En el Caribe de Nicaragua, los indígenas tenían que andar armados para defenderse de los ataques de los colonos, pero ahora están desarmados porque el ejército de Daniel Ortega y Rosario Murillo les decomisó todas las escopetas. LA PRENSA/ CORTESÍA

En el Caribe de Nicaragua, los indígenas tenían que andar armados para defenderse de los ataques de los colonos, pero ahora están desarmados porque el ejército de Daniel Ortega y Rosario Murillo les decomisó todas las escopetas. LA PRENSA/ CORTESÍA

Ocho indígenas mayangnas sufren pésimas condiciones de reclusión en La Modelo

Sus familias no pueden visitarlos debido a los altos costos que deben asumir para viajar desde el Caribe Norte hasta Managua

Los familiares de ocho indígenas mayangnas, detenidos por la dictadura Ortega-Murillo entre 2021 y 2023, denunciaron las pésimas condiciones de reclusión en que estos se encuentran en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo, en Tipitapa, Managua.

Los ocho mayangnas detenidos por el orteguismo, señalados de pertenecer a una supuesta banda delincuencial llamada «Bruno», responden a los nombres de Tony Bruno Smith, Dionisio Robins, Argüello Celso Lino, Ignacio Celso Lino, Donald Bruno Arcángel, Rodrigo Bruno Arcángel y sus hijos, Olvier y Evertz Bruno.

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Fundación del Río, que documentó los testimonios de estas familias mayangnas, detalló que los ocho indígenas detenidos enfrentan pésimas condiciones de reclusión que han empeorado su salud, no tienen atención médica adecuada, sufren restricciones para recibir medicina y dificultades para tener visitas con sus familias.

Mayangnas no tienen visitas regulares

Los familiares de estos reos políticos, según los testimonios documentados por Fundación del Río, no pueden realizar visitas periódicas debido a los altos costos que deben asumir para poder viajar desde el Caribe Norte hasta la capital, Managua.

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Algunos de los familiares explicaron a Fundación del Río que deben hacer visitas cada dos o tres meses, aunque en algunos casos el plazo ha sido mayor debido a que no cuentan con los recursos económicos para cubrir estos viajes, que les pueden costar hasta 8,000 córdobas.

Ocho guardabosques indígenas mayangnas detenidos por la dictadura Ortega-Murillo. Foto: LA PRENSA/ARCHIVO
Ocho guardabosques indígenas mayangnas detenidos por la dictadura Ortega-Murillo. Foto: LA PRENSA/ARCHIVO

En ese monto, las familias incluyen el gasto en alimentos que llevan a su preso político, medicinas, pasaje desde sus comunidades, luego de Bonanza a Managua, después hasta el penal, alquiler de un espacio para poder dormir y luego todo el viaje de retorno.

Penal cobra 300 córdobas por llamadas de cinco minutos

“Nosotros no tenemos recursos para pagar el pasaje a los otros, porque sí, están conscientes de visitar a sus familiares, pero no tienen para el pasaje… Solo de Managua a Bonanza tenemos que viajar 9 horas, y de Bonanza para dentro 3 horas, de Tipitapa a Managua, por eso que tenemos que gastar mucha plata, y no tenemos recursos más para la dormida, la comida”, detalló uno de los familiares.

Adicional a eso, las familias de estos ocho mayangnas deben pagar 300 córdobas para poder hablar con sus reos políticos y enterarse de las fechas de las próximas visitas.

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Sus presos políticos, según estas familias, tienen restricciones diarias de acceso a agua potable, deben recoger este líquido en botellas de plástico, tienen alimentación limitada, que algunas veces se les entrega hasta cruda, duermen en camas de cemento, no tienen derecho a patio al sol, sufren malestares que van desde problemas de visión, retención de líquidos, dolor en el cuerpo y dificultades respiratorias.

Custodios de La Modelo prohíben lengua mayangna

Además, son privados de sus prácticas culturales y religiosas, incluso del uso de su lengua materna, mayangna.

“Nosotros tenemos nuestro dialecto y ellos quieren hablar en su dialecto y, digamos, que entre los presos no lo permiten o hasta la Policía le dicen que ellos más bien están hablando de ‘brujería’, que no tienen derecho de hablar en su dialecto”, denunció uno de los familiares.

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Fundación del Río denunció que estas familias, además, sufren vigilancia, interrogatorios, requisas en sus viviendas, apropiación de sus tierras que utilizaban para cultivar y el temor de sufrir nuevas detenciones.

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