La reunión extraordinaria de consulta de la OEA realizada este viernes 2 de octubre aprobó la resolución sobre Nicaragua por unanimidad, incluso sin discusión previa en la sesión plenaria.
Las diferencias que había sobre algunos aspectos del proyecto de resolución se solventaron en privado. De manera que la aprobación unánime de la resolución puso en evidencia que todos los gobiernos de las Américas están claros sobre la naturaleza de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Incluso los gobiernos de izquierda democrática de Brasil, México y Uruguay están convencidos de que el régimen de Nicaragua es contrario a los principios y valores de la democracia, en los que se funda el sistema interamericano.
En realidad, el régimen dictatorial de Nicaragua es un forajido internacional. En ese sentido, algunos de los representantes de los países miembros de la OEA dejaron claro que el régimen de Ortega y Murillo, por sus conexiones estratégicas con potencias autoritarias y expansionistas extracontinentales, representa una amenaza a la seguridad democrática del hemisferio occidental.
Sin embargo, la resolución de la OEA no solo condena a la dictadura de Nicaragua y le demanda que devuelva la libertad y la democracia al pueblo de Nicaragua. También le ofrece a Ortega y Murillo la oportunidad de una salida democrática de la crisis política nacional.
En efecto, la resolución establece la formación de un Grupo Ministerial de Seguimiento sobre Nicaragua, de composición voluntaria, que debe iniciar su actividad en el plazo de un mes. Y el propósito es “buscar un diálogo rápido y directo con las autoridades nicaragüenses, procurando realizar una visita a Nicaragua, en lo posible encabezada por Ministros de Relaciones Exteriores”.
Además, el Grupo Ministerial de seguimiento deberá “entablar un diálogo con todo el espectro de los sectores políticos, sociales, religiosos y empresariales del país, incluidas la oposición, la sociedad civil y las comunidades nicaragüenses en el exilio”.
La reacción de Ortega y Murillo a la razonable propuesta de la OEA definirá las medidas unilaterales y colectivas que se pudieran tomar en el futuro. Y en este orden cabe señalar que todas las opciones permitidas por el derecho internacional quedan abiertas, con la sola excepción del uso de la fuerza. En el entendido de que esta restricción no es para decisiones particulares que decidiera tomar cada país, las que se rigen por el derecho a la defensa y a garantizar la propia seguridad conforme los términos de la Carta de las Naciones Unidas.
Como cabía esperar, la primera respuesta de Ortega y Murillo, incluso anticipada, ha sido negativa, arrogante y desafiante. En la misma sesión de la OEA de este viernes 2 de octubre, el subsecretario de Estado de EE. UU., Christopher Landau, dio a conocer que los codictadores de Nicaragua rechazaron a la embajadora estadounidense Natasha Franceschi, a quien ya le habían otorgado el beneplácito de estilo.
Se trata de un desafío del régimen de Ortega a EE. UU., pero también a toda la comunidad democrática hemisférica, incluyendo a los gobiernos de izquierda que se han unido a los demás en la condena a la dictadura de Nicaragua.
Pero la desafiante arrogancia de Ortega y Murillo no invalida la iniciativa de diálogo y negociación diplomática para buscar una solución a la crisis política de Nicaragua, que propone la resolución de la OEA. Más bien fortalece la opción de presiones unilaterales fuertes, comenzando con la retirada de embajadores acreditados en Managua, como lo anunció República Dominicana en la misma sesión de la OEA.
En conclusión, la pelota está en la cancha de Ortega y Murillo. Sin duda que es la dictadura la que está a la defensiva, no la democracia.
