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Nicaragua lleva una década sin saber cuántas familias viven en pobreza o le han ganado la batalla a ese flagelo. El régimen de Daniel Ortega mantiene un «apagón» sobre esa cifra desde el 2017 cuando el Banco Central (BCN), con el apoyo del Banco Mundial, presentó la última Encuesta de Medición de Nivel de Vida 2016, donde se indicaba que solo el 24.9 por ciento de la población era azotada por la miseria.
La cifra de 2016 reflejaba un logro respecto al 2014. La pobreza había retrocedido para ese entonces 4.7 puntos porcentuales, esto basado en el consumo de alimentos por persona, necesario para satisfacer las necesidades mínimas calóricas diarias, estimadas en 2,288 calorías promedio.
«Las encuestas sirven para conocer los niveles de pobreza, pero también se han aprovechado para conocer otras condiciones de los hogares y diseñar políticas para reducir la pobreza e implementar otros proyectos sociales basados en los hallazgos y donde más deficiencias se encuentran. Énfasis en lidiar con problemas de desnutrición en otras épocas se asoció a esos hallazgos (de las encuestas), y decisiones sobre inversiones con el apoyo de organismos multilaterales y cooperantes», explica un exfuncionario de gobierno que pide no ser citado por temor a represalias.
La medición en Nicaragua se hacía cada cinco años o incluso en menor tiempo. Después de los resultados de 1998, cuando el 47.9 por ciento vivía bajo la línea de la pobreza, en el 2001 se volvió a medir la profundidad del flagelo, es decir tres años después.
En el 2005, aún cuando Daniel Ortega no había llegado al poder, bajo gobiernos democráticos, se regresó a los hogares a medirla, entonces se conoció que esta había aumentado a 48.3 por ciento respecto al resultado anterior que fue de 45.8 por ciento en 2001.
Y aunque la dictadura gobierna desde hace 19 años Nicaragua, en ese periodo solo en tres ocasiones se ha atrevido a poner el dedo en el flagelo, pese a que se autoproclama como el presidente de los pobres. «Lo que pasa es que a Ortega le importa muy poco cuántos nicaragüenses viven en esa condición, no tiene interés de saber ese dato porque no le interesa saber la realidad de la población», dice tajante un economista, que pide no ser citado por temor a represalias.
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De hecho, Ortega esperó hasta 2009 para saber el avance en la lucha contra la pobreza. En ese año, se conoció que el flagelo había caído a 42.5 por ciento desde el 2005, dos años de los cuales correspondió bajo su administración tras regresar al poder en el 2007.
Luego volvió a poner el termómetro por penúltima vez en 2014, es decir cinco años después, donde se reveló que la pobreza había experimentado un retroceso histórico de las últimas décadas: 12.9 puntos. Había pasado de 42.5 por ciento a 29.6 por ciento en el periodo.
Tal había sido el supuesto logro que la dictadura no tardó en regresar a las calles a medir el flagelo, pero en esta ocasión lo hizo por última vez. En 2017, la encuesta reveló que en el caso de la pobreza extrema había caído a 6.9 por ciento desde 1998, cuando la tasa era de 17.3 por ciento.
La última encuesta revelaba además que los nicaragüenses que estaban en el quintil más alto (los que están en mejor posición económica), tenían un consumo promedio anual per cápita de 66,348.40 córdobas, de los cuales solo el 32.50 por ciento lo destinaban para alimentos frente al 54.45 por ciento que orientaban los que estaban el quintil más bajo, donde tenían un consumo equivalente a 12,246.06 córdobas.
En promedio, el consumo nacional en ese año fue de 32,356 córdobas, de los cuales el 70 por ciento se destinaba a alimentos (41.46 por ciento), vivienda (19.53 por ciento) y gasto en servicios de la casa (10. por ciento). Apenas 4.30 por ciento de ese consumo era para salud y 5.10 por ciento para educación, el resto se distribuía en otros gastos.
En ese momento se reveló que también la desigualdad, es decir la brecha entre los pobres y los ricos, había mostrado signos de mejoría. El índice de Gini pasó de 0.38 a 0.33, alejándose del 1, que es el mayor nivel de profundidad de la brecha que separa a las clases sociales.
Y aunque en el 2017, la dictadura evitó decir los factores que habían incidido en la merma del flagelo, lo cierto es que en el 2014, se atribuyó a las remesas como un elemento clave en el movimiento a la baja de la pobreza en Nicaragua, pese a que para ese entonces estas apenas ascendían a 1,135.8 millones de dólares, lejos del «boom» que se vivió desde el 2022, cuando miles de nicaragüenses huyeron del país, ocasionando que los envíos se dispararan a más de 5,000 millones de dólares anuales.
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En el 2024, que fue el último dato oficial publicado por el Banco Central, las remesas ascendieron a 5,243.1 millones de dólares, con una población nicaragüense mermada por el éxodo migratorio hacia Estados Unidos, lo que suele favorecer a las métricas de consumo, que es la fórmula que usa el Gobierno para medir la pobreza.
