Este miércoles 26 de agosto, en su perorata cotidiana a través de los medios oficialistas, la codictadora Rosario Murilllo aseguró que el Ejército y las fuerzas policiales son la garantía de permanencia de la dictadura.
En los días anteriores, las jefaturas militares y policiales, al participar en la farsa de consultas sobre las nuevas reformas constitucionales totalitarias que serán dictadas en septiembre próximo, además de respaldar dichas reformas reiteraron su lealtad a la dictadura y su obediencia a los codictadores.
La dictadura, en cualquiera de sus formas, es un régimen político que no se apoya en el consenso social —que se manifiesta mediante el voto libre, informado y consciente de los ciudadanos— sino en la fuerza de las armas y la represión policial y militar.
Es por eso que cuando por la razón que sea la fuerza militar le quita el respaldo a la dictadura, esta se derrumba y arrastra consigo a todos sus demás apoyos. La historia abunda en experiencias que así lo han demostrado.
Recordemos, para solo mencionar dos casos, que en Portugal la dictadura fascista de Oliveira Salazar de más de cuarenta años, se desplomó cuando el Ejército dejó de apoyarla y se unió al pueblo que luchaba cívicamente en las calles por la libertad y la democracia. Y en Rumania la cruel dictadura comunista de Nicolae Ceacescu se derrumbó en la Navidad de 1989, cuando el Ejército le dio la espalda y apoyó la lucha cívica del pueblo rumano. Y Ceacescu y su despótica y odiosa mujer, Elena, fueron fusilados por los mismos militares que les habían jurado eterna fidelidad.
En Nicaragua ocurrió una experiencia de sentido opuesto, pero igualmente aleccionadora al demostrar que el poder militar es un factor determinante para la continuación de la dictadura, o su derrocamiento. Esa experiencia dolorosa fue la rebelión ciudadana de abril de 2018, que hubiera puesto fin a la dictadura de Ortega y Murillo si el Ejército le hubiera quitado su apoyo como se lo pedía la gente.
Ahora, los líderes opositores nicaragüenses y los analistas políticos más perspicaces parecen entender la importancia del factor militar, para el cambio democrático en Nicaragua. De manera que no arremeten ciegamente contra el Ejército, aunque este permanezca fiel a la dictadura y la sostenga, hasta ahora, en el poder.
En tal sentido, el dirigente político nicaragüense en el exilio, Juan Sebastián Chamorro, dijo en declaraciones al periodista Fabián Medina para el medio internacional Infobae que “los militares que no han estado involucrados en la comisión de delitos, de violaciones de derechos humanos, comisión de delitos de lesa humanidad, pueden jugar un factor importante. Igual las fuerzas policiales”. Y aseguró que “el Ejército puede ser un factor de estabilidad”.
Por su lado, los analistas políticos, Luis Rivas y Manuel Orozco, advierten en un artículo que se publica este jueves en LA PRENSA, titulado “Los peligros de una sucesión planificada”, que “aunque el ejército y la policía muestran públicamente lealtad (a la codictadora Rosario Murillo), se sabe que numerosos altos mandos albergan reservas en privado sobre su liderazgo”. Y añaden que “es altamente probable que el futuro de Nicaragua… se decidirá cuando quienes controlan el aparato coercitivo del Estado determinen si la continuidad (del régimen, con Rosario Murillo) representa estabilidad o caos”.
Tampoco debe ser por casualidad que los 12 partidos y movimientos políticos de centroderecha que han elaborado un amplio plan para la “Transición Ordenada desde la Dictadura hacia la Democracia”, son muy cuidadosos en su planteamiento sobre el Ejercito. Se limitan a mencionar como tarea a cumplir en la transición la “Depuración y reestructuración del Ejército de Nicaragua, nombrando una nueva Jefatura Militar”. Así como la “Depuración y reestructuración de la Policía Nacional, nombrando una nueva Jefatura Policial”.
Tienen razón en ser prudentes. Aunque no se pueda asegurar, las Fuerzas Armadas podrían ser determinantes para que en Nicaragua se abra el camino a la transición democrática lo más pronto posible.
Con toda la experiencia política acumulada, y las lecciones aprendidas sobre las transiciones, no hay razón para precipitarse en el manejo de un tema tan delicado como este.