Cuando la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen le dijo al primer ministro canadiense, Mark Carney, que quería «trabajar con él para que Canadá se convirtiera en el primer miembro asociado de la UE», seguramente estaba improvisando, porque no se había definido ni negociado tal acuerdo. Pero esto no es una crítica desestimatoria, considerando que fue la improvisación lo que dio origen a la Unión Europea.
Sea cual sea el nombre que finalmente se le dé al acuerdo, la idea de Von der Leyen podría ofrecer tanto a Canadá como a Europa una forma de resistir la presión del presidente estadounidense Donald Trump sin romper sus lazos económicos con Estados Unidos. Si bien solo los estados europeos pueden unirse formalmente a la UE, los tratados del bloque prevén una alternativa flexible sin límites geográficos fijos: un acuerdo de asociación.
Los acuerdos de asociación de la UE se basan en derechos y obligaciones compartidos, compromisos de acción conjunta y órganos comunes con capacidad para tomar decisiones vinculantes. La UE los ha utilizado para fortalecer sus alianzas con varios países. Para Ucrania, Georgia y Moldavia, un acuerdo de asociación representa un posible paso previo a la adhesión plena; y para el Reino Unido, proporcionó el marco para la salida de la UE tras el Brexit. Dados estos precedentes, es evidente que el acuerdo es lo suficientemente flexible como para adaptarse a una nueva situación con Canadá.
Es cierto que los modelos existentes más similares dependen de la armonización regulatoria. Islandia, Liechtenstein y Noruega no son miembros de la UE, pero pueden acceder al mercado único de la UE a través del Espacio Económico Europeo, al igual que Suiza mediante su acuerdo recientemente actualizado con la UE. En ambos casos, el socio se compromete a una armonización dinámica: replicar las nuevas normas de la UE a medida que se adoptan (tras haberse adaptado a las normas vigentes en el momento de la firma del acuerdo) y renunciar a gran parte de su influencia en la redacción de dichas normas.
Canadá no puede pagar ese precio. Su sistema regulatorio está profundamente integrado con el de Estados Unidos, y este país compra más de dos tercios de sus exportaciones. Alinearse con la UE implicaría desalinearse con Estados Unidos, algo que no va a suceder. Por lo tanto, una opción más realista es aprovechar el Acuerdo Económico y Comercial Global (CEGA ) entre la UE y Canadá, que ya está en vigor provisionalmente (aunque aún no ha sido ratificado por completo), sin que Canadá tenga que adoptar las normas de la UE. Canadá podría inspirarse en la estructura institucional del acuerdo suizo, que incluye órganos conjuntos, diálogo político regular y procedimientos de solución de controversias, sin llegar a adoptar las normas de la UE.
Este tipo de acuerdo convertiría a la UE en un centro institucional en torno al cual otras democracias podrían organizar su autonomía estratégica. Sería, además, la expresión más concreta hasta la fecha de la formación de coaliciones de «potencias intermedias» que Carney propuso en Davos a principios de este año.
Algunos de los elementos básicos ya están presentes. Canadá se ha adherido al segundo pilar de Horizonte Europa , el programa de investigación de la UE, y es el primer país no europeo en participar. En el marco de la iniciativa «Acción de Seguridad para Europa» (SAFE), el nuevo instrumento de la UE para la adquisición de material de defensa, dotado con 150,000 millones de euros (171,000 millones de dólares), se podría consolidar una cooperación más estrecha en materia de materias primas críticas, cadenas de suministro de defensa , inteligencia artificial, movilidad y seguridad económica, con una armonización normativa únicamente en los casos en que ambas partes así lo decidan.
Canadá no se convertiría en miembro de la UE en ningún sentido institucional. No tendría voto en el Consejo Europeo ni representantes electos en el Parlamento Europeo, ni asiento en la Comisión donde se elaboran las normas de la UE. Tampoco estaría amparado por la cláusula de defensa mutua de la UE, que obliga a los Estados miembros a prestarse ayuda entre sí. Lo que Canadá ganaría es seguridad jurídica: normas y acceso al mercado establecidos en compromisos vinculantes, no por decretos ejecutivos ni publicaciones en redes sociales de Trump.
La UE y Canadá ya se encuentran en la misma situación. Ambas han visto cómo Trump instrumentalizaba su dependencia de Estados Unidos mediante aranceles, exclusiones en la contratación pública y otras formas de presión económica. Dado que ninguna puede desvincularse de la economía estadounidense, ambas necesitan la capacidad de actuar cuando un presidente de Estados Unidos recurre a la coerción.
Un nuevo acuerdo entre la UE y Canadá sería un experimento sobre cómo las potencias democráticas intermedias pueden aunar recursos en áreas como los minerales críticos, la adquisición de material de defensa y la seguridad económica, sin ceder autonomía a una potencia dominante. Trump ha desestimado la idea calificándola de «ridícula», ha amenazado con fuertes aranceles si se llega a un acuerdo y ha declarado que podría considerarlo un «acto hostil».
Pero un acuerdo más estrecho entre la UE y Canadá no solo constituiría un baluarte contra la coerción estadounidense, sino que también podría impulsar la integración europea. Canadá solo puede unirse a SAFE porque la UE creó previamente un instrumento conjunto propio. Del mismo modo, los instrumentos comunes de contratación pública y seguridad económica requieren que los Estados miembros desarrollen capacidades que aún no poseen plenamente a nivel de la UE. Estas necesidades apuntan a una alternativa a los “Estados Unidos de Europa”, un marco organizativo que parte de las instituciones y exige a los países que se comprometan antes de especificar el objetivo.
La fórmula fundacional de la integración europea, el método Monnet (llamado así en honor a Jean Monnet, uno de los artífices de la UE), hizo lo contrario: les dio a las instituciones comunes un problema concreto que gestionar y permitió que la integración surgiera orgánicamente de la interdependencia que esto generaba. La Declaración Schuman de 1950 no fue mucho más precisa que la oferta de Von der Leyen a Carney, pero funcionó. Los principales recursos que Francia y Alemania necesitaban para enfrentarse, el carbón y el acero, quedaron bajo una autoridad común, y el tratado que fundó la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (precursora de la UE) se firmó en menos de un año.
Precisamente porque el acuerdo UE-Canadá no está definido, podría convertirse en un marco para colaboraciones específicas. Cada socio se adheriría a políticas distintas y aceptaría las obligaciones que conlleva cada una. Ninguno se enfrentaría a la difícil disyuntiva entre la plena adhesión, la adopción íntegra de las normas de la UE o la continua dependencia de Estados Unidos. Este modelo podría transformar las relaciones de la UE con el Reino Unido, los Estados miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio, como Noruega y Suiza, y los países candidatos, desde Ucrania hasta Montenegro.
Pero nada está garantizado. Un acuerdo de asociación requiere la unanimidad del Consejo y el consentimiento del Parlamento Europeo, mientras que un acuerdo mixto (que debe ser firmado tanto por la UE como por los Estados miembros) requiere la ratificación nacional, una tarea ardua en Francia y otros países. No obstante, es erróneo pensar que la propuesta de Von der Leyen carece de sustancia. Los tratados vigentes ya ofrecen la base para construir algo nuevo. Europa no necesita convertirse en un Estado federal para promover sus intereses. Puede empezar a recuperar su poder mucho antes mediante alianzas concretas y específicas.
El autor es catedrático de Derecho de la Unión Europea en HEC París y profesor visitante en el Colegio de Europa de Brujas y Natolin, es fundador de The Good Lobby y autor de Lobbying for Change: Find Your Voice to Create a Better Society (Icon Books, 2017).
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