No les importa los pobres
En ese contexto, ¿por qué entonces Ortega ha optado por no medir este flagelo en Nicaragua si las condiciones propiciadas por las remesas apuntan a obtener mejores resultados que en años anteriores? ¿Por qué la ida de los cooperantes ha sido un factor detrás del apagón?
Juan Sebastián Chamorro, economista y desterrado político de la dictadura, explica que el no conocerse el avance en la lucha contra la pobreza forma parte del apagón de información económica que el régimen ha impuesto. «Eso es gravísimo porque hace ver a un país que está volando sin instrumento, no podés diseñar una política de reducción de la pobreza realísticamente sin saber cuál es tu mapa de pobreza, cuál es la incidencia de los programas que tenés, entonces es un menosprecio total a la política pública porque lo que prevalece es básicamente el interés político. Es una rareza en el continente, porque los mismos gobiernos son los interesados en cuál es la evolución de sus proyectos (de reducción de pobreza) para mejorarlos, para modificarlos, para ampliarlos, pero como (a los Ortega) no les interesa la disminución de la pobreza, no la miden si la están reduciendo o no», explica.
En esa misma línea una fuente empresarial refuerza lo planteado por Chamorro. «Esto es parte de la política de ocultamiento y manipulación de cifras que vienen haciendo desde hace años, pero que han venido incrementando de manera creciente. Lo que no muestra buenos resultados, o dicho de otra forma refleja su incapacidad para alcanzar algo, lo ocultan. Y aquello que sí pueden manipular para querer vender buenos resultados lo muestran».
Y añade: «El tema de la pobreza le ha costado en el pasado a actores independientes que al mostrar la realidad del país en relación a que la pobreza sigue aumentando significó el cierre o la expulsión para estos. Es parte de un esquema de narrativa en donde la propaganda oficial al mejor estilo nazi pretende vender a través de la misma una realidad que no existe».
«Los mismos informes adornados de la Misión del Fondo Monetario en un lenguaje complaciente refleja este problema de falta de estadística o estadísticas poco creíbles», recuerda. Para la fuente, el hecho de que ya no cuenten con el apoyo técnico del Banco Mundial no es un factor determinante que impida medir la incidencia de la pobreza.
«Al contrario, saben que los resultados que pueden mostrar son negativos y afectarían su estrategia de propaganda especialmente para sus creyentes», afirma la fuente empresarial, admitiendo, no obstante, «que todo el desmantelamiento que han hecho del Estado de derecho y la democracia les ha cerrado las puertas a este tipo de programas así es que aunque quisieran hacerlo, que no es el caso, tienen ese tipo de puertas cerradas con los organismos financieros occidentales. Y en el caso de los países con los que tienen relación son dictaduras similares que buscan igualmente cómo ocultar o manipular sus estadísticas».
De hecho, el funcionario de gobierno cree que la dictadura perdió interés de medir la incidencia de pobreza a raíz de que los donantes y los préstamos de las multilaterales se han ido del país por el deterioro de la democracia y el ataque frontal de la dictadura con los cooperantes.
«Estos programas y proyectos de inversión social que se implementaban amparados por los resultados de las encuestas ya es algo que no parece estarse haciendo porque se han retirado en buena medida los organismos de cooperación y los préstamos multilaterales de otros tiempos. En la medida que los recursos externos ahora no están atados a esos apoyos de la cooperación, las encuestas pierden funcionalidad y la focalizacion que en otros momentos produjo buenos resultados a lo largo de las distintas administraciones, probablemte se ha perdido por lo pronto», explica.
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«Hoy los recursos externos están más enfocados en infraestructura como hospitales, viviendas, agua y alcantarillado, cobertura de energía y carreteras o puertos. Si esos proyectos tienen mayor o menor impacto en reducir la pobreza sería bueno saberlo. Pero por lo pronto, no estaría claro mientras no se mida y se compare haciendo análisis adecuados», agregó.
En el caso de las remesas, indica la misma fuente que estos envíos «probablemente, no obstante, han incidido en un salto en el consumo que puede que esté teniendo un impacto positivo en la reducción de pobreza. Pero proviene de un modelo forzado por la crisis política en la que el país se metió, que no creo que goce del apoyo de las mayorías, ni está claro lo sostenible que sea a largo plazo».
Chamorro admite que las remesas están inclusive «sustituyendo la función de la política social» gubernamental, al estarse usando para cubrir gastos como salud y educación, así como la asistencia a personas de la tercera edad que no gozan de una pensión, pero que nada de esto se está midiendo. «Nada de esto se sabe porque no se levantan encuestas por el control absoluto y férreo que quieren tener de la información. Tampoco hay información sobre la desigualdad», expresa.
Lo extraño, dice Chamorro, es que inclusive en estadísticas sociales donde podrían estar obteniendo resultados positivos, como la mortalidad infantil y materna, quieren sacar del apagón informativo. «Entonces el tema de la medición de la pobreza no es problema aislado, es un menosprecio que hay de medir cosas. El Inide (Instituto Nacional de Información de Desarrollo) muestra estadística muy básica… hay un menosprecio total de los indicadores» sociales.
