¿Puede una dictadura hipotecar el futuro de Nicaragua?

Mientras Nicaragua atraviesa una grave ruptura de su institucionalidad democrática, otro proceso avanza con menos atención de la que merece: el compromiso, por décadas, de recursos naturales y activos estratégicos que pertenecen a todos los nicaragüenses.

La pregunta es sencilla: ¿puede una dictadura hipotecar el futuro de Nicaragua?

El problema no es teórico. El 7 de septiembre se conoció una nueva concesión de 26,205.75 hectáreas en Bonanza, otorgada por 25 años a Linze Excelente Minería, S.A., empresa de capital chino vinculada públicamente con Nicaragua Xinxin Linze Minería Group, sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en abril de 2026.

No estamos ante una discusión que pueda esperar hasta que Nicaragua recupere la democracia. El patrimonio pertenece al pueblo Debemos comenzar a construir lo que propongo denominar la doctrina de defensa y recuperación del patrimonio nacional de Nicaragua.

Su principio fundamental es inequívoco: los recursos naturales y el patrimonio estratégico pertenecen al pueblo nicaragüense, no a quienes circunstancialmente controlan el Estado. El derecho internacional reconoce el principio de soberanía permanente de los pueblos y las naciones sobre sus riquezas y recursos naturales. Este principio adquiere especial importancia cuando las decisiones que comprometen esos recursos son adoptadas por un régimen que ha eliminado progresivamente la separación de poderes, la competencia política y los mecanismos democráticos de rendición de cuentas.

La CIDH ha advertido que las reformas impulsadas por Ortega y Murillo profundizan un modelo incompatible con los principios de la democracia representativa. Ahora, en el contexto la reciente Reunión de Consulta de Cancilleres de la OEA, su secretario general, Albert Ramdin, planteó la necesidad de pasar de las declaraciones a medidas colectivas concretas de presión.

La ilegitimidad democrática no puede analizarse separadamente de las decisiones mediante las cuales quienes controlan el Estado comprometen el patrimonio de futuras generaciones. Sin embargo, debemos actuar con seriedad jurídica.

No sería responsable afirmar que todo contrato firmado por el actual régimen será automáticamente nulo. El Estado nicaragüense continuará existiendo después de Ortega y Murillo y una Nicaragua democrática deberá respetar sus obligaciones legítimamente adquiridas.

Nuestra posición debe ser más sólida. Revisión, no arbitrariedad Un futuro gobierno democrático deberá realizar una revisión integral e individualizada de las concesiones, contratos, adjudicaciones y transferencias extraordinarias de patrimonio nacional realizadas durante este período, especialmente aquellas que comprometan recursos estratégicos por décadas.

Esa revisión deberá determinar si existieron corrupción, fraude, conflictos de interés, violaciones de la legislación nacional, incumplimientos ambientales, falta de transparencia, afectación de territorios indígenas y afrodescendientes o violaciones de obligaciones internacionales. Cuando estas irregularidades sean demostradas, Nicaragua deberá utilizar los mecanismos jurídicos disponibles para anular, revocar, rescindir, renegociar o recuperar los derechos y activos correspondientes. Eso no significa confiscación. Significa Estado de derecho.

Una advertencia para quienes invierten hoy Esta doctrina no debe dirigirse exclusivamente contra China. Debe aplicarse igualmente a empresas chinas, rusas, estadounidenses, europeas, latinoamericanas o nicaragüenses. No cuestiono la nacionalidad del inversionista; cuestiono las condiciones mediante las cuales adquiere patrimonio nacional.

Pero también existe responsabilidad del inversionista. Quien hoy obtiene una concesión extraordinaria en Nicaragua difícilmente puede alegar desconocimiento del contexto. La ruptura democrática, las sanciones internacionales, las confiscaciones y las controversias relacionadas con territorios indígenas están ampliamente documentadas. En agosto, la CIDH celebró incluso una audiencia dedicada al impacto de las concesiones mineras sobre pueblos indígenas y afrodescendientes.

Por ello debemos comenzar a enviar un mensaje inequívoco: Quien aproveche las condiciones excepcionales de una Nicaragua sin instituciones democráticas para obtener concesiones, contratos o activos estratégicos debe saber que esas operaciones podrán ser sometidas al escrutinio jurídico de una futura democracia.

La inversión legítima, transparente y respetuosa de las leyes debe encontrar seguridad jurídica en la Nicaragua democrática. Pero corrupción, tráfico de influencias, testaferros, violaciones de derechos indígenas o contratos abusivos no pueden transformarse, simplemente por el paso del tiempo, en derechos adquiridos intocables.

Esta discusión apenas comienza Este artículo constituye solamente un primer planteamiento. En próximos artículos profundizaré en las implicaciones jurídicas, financieras, ambientales e internacionales para quienes decidan invertir bajo estas condiciones. Analizaré los derechos indígenas, tratados de inversión, arbitraje internacional, beneficiarios finales, sanciones financieras y los mecanismos que tendrá una futura democracia para defender y, cuando corresponda legalmente, recuperar el patrimonio nacional.

Y abordaré una pregunta decisiva: ¿Dónde termina la obligación de Nicaragua de proteger una inversión legítima y dónde comienza su derecho soberano a recuperar aquello que haya sido comprometido ilegalmente?

Ese debate debe comenzar ahora, no el día después de la dictadura. Nicaragua deberá respetar la inversión legítima. Pero nadie debería asumir que puede aprovecharse de una dictadura para hipotecar nuestro futuro y después exigir que la democracia simplemente pague la cuenta.

El autor es exiliado político nicaragüense.