En abril de 2018, los codictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo comenzaron el camino de persecución en contra de la libertad religiosa en Nicaragua. Desde entonces se han documentado 29,914 agresiones en contra la Iglesia católica nicaragüense, entre ellas se incluyen las prohibiciones para realizar actividades de piedad popular.
Debido al actual escenario político internacional, la dictadura sandinista se ha visto inducida a cambiar su estrategia de represión. Ha pasado de ejecutar sus acciones de manera visible a realizarlas en la sombra. En consecuencia, lo que les interesa es mantener el control interno mediante el miedo, la amenaza y la coacción, obligando a las víctimas a guardar silencio, a no denunciar y a aceptar las imposiciones.
En este contexto, un aspecto que ha llamado la atención de medios de comunicación y analistas es que la dictadura a través de oficiales de la Policía Nacional está autorizando la celebración de algunas procesiones, generalmente las más concurridas, como las de la Virgen de la Merced, en Matagalpa, y San Jerónimo, en Masaya. En el caso de León, estas celebraciones siempre han podido realizarse bajo esas advocaciones. Asimismo, existe la posibilidad de que otras procesiones puedan salir, aunque bajo estricta vigilancia policial, con el propósito de impedir que algún sacerdote o laico se atreva a realizar un acto que el sandinismo considere una “protesta” o un “golpe de Estado”.
Por otra parte, los organizadores de las actividades religiosas han sido sorprendidos por estos permisos. Es evidente que ninguna actividad coordinada puede prepararse de un día para otro, ya que requiere tiempo y organización. Sin embargo, eso es precisamente lo que ha faltado. A pesar de ello, la Iglesia no ha desaprovechado la oportunidad y, con júbilo, ha convocado a los laicos a participar en estas procesiones, independientemente de la vigilancia y el asedio, situaciones que permanecen de manera constante bajo esta dictadura.
Ahora bien, los codictadores Ortega-Murillo saben que la comunidad internacional mantiene su atención puesta en Nicaragua. Por ello, esa estrategia premeditada de acercarse a la Iglesia católica les resulta oportuna para obtener algún alivio y, de esta manera, sostenerse en el poder.
Sin embargo, el grave error es pensar que permitir dos, cinco o algunas procesiones es sinónimo de libertad religiosa, cuando existen otras manifestaciones de piedad popular que continúan siendo restringidas. De hecho, el mismo día en que se autorizaron determinadas procesiones, otras fueron prohibidas. Masaya, León y Matagalpa no son los únicos lugares donde se conmemora a San Jerónimo y a la Virgen de la Merced. Existen otras parroquias que celebran estas advocaciones y cuyas procesiones fueron confinadas a las paredes de los templos.
Asimismo, un día antes, la Iglesia católica celebró a San Miguel Arcángel y tampoco se permitieron las procesiones.
No obstante, la ventaja de este breve lapsus es que una pequeña parte del pueblo católico pudo expresar públicamente su fe en las calles. Sin embargo, todavía falta mucho más. Ahora corresponde que el régimen sandinista permita las 477 procesiones restantes; que devuelva las 43 propiedades confiscadas a la Iglesia; que deje en plena libertad al sacerdote Frutos Valle y al obispo emérito de la Diócesis de Estelí, monseñor Juan Abelardo Mata; que devuelva el dinero sustraído de las cuentas del seguro sacerdotal y de las cuentas bancarias de las iglesias; que cese la vigilancia permanente sobre los sacerdotes; que restituya las frecuencias de los medios de comunicación católicos; que permita el retorno seguro de los 315 sacerdotes y religiosas obligados a vivir en el exilio; que autorice las ordenaciones diaconales y sacerdotales en Matagalpa, Jinotega, Siuna y Estelí; que acceda nuevamente la presencia de un nuncio apostólico, que no se oponga a la ordenación de nuevos obispos; y que no prohíba a los laicos reunirse en sus casas para rezar el rosario.
Y podría continuar enumerando las arbitrariedades. Sin embargo, cuando todas estas restricciones cesen y se respeten plenamente los derechos de la Iglesia y de los fieles, entonces podremos comenzar a hablar de una verdadera libertad religiosa en Nicaragua.
La autora es abogada, defensora de derechos humanos con énfasis en el derecho a la libertad de religión.
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