Este lunes 28 de septiembre se conoció públicamente el proyecto de Resolución que se discutirá en la reunión extraordinaria de consulta sobre la situación de Nicaragua, que sostendrán los cancilleres de la OEA el próximo viernes 2 de octubre.
Según la información, el proyecto de Resolución fue preparado por Estados Unidos (EE. UU.), Colombia y Perú. Como es un borrador, seguramente se le harán enmiendas en el curso de la semana, aparte de las modificaciones que los cancilleres le podrán hacer en el debate oficial que tendrá como escenario la sede la OEA, en Washington D.C.
Sin embargo, la lectura del borrador de Resolución permite vislumbrar «por dónde van los tiros», como dice la frase popular en español que se usa para indicar cuáles son las intenciones, los propósitos o la dirección real de un asunto, comentario o situación.
Según el mencionado borrador de Resolución, los cancilleres le plantearán o exigirán al régimen dictatorial de Nicaragua el cumplimiento inmediato de seis demandas fundamentales. Las cuales se refieren principalmente a la libertad de todos los presos y desaparecidos políticos, el restablecimiento de las libertades y derechos de los nicaragüenses, permitir el regreso al país con garantías de todas las personas que han sido desterradas, desnacionalizadas y confiscadas, con devolución de su nacionalidad y los bienes de los que fueron despojados. Etcétera.
Además, ha llamado la atención de los observadores —y LA PRENSA lo ha destacado en su información sobre el borrador del proyecto de Resolución—, que entre las demandas de los cancilleres a la dictadura de Ortega y Murillo se incluye la de “Retirar de Nicaragua al personal, la tecnología, las capacidades y las instalaciones de seguridad extra hemisféricas (léase, de Rusia y China) cuya presencia o actividades amenacen la paz y la seguridad hemisféricas, y dar por terminados los acuerdos de seguridad y defensa relacionados”.
Esta sería la primera vez que en una Resolución de la OEA sobre Nicaragua se incluiría esta demanda de carácter estratégico. Lo cual indica que la organización hemisférica ha entendido que la dictadura sandinista de Ortega y Murillo en Nicaragua no solo ha liquidado los derechos humanos y la institucionalidad democrática, sino que también es una amenaza a la seguridad nacional de los demás países americanos, y a la del hemisferio occidental en general.
Lo más seguro es que, como opinan algunos analistas, los Ortega y Murillo no harán caso a esa demanda. Pero tiene una gran importancia y especial significación que por primera vez la comunidad internacional reconozca la real amenaza de seguridad que representa la dictadura de Nicaragua. Y exija que las instalaciones estratégicas de las potencias extrahemisféricas sean retiradas del territorio nicaragüense.
La verdad es que por los antecedentes se puede asegurar que ninguna de las demandas que planteen los cancilleres de las Américas serán atendidas por los dictadores Ortega y Murillo. Estos (igual que los de Cuba en su caso), en vez de reflexionar con inteligencia y ceder con pragmatismo político en aras de los intereses nacionales y los de ellos mismos, se mantienen aferrados a su intransigencia de no reconocer ni devolver la libertad y los derechos del pueblo nicaragüense.
Pero el borrador de Resolución prevé otros pasos diplomáticos siguientes en el esfuerzo de buscar cómo resolver la crisis política de Nicaragua. Vamos a ver hasta dónde llegan, o se frustran otra vez como ha venido ocurriendo desde la masacre contra el pueblo nicaragüense en el año 2018.
