El Gobierno de Costa Rica, en su intervención en la 81.ª Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que se realiza en Nueva York, Estados Unidos, denunció la situación de violaciones a derechos humanos que sigue perpetrando la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua.
El nuevo representante permanente de Costa Rica en la ONU, el embajador Boris Marchegiani, expresó la profunda preocupación que alberga el gobierno costarricense por la situación en Nicaragua.
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“El deterioro de las libertades fundamentales, la persecución de voces críticas, el cierre de espacios cívicos, persecuciones religiosas y las denuncias de violaciones a derechos humanos, que continúan alejando al país (Nicaragua) de los principios democráticos”, denunció el representante de Costa Rica.
Además, apuntó que como nación vecina que ha acogido a cientos de miles de personas nicaragüenses que han huido de la crisis sociopolítica que enfrenta el país desde 2018, mantienen su “firme compromiso” con los derechos humanos y “el restablecimiento del Estado de derecho” en Nicaragua.
Costa Rica denuncia amenaza a la paz internacional
Costa Rica aprovechó su intervención ante las decenas de naciones que integran la ONU para denunciar las amenazas a la paz internacional en común que tiene el multilateralismo, señalando entre estas la minería ilegal.
El Gobierno de Costa Rica apuntó que conoce esa amenaza de primera mano, porque en su país ya se sufren las consecuencias de la minería ilegal impulsada por organizaciones criminales transnacionales.
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Denunció que en Costa Rica la minería ilegal, sobre todo en zonas fronterizas con Nicaragua, “ha provocado una grave destrucción ambiental y genera riesgos para la salud pública, la economía y la seguridad nacional”.
Minería ilegal en Costa Rica
Las autoridades costarricenses, desde febrero de este año, en reiteradas ocasiones han venido denunciando la minería ilegal que sufren en las zonas fronterizas con Nicaragua, sobre todo por personas a las que identifican como nacionales nicaragüenses, que venden el oro robado a Costa Rica a empresas chinas.
El ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Mario Zamora, en febrero pasado señaló que empresas chinas que operan “del otro lado del río San Juan”, en territorio nicaragüense, compran sacos de sedimento del que extraen oro robado a Costa Rica.
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En el informe “Salvemos Crucitas”, que expuso a inicios de este año el ministro Zamora ante el Parlamento costarricense, se detalló el incremento de más del 200 por ciento de la extracción ilegal de oro en Crucitas, cantón de San Carlos, fronterizo con Nicaragua.
El funcionario costarricense argumentó que la extracción ilegal en esa zona pasó de afectar 900 a más de 3,000 hectáreas, ubicadas en Crucitas y ahora también en el cerro Las Conchuditas.
Costa Rica y Nicaragua, en ese mismo mes, y tras las gestiones del Gobierno costarricense, suscribieron un acuerdo conjunto con el que buscaban mejorar la coordinación policial y los patrullajes conjuntos contra la minería ilegal.
