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En enero, el presidente estadounidense Donald Trump sugirió que su recién creada Junta de Paz podría llegar a reemplazar a las Naciones Unidas. Si bien es fácil descartar esto como la típica bravuconería de Trump, también pone de manifiesto la pérdida de credibilidad de la ONU. El problema radica en que el mundo sigue necesitando con urgencia una institución capaz de reunir a los países para abordar desafíos globales como el cambio climático.
En medio de la escalada de rivalidades geopolíticas, la parálisis del Consejo de Seguridad , los recortes presupuestarios y la creciente disposición de países como Estados Unidos a desvincularse de las instituciones multilaterales, prácticamente todos los mandatos de la ONU se encuentran bajo presión. Quien suceda a António Guterres como secretario general en enero deberá colaborar con los Estados miembros para restablecer la confianza en la capacidad de la ONU para actuar y demostrar que el multilateralismo aún puede funcionar.
La ONU sigue siendo lo más parecido a un foro universal que existe en el mundo. Su legitimidad se basa en la amplitud de sus miembros. Pero la legitimidad no garantiza la credibilidad. Para demostrar que es digna del papel que el mundo necesita que desempeñe, la ONU debe demostrar que los procesos multilaterales pueden ser transparentes, que los compromisos pueden hacerse cumplir y que quienes elaboran las normas pueden rendir cuentas.
Esta prueba de credibilidad comienza con el proceso de elección del próximo secretario general. Si bien los candidatos que aspiran a reemplazar a Guterres han publicado declaraciones de visión detalladas y han respondido preguntas de grupos de la sociedad civil, la decisión sigue siendo en gran medida opaca, dado que los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad ejercen una influencia desproporcionada.
La ironía es sorprendente: la ONU pide al mundo que confíe en las instituciones multilaterales, pero su nombramiento más importante se decide a puerta cerrada. La forma en que se eligen a los líderes afecta su credibilidad una vez en el cargo, por lo que es fundamental que el proceso en sí esté libre de conflictos de intereses.
Lo mismo se aplica a las negociaciones colectivas. Si bien el acuerdo climático de París de 2015 sigue siendo el pacto más amplio que la ONU ha negociado, su estructura, en gran medida no vinculante, ha dejado su implementación a merced de la voluntad de los gobiernos de cumplir sus compromisos.
Una década después, esa buena voluntad no ha sido suficiente para contrarrestar la presión de las industrias que obstaculizan la acción climática. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) aún carece de normas claras y uniformes para identificar y gestionar los conflictos de intereses, y los intereses de la industria de los combustibles fósiles siguen influyendo en las negociaciones climáticas con escaso escrutinio. Un estudio de Transparencia Internacional reveló que más de la mitad de los participantes en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) del año pasado en Belém no revelaron completamente sus afiliaciones institucionales.
Guterres ha aprovechado su mandato para impulsar la acción climática, criticando a la industria de los combustibles fósiles por expandir la producción a pesar de saber que su modelo de negocio era incompatible con la supervivencia humana, y ha pedido un impuesto extraordinario sobre las ganancias del petróleo y el gas. Pero ni siquiera eso es suficiente. Con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente Ante la advertencia de que, al ritmo actual, el umbral de calentamiento global de 1.5 °C se superará en tres años, lo que está en juego es demasiado importante como para no saber quién decide la respuesta mundial y con qué fin.
El próximo secretario general no tendrá autoridad para establecer las normas sobre conflictos de intereses en el proceso de la CMNUCC; dichas normas corresponden a los gobiernos, quienes deberán negociarlas y adoptarlas. Sin embargo, esto no significa que el secretario general carezca de poder. Su plataforma pública e influencia en todo el sistema de la ONU podrían utilizarse para presionar a los gobiernos y a las presidencias de la COP a fin de que adopten estándares de integridad más rigurosos, dejando así claro que la credibilidad de los esfuerzos de la ONU en materia climática depende de la credibilidad de quienes tienen un asiento en la mesa de negociación.
También se requiere acción colectiva para combatir la corrupción de alto nivel, la captura del Estado y las redes globales que ocultan la riqueza ilícita. Las normas internacionales solo son efectivas en la medida en que los gobiernos estén dispuestos a implementarlas y las instituciones que las hagan cumplir. Ambos grupos de actores pueden verse comprometidos por los mismos intereses que supuestamente deben regular.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción sigue siendo uno de los marcos globales más importantes para establecer normas comunes y exigir su cumplimiento a los gobiernos. La próxima fase de su revisión en Viena, que se centrará en la criminalización y la aplicación de la ley, ofrece una oportunidad única para reforzar sus mecanismos de rendición de cuentas. Sin embargo, para que tenga éxito, los gobiernos deben permitir que se examinen sus propios registros.
No se trata de problemas aislados. Ya sea que se trate de los intereses de los combustibles fósiles que comprometen el proceso de la COP, de la falta de aplicación del marco anticorrupción de la ONU o de la parálisis del Consejo de Seguridad por los intereses de las grandes potencias, la pregunta es la misma: ¿Sigue teniendo el multilateralismo alguna fuerza efectiva, o pueden los gobiernos ignorar sus reglas sin consecuencias?
El próximo secretario general no puede responder a esa pregunta por sí solo. Pero sí puede decidir invertir su capital político en hacer de la transparencia una prioridad absoluta, sacar a la luz los conflictos de intereses antes de que se conviertan en escándalos y presionar a los gobiernos para que cumplan sus promesas.
La historia ofrece numerosos precedentes. Desde Dag Hammarskjöld hasta Kofi A. Annan , los secretarios generales han ejercido repetidamente una influencia que va mucho más allá de sus mandatos formales, construyendo credibilidad política y autoridad personal. Si bien los candidatos en esta ronda han hablado de eficiencia, diplomacia preventiva y de restaurar la confianza en la ONU, han dicho mucho menos sobre cómo garantizarían la transparencia y exigirían responsabilidades a los Estados miembros.
Para recuperar la credibilidad, la ONU debe empezar por dentro. Esto implica una mayor transparencia en la toma de decisiones, el uso de los recursos y el cumplimiento de los compromisos. Ante el declive de la confianza en el multilateralismo, la ONU debe regirse por los mismos estándares que exige a los demás.
La autora es directora ejecutiva de Transparencia Internacional.
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