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Hay una fábula vieja que don Juan Manuel puso por escrito en El Conde Lucanor hace casi setecientos años. Un hombre va al mercado con su hijo y un burro. Van los dos a pie y alguien se ríe: qué par de tontos, teniendo bestia. Se monta el padre y lo llaman desalmado. Se monta el hijo y lo llaman malcriado. Se montan los dos y les gritan que van a reventar al pobre animal. Al final el padre le pregunta al hijo qué les queda, si no cargar ellos mismos con el burro. El consejo con que don Juan Manuel cierra el cuento no ha envejecido: mientras uno no esté haciendo nada malo, haga lo que tenga que hacer y no se detenga por lo que diga la gente.
Eso ha sido, más o menos, publicar una propuesta de transición en Nicaragua.
Desde que una docena de organizaciones de la oposición en el exilio dio a conocer “Nicaragua: Transición Ordenada desde la Dictadura hacia la Democracia”, hemos escuchado de todo. Que proponer es fácil. Que no hay consenso. Que no es el momento. Que el documento tiene un gran vacío porque no dice cómo se va a poner fin a la dictadura. Y encima la pregunta que nadie se cansa de repetir: ¿Quién le pone el cascabel al gato?
Vamos por partes.
No fue fácil. Detrás de esa propuesta hay dos meses y medio de discusión entre organizaciones que durante años no se dirigían la palabra, negociando artículo por artículo desde el exilio, sin recursos y sin un Estado detrás. El que alguna vez haya intentado redactar un documento con doce firmas sabe de qué hablo. Y lo del consenso se cae solo: nadie lo construye alrededor de una hoja en blanco. Se arma sobre un borrador que otro pueda corregir, y para eso se publicó un documento que se declara abierto y no reparte cuotas entre partidos.
Queda lo del momento. Albert Hirschman dedicó un libro entero a catalogar los argumentos con que se ha frenado toda reforma desde 1789, y casi todos se parecen a este: todavía no, es prematuro, va a salir peor. ¿Cuándo fue el momento? ¿En abril de 2018? ¿En las elecciones de 2021? ¿Cuándo desterraron a doscientos veintidós presos políticos?
Mientras nosotros discutimos si es la hora, el régimen no discute nada. El 19 de julio Ortega dijo que no habrá elecciones que le permitan a la oposición llegar al poder. En septiembre la Asamblea Nacional vota una reforma que estira a siete años unos seis mil setecientos cargos y faculta al Consejo Supremo Electoral para cancelar a los partidos que le estorben.
Si eso no es el momento, no sé qué estamos esperando. ¿Que nos manden a llamar?
Sobre el supuesto vacío hay un error de categoría. Un plan de transición y un plan para sacar del poder a un régimen son dos papeles distintos, y el segundo no se publica nunca. Guerra avisada no mata soldado. ¿Contó María Corina Machado cómo salió clandestina de Venezuela? ¿Publicó Washington el plan de la operación del 3 de enero que terminó con Maduro fuera de Miraflores? Exigir que se diga es pedirle a la oposición que le mande copia al adversario.
Hay además un segundo cómo, y ese sí está en el documento. O’Donnell y Schmitter dejaron escrito hace cuarenta años que ninguna transición empieza sin una división dentro del propio régimen. La propuesta no puede fabricar esa división, pero puede volverla más probable, y para eso traza una línea. No pasa entre sandinistas y opositores: pasa entre quienes tienen crímenes encima y quienes no. Los empleados públicos no acusados de delitos conservan empleo y salario, y las remociones se concentran en los cargos de dirección. Pueden participar quienes tuvieron funciones en el antiguo régimen, pero quedan afuera los acusados de delitos comunes y los vinculados a violaciones de derechos humanos. Al lado va el capítulo de justicia: Comisión de la Verdad, desclasificación de los archivos de la represión y una Ley contra la Impunidad y Amnistías, destinada a impedir que se repita la autoamnistía de 2019. Nada de eso es indulgencia.
Las élites autoritarias aceptan salir cuando calculan que perder el poder no significa perderlo todo, y eso Przeworski lo explicó hace más de treinta años. Ese es el cascabel. No suena para espantar al gato: le enseña la puerta al que ya quiere salir.
A quienes hacen periodismo independiente les debo una aclaración aparte. Sé lo que cuesta sostener un medio nicaragüense desde el exilio, y escrutar a la oposición es exactamente su oficio. Solo pido que se note la asimetría. Al régimen no se lo puede entrevistar, no responde, no rectifica. Nosotros sí. De modo que toda la exigencia disponible cae sobre el único lado que contesta, y el resultado, sin que nadie lo busque, es que el que propone termina peor parado que el que reprime.
Y llego a lo que más me importa decir.
Se ha instalado la idea de que esta propuesta es cosa de la derecha, y que la izquierda democrática debería esperar, o traer la suya, o desconfiar. Antes de aceptar ese diagnóstico, reviso qué hay en el documento que pueda ofender a un demócrata de izquierda. No reparte cuotas. No contiene un programa económico ni una doctrina. No le cierra la puerta a quienes sirvieron en el antiguo régimen, siempre que no carguen delitos. Su exigencia central es que haya elecciones libres bajo una Constitución nueva. No encuentro ahí una sola línea que un socialdemócrata, un socialista o un sandinista crítico no pueda firmar.
Si el documento no los excluye, la ausencia no es exclusión: es decisión. Y entonces la incomodidad hay que buscarla en otra parte, porque no está en el texto. Está en dos cosas que nadie pone por escrito.
La primera es de autoría. No lo escribieron ellos. La objeción, entonces, no es al contenido sino al remitente, y esa es una objeción que no se puede sostener en público sin quedar mal, de modo que sale disfrazada de método: que si el momento, que si el consenso, que si el vacío. Un documento no se juzga por quién lo firmó. Se juzga por lo que dice, y hasta hoy no he leído una sola objeción a un artículo concreto.
La segunda pesa mucho más, y casi nadie se atreve a decirla. Lo que verdaderamente incomoda es que quien hoy mueve la aguja contra la dictadura no es un movimiento continental de izquierda, ni un organismo multilateral, sino la administración de Estados Unidos con la doctrina que los periódicos bautizaron como Donroe. Para una tradición política que se formó en los años ochenta resistiendo una guerra financiada desde Washington, eso no es un detalle de coyuntura: es una herida. La entiendo y no me burlo de ella. Pero una herida no es un argumento. Las dictaduras no esperan a que sus adversarios estén ideológicamente cómodos, y pocas transiