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El Premio de Derechos Humanos 2026 que la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) entregará en diciembre próximo a la Fundación del Río es un «reconocimiento a las comunidades y pueblos que nos colaboran y confían en nuestro trabajo», sostiene su presidente Amaru Ruiz.
«Nos anima y compromete a continuar con nuestra labor», agrega Ruiz en entrevista con LA PRENSA.
WOLA reconoce la defensa ambiental y territorial de los pueblos indígenas y afrodescendientes que realiza la Fundación del Río, cuya personería jurídica fue despojada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en diciembre de 2018. «Por su incansable defensa del medioambiente y de los derechos indígenas en Nicaragua», indicó WOLA.
Ruiz destaca que Fundación del Río se consideraba inicialmente una organización ambientalista. Sin embargo, después de 2018, tras la cancelación de su personería jurídica y la confiscación de sus bienes, comenzó a involucrarse de manera más directa en la defensa de derechos ambientales y territoriales.
«Antes de 2018, nosotros éramos una organización ambiental, pero a raíz del estallido tuvimos que incorporar la defensa de los derechos ambientales, territoriales y de derechos humanos, obviamente por nuestro caso de violación que nos tocó vivir hemos entendido en esta coyuntura que nuestra organización también es defensora de derechos humanos», afirma.
Fundación del Río presentó su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) después que el régimen cancelara su personería jurídica en diciembre de 2018. El ambientalista sostuvo que en la actualidad continuar visibilizando la situación de Nicaragua siempre será prioridad de la Fundación del Río y «nos alegra también que varias organizaciones se sienten identificadas con el premio».
En Nicaragua «hay un franco deterioro de las condiciones ambientales»
El ambientalista alerta que en Nicaragua existe en la actualidad «un franco deterioro de las condiciones ambientales» que se evidencia en la inactividad del Estado ante eventos del medioambiente. Menciona la falta de declaración de una alerta de emergencia ante el impacto del fenómeno El Niño.
«Eso te demuestra que efectivamente el régimen está de espalda ante las situaciones de vulnerabilidad climática y de toda materia ambiental. Hemos visto un aumento de la deforestación, de la invasión y del modelo extractivo que se impone en los territorios indígenas», indica.
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Ruiz denuncia cómo el régimen orteguista se ha encargado de eliminar garantías que existían en materia de cuido y conservación de la naturaleza, particularmente en áreas protegidas. «Las desmanteló para permitir las actividades mineras extractivas de áreas protegidas, hay una serie de hechos que demuestran que en Nicaragua hay un retroceso en materia ambiental», dijo.
En esa línea, el presidente de la Fundación del Río asevera que la dictadura ha otorgado al menos 69 lotes mineros para la explotación y exploración vinculados a territorios indígenas y afrodescendientes. «25 de estas concesiones son empresas chinas y se ubican dentro de estos territorios. Hemos identificado que algunas de estas se han convertido o están en proceso como intermediaria de la minería artesanal o ilegal», revela.
Otra de las observaciones de Ruiz aborda la puesta en marcha de planteles de las empresas Tutuwaka Mining Company, Xinxin Linze y la Santa Rita Mining, última que ya comercializaba en Nicaragua. «Hemos visto cómo han avanzado estas actividades mineras sin condiciones ambientales, ninguna ha presentado ni siquiera estudios de impacto ambiental, estamos viendo que el método de extracción que utilizan es el de cielo abierto, que es la más perjudicial en términos ambientales y sociales», denuncia.
Describe que bajo esa metodología existen mayores riesgos de contaminación de fuentes hídricas y hay mayor desplazamiento. «Estamos viendo que se está priorizando a las empresas chinas, mientras las condiciones ambientales están en declive respecto a hace un par de años, a eso hay que sumarle que el 25 por ciento del territorio está concesionado y que el régimen proyecta que el 40 por ciento esté sujeto a concesiones mineras», dijo.
Principales denuncias: invasión e inseguridad
Ruiz comparte que las principales denuncias que reciben de las comunidades indígenas y afrodescendientes que monitorean y acompañan están relacionadas con los procesos de invasión e inseguridad que se vive en esos territorios.
«Actualmente están preocupados por dos cosas, el primero por el aumento de los puestos de Policía dentro de los territorios indígenas. En el territorio mayangna Sauni As inauguraron un puesto policial en enero de este año, y los comunitarios ven esto como una estrategia de control territorial que tiene el régimen», afirma.
Agrega que la otra denuncia está vinculada con los procesos extractivos y de invasión. «Los comunitarios están preocupados porque al entregar lotes mineros de los territorios afectan las áreas de cultivo y la permanencia de la población que vive en la zona, hay preocupación de quedarse sin área de cultivo que los dejaría en inseguridad alimentaria», apunta.
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El ambientalista indica que tras el despojo de su personería jurídica y continuar con su labor aun en el exilio, la Fundación del Río ha tenido que desarrollar una estrategia diferente para poder continuar desarrollando acciones dentro de Nicaragua.
«Tenemos que utilizar sistemas de información geográfica que nos permite monitorear sobre todo desde los sistemas satelitales la situación del deterioro ambiental, avance de la minería y proyectos extractivos, todo esto combinado con el esfuerzo de las comunidades y territorios que continúan contribuyendo con el monitoreo a nivel local», sostiene.
Lo anterior lo ha llevado a reorientar su estrategia. «Pasamos de ser una organización local. Nosotros teníamos instalaciones, áreas de conservación y una forma de trabajo que nos movíamos hasta los territorios a acompañar a las comunidades indígenas y afrodescendientes, que ahora lamentablemente no podemos hacer», dijo.
Sobre cómo hace la organización nicaragüense para continuar con su labor, Ruiz refiere que lo hacen gracias a la colaboración de la población local y la utilización de sistemas de información geográfica. «Hemos ido a los espacios internacionales tanto del sistema universal como el interamericano, utilizando algunos mecanismos internacionales como el Fondo Verde del Clima y el Banco Mundial sobre el incumplimiento de estos estándares que tenían establecidos», concluye.
