El reiterado cinismo de lo codictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo hubiera quebrado cualquier instrumento que sirviera para medir la procacidad de ambos cuando declararon públicamente que en Nicaragua no se celebrarían más elecciones, como si el país fuera una finca de su propiedad y les dijeran a los trabajadores que no pueden elegir al jefe.
La siniestra pareja que ha ostentado el poder de forma continua desde 2007, no dejó lugar a duda al anunciar que su voluntad es que no haya alternabilidad en el gobierno, que quienes no sigan fielmente sus dictados serán proscritos, faltándoles solamente declararse dictadores perpetuos o designar un heredero al trono conquistado, decisión a esperar, si tomamos en cuenta que quien fuera su amo y protector, Fidel Castro, impuso en Cuba una dinastía y declaró, pocos meses después de conquistar el poder, que en el país no eran necesarias elecciones, popularizando la consigna: “Elecciones para qué”.
No tengo dudas que Fidel Castro acogió como uno de sus pupilos más dilecto a Daniel Ortega, de ahí mi convicción de que ha sido el educando que mejor ha seguido difundiendo sus enseñanzas. Lo que me motiva proponer a todos los opositores al castrochavismo que deberíamos estudiar más las similitudes y alianzas entre los conductores de esa propuesta autocrática de gobierno y así prepararnos mejor para las constantes eventualidades que puedan recrear, tomando como base que se repiten tanto en sus consignas como en la práctica.
Estos sujetos actúan como si estuvieran siguiendo un manual de gobernanza que ajustan a las necesidades de cada autócrata. Un guion que hasta el presente cuenta con variados admiradores que van desde Luiz Inácio Lula da Silva al matrimonio Kirchner -Fernández y ejecutores como Evo Morales y Rafael Correa, porque sus propuestas no son ideológicas, tampoco políticas, sino fórmulas para la toma y conservación del poder.
Entre estos depredadores hay denominadores comunes, señales, que les distinguen como grupo criminal que asume el poder para judicializar todo lo que sea contrario a sus intereses.
Por norma, son populistas, ganan adeptos gracias a las limosnas que reparten y demagogos porque prometen todo lo que sea apetecible, mientras se identifican con un nacionalismo próximo al chauvinismo que traicionan a favor de quien mejor les compense, siendo el mejor ejemplo el de los venezolanos Diosdado Cabello y los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, que después de ser enemigos confesos de Estados Unidos actúan públicamente como los siervos más fieles de Washington.
Todos estos sujetos procuran destruir la confianza de la población en los notables de la sociedad, instrumentando una campaña contra los valores nacionales más eminentes como la familia, tradiciones, religión y fechas patrias. Simultáneamente, tergiversan la historia, rehaciéndola a sus propuestas, impulsando la división social, el sectarismo y denostando de la política y los políticos.
Seducen a los mediocres, estimulan la envidia y el resentimiento contra quienes han logrado diferenciarse de las mayorías. Convierten el progreso material y las riquezas en un crimen, recurriendo al control de la información más estricto para evitar que se propague la creciente corrupción y el nacimiento y desarrollo de cualquier oposición.
Forjan la convicción de que los bienes solo se alcanzan con la explotación del prójimo, difundiendo la sugestión de que la propiedad en cualquiera de sus formas debe estar manejada por el estado, fraguando una nueva clase compuesta por burócratas que administra los bienes de la clase dirigente, que, en realidad, son los nuevos propietarios, los nuevos ricos.
La represión es una constante. Lo que no está expresamente autorizado, está prohibido. Las cárceles se multiplican y las ejecuciones públicas una advertencia, sin que falten los desaparecidos y el fusilamiento moral de quienes se les oponen.
Además, todos buscan el poder a perpetuidad y de manera absoluta. En lo único que no mienten es en la proclamación que para convertir el país en un edén deben detentar el mando supremo, el control absoluto de las funciones públicas; condición, que implica el usufructo de los bienes y el deterioro de toda capacidad productiva, siendo otros factores normales, una innegable capacidad represiva y una indudable ineptitud en la gestión económica, así como un afán criminal de destruir la clase trabajadora, gestión en la que Ortega-Murillo, al igual que el resto de sus pares, han demostrado ser muy capaces.
El autor es periodista.
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