Concretar una consulta nacional es un proceso largo, complejo y costoso. Durante meses se organizan debates en los que panelistas, juristas, organizaciones sociales y representantes políticos defienden posiciones contrapuestas. Unos respaldan la propuesta. Otros la rechazan. La ciudadanía escucha, compara y decide. Eso ocurre, con todas sus limitaciones, en un país medianamente democrático como El Salvador. Puede haber desigualdad entre los participantes, presiones gubernamentales y ventajas para el oficialismo, pero todavía se reconoce que una consulta requiere, al menos, dos opiniones diferentes.
En Nicaragua el asunto es más sencillo. La consulta se realiza entre la familia gobernante y sus operadores políticos más fieles, útiles y allegados. Los padres promueven la reforma. Los hijos la respaldan. Los funcionarios la celebran. Los medios familiares la anuncian como voluntad nacional. Finalmente, la Asamblea controlada por la misma familia certifica que el pueblo fue escuchado. Todo queda en casa.
Los hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo aparecieron respaldando una reforma que amplía y renueva el poder de sus padres. Varios de ellos dirigen medios, instituciones, programas estatales o áreas estratégicas del Gobierno. Su participación no demuestra pluralismo. Demuestra que la familia tuvo oportunidad de conversar extensamente consigo misma. La escena recuerda una reunión doméstica en la que el padre pregunta quién está de acuerdo con que él continúe administrando el patrimonio familiar. La madre levanta la mano. Los hijos también. El empleado que sirve el café observa prudentemente y termina aprobando por unanimidad. Después se publica que toda la nación ha decidido.
La comparación con Chile resulta incómoda. Augusto Pinochet encabezó una dictadura responsable de persecuciones, torturas, asesinatos y exilios. Sin embargo, el plebiscito del 5 de octubre de 1988 contenía un elemento que la consulta nicaragüense no admite: la posibilidad real de que el dictador perdiera. Los chilenos votaron para decidir si Pinochet continuaría durante otros ocho años. Existieron dos opciones reconocibles. La oposición pudo hacer campaña. Los votos fueron contados y el rechazo a la continuidad obtuvo la mayoría. Pinochet no abandonó inmediatamente todos sus espacios de poder. Permaneció hasta marzo de 1990 en la Presidencia y después continuó como jefe del Ejército. Pero aceptó el resultado, se celebraron elecciones competitivas en 1989 y comenzó la transición hacia un gobierno civil. Nada de eso limpia los crímenes de su régimen.
La comparación sirve para mostrar hasta dónde ha descendido Nicaragua. Incluso la consulta organizada por una dictadura militar terminó abriendo una puerta para que el dictador saliera. La consulta de Ortega y Murillo está diseñada para que esa puerta no exista. Nadie pregunta a los nicaragüenses si desean que la pareja continúe gobernando. Nadie ofrece una alternativa equivalente. Nadie publica intervenciones críticas. Nadie explica cuántos participantes rechazaron la reforma. Todos los informes oficiales terminan con respaldo firme, total, pleno, histórico, contundente o unánime. La consulta ya trae incorporada la respuesta. El Gobierno reunió a empleados públicos, autoridades municipales, universidades, sindicatos oficialistas, trabajadores, artistas y funcionarios. Después contabilizó decenas de miles de participantes conectados colectivamente desde instituciones dependientes del propio Estado. No se sabe cuántos pudieron votar en contra, porque no parece haber existido una votación secreta.
Tampoco se conoce una sola consecuencia producida por una objeción ciudadana. El artículo 12, destinado a invalidar internamente legislaciones extranjeras, fue incorporado cuando gran parte de las consultas ya había ocurrido. Así se alcanzó una innovación “democrática” extraordinaria: ciudadanos que respaldaron una disposición antes de conocerla. Chile preguntó si Pinochet debía continuar y aceptó una respuesta negativa. Nicaragua reúne a la familia gobernante, sus subordinados y sus beneficiarios para confirmar que la familia gobernante debe permanecer. Por eso cualquiera de los hijos puede afirmar con absoluta tranquilidad que fue consultado. Lo fue. El problema es que una consulta familiar no se convierte en consulta nacional simplemente porque la factura la pague el Estado.
El autor es intelectual nicaragüense exiliado en España.
