Mientras transcurre la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, su Consejo de Derechos Humanos por medio del GHREN (Grupo de Expertos de la ONU sobre los Derechos Humanos en Nicaragua) ha llamado al mundo a poner atención a la tragedia política de Nicaragua oprimida por la dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“Anatomía de la crueldad” es el impactante título que el GHREN le ha puesto a su informe actualizado sobre Nicaragua, en el que por su impresionante significación pone el énfasis al drama trágico del dirigente político misquito Brooklyn Rivera, quien fue desaparecido por la dictadura y en condición de preso político en custodia del Estado fue prácticamente asesinado en una terrible demostración de crueldad en ejercicio del poder.
“La crueldad es la fuerza de los cobardes”, dice un proverbio árabe que se refiere a la naturaleza de la maldad y el abuso. Significa que “quien actúa con crueldad busca aparentar poder o dominio, pero en realidad oculta debilidad y miedo interior. Se recurre al daño deliberado y a la falta de empatía porque no se cuenta con la valentía, los argumentos o la fuerza moral para resolver los conflictos de manera justa y humana”.
Esa es claramente la situación de Nicaragua, donde la principal característica del ejercicio del poder estatal es la crueldad de los gobernantes, sus agentes u operadores.
“El primer deber de todo gobierno es proteger a su pueblo. Los gobiernos deben asumir sus responsabilidades”, expresó el secretario general de la ONU, António Guterres, al inaugurar este martes 22 de septiembre la Asamblea General de la organización mundial.
Eso precisamente, que el Gobierno de Nicaragua rinda cuentas por sus innumerables crímenes y actos de crueldad contra su propio pueblo, es lo que pide el GHREN con sus informes bien documentados como el que ha presentado esta semana ante las Naciones Unidas.
El GHREN pide a la comunidad internacional investigar a los responsables de los crímenes y actos de crueldad cometidos contra muchos nicaragüenses, mediante la utilización del principio de jurisdicción universal y la aplicación de sanciones coordinadas. “Cada día sin rendición de cuentas refuerza la impunidad”, señala enfáticamente el informe del GHREN.
Estas denuncias enfurecen a los codictadores, que invocan los principios de soberanía y autodeterminación nacional para cubrir de impunidad los crímenes que han cometido y siguen cometiendo contra su propio pueblo, al que más bien tienen la obligación de proteger, como dijo el secretario general de la ONU.
Pero también molestan a algunas personas que no son parte de la dictadura ni de la oposición, pero al parecer por su extrema sensibilidad nacionalista creen y alegan que ningún país extranjero se debe inmiscuir en los problemas nacionales, y que ningún nicaragüense debe pedir a la comunidad internacional su intervención para que los codictadores rindan cuentas al sistema interamericano, y al mundo entero, por las fechorías y crueldades que cometen en el ejercicio del poder que detentan ilegítimamente.
Pero el Estado de Nicaragua es parte de tratados y convenciones de derecho internacional que obligan a los gobernantes a respetar los derechos humanos de los gobernados, a proteger su libertad y velar por sus intereses.
Y a los gobernantes, como los de Nicaragua, que no cumplen con sus obligaciones fundamentales la comunidad internacional tiene que llamarlos a cuentas y aplicarles las sanciones que correspondan. Precisamente eso es lo que se supone que con todo derecho hará la OEA en su reunión extraordinaria de cancilleres acordada para celebrarse el próximo 2 de octubre.
Y ojalá que lo hicieran, por el bien del pueblo nicaragüense que está inerme e indefenso a merced de la dictadura.
