ambiental, la movilidad social y el enfoque “Más allá del PIB”.
Convertir la OCDE en una especie de mini-Naciones Unidas centrada en la economía no es una estrategia para mantener su relevancia. En cambio, la organización debería aprovechar al máximo su ventaja comparativa, basándose en su legado.
La OCDE surgió de la organización que administró el Plan Marshall y evolucionó hasta convertirse en un foro para la coordinación de políticas en torno a intereses económicos comunes. Con este fin, contribuyó a establecer estadísticas fiables y comparables internacionalmente. Tras la crisis del petróleo de 1973, se creó la Agencia Internacional de Energía (AIE) dentro del marco de la OCDE para proporcionar a los gobiernos datos y análisis que les permitieran prepararse para las interrupciones en el suministro energético. En 1981, la OCDE abordó las preocupaciones sobre la duplicación de ensayos químicos transfronterizos mediante la creación del Sistema de Aceptación Mutua de Datos (AMD), que exigía a los países participantes aceptar los ensayos de seguridad realizados bajo normas comunes.
La competencia con China depende cada vez más de cuestiones que abarcan la economía y la seguridad nacional: minerales críticos, semiconductores, drones, transporte marítimo, energía, productos farmacéuticos y otras dependencias. Una OCDE reorientada podría respaldar los esfuerzos de sus miembros para contrarrestar económicamente a China. La AIE ofrece un modelo. Tras la imposición por parte de China de controles a las exportaciones de tierras raras en 2025, que perturbó las cadenas de suministro de la industria manufacturera y obligó a algunas plantas europeas de autopartes a suspender la producción, ahora supervisa los mercados de minerales críticos y realiza simulacros para garantizar que sus miembros estén preparados para emergencias.
Estados Unidos tiene la capacidad de reconducir a la OCDE hacia su misión principal. Este país aporta el 18 por ciento del presupuesto básico de la Parte I de la OCDE, más del doble que Alemania, el siguiente mayor contribuyente. En lugar de simplemente retirarse, Estados Unidos podría condicionar su apoyo continuo a una misión más específica y útil.
Esto requerirá cuatro reformas principales. En primer lugar, la OCDE debería frenar su expansión y reconsiderar la participación de países no miembros en sus debates sobre política económica. Si bien China puede ser un tema necesario para el análisis de la OCDE, esto no significa que deba participar en los debates destinados a coordinar políticas entre democracias de mercado.
En segundo lugar, la organización debe reorientarse hacia la economía, un cambio que ya está en marcha. En 2026, el mandato del Comité de Política Económica fue revisado durante la administración del presidente estadounidense Donald Trump para promover “el mayor crecimiento económico equilibrado, sostenible y estable en las democracias de mercado”. El resto de la OCDE debería tomar este objetivo en serio.
En tercer lugar, reorientar sus recursos hacia las cadenas de suministro y la seguridad económica aumentaría significativamente el valor de la infraestructura existente de la OCDE. Sus tablas de insumo-producto interpaíses mapearon las relaciones de producción en 80 países y 50 sectores en 2025. En contraste, la Oficina de Análisis Económico de EE. UU. elabora informes anuales de insumo-producto para 71 categorías de sectores en EE. UU. y tablas de referencia con 402 sectores. Los responsables políticos necesitan datos sectoriales más detallados para identificar cuellos de botella en las cadenas de suministro, evaluar la existencia de sustitutos y predecir la rapidez con la que se podría trasladar la producción a otros lugares.
Si bien ningún gobierno puede recopilar fácilmente esta información por sí solo, la OCDE sí puede, siempre y cuando optimice el uso de su presupuesto actual. Por ejemplo, se destinan importantes recursos a la elaboración de una veintena de encuestas nacionales anuales que duplican el trabajo ya realizado por el Fondo Monetario Internacional, los bancos centrales, los gobiernos y el sector privado. Estos recursos deberían redirigirse hacia la obtención de datos comparables entre países, el mapeo de las cadenas de suministro y la medición de subsidios y dependencias, servicios que la OCDE está en una posición privilegiada para proporcionar.
Por último, la OCDE debería aprovechar su capacidad para crear instrumentos jurídicos —actualmente existen 270 en vigor que abarcan áreas como la inversión, las exportaciones y la competencia— para promover la seguridad económica. La cooperación en materia de control de inversiones y cadenas de suministro puede comenzar entre un grupo reducido de miembros, que la OCDE podría luego desarrollar hasta convertirlos en normas comunes.
La OCDE se creó para un mundo en el que los intereses económicos y estratégicos de Estados Unidos eran inseparables. Sesenta y cinco años después, nunca han estado tan estrechamente alineados.
Los autores, Kim Ruhl es exmiembro del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca (2025-2026), es profesora de Economía en la Universidad de Wisconsin-Madison. Pierre Yared, expresidente interino del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca (2025-2026), es profesor de Negocios Internacionales y vicedecano de Educación Ejecutiva en la Escuela de Negocios de Columbia, además de investigador sénior en el Consejo de Relaciones Exteriores.
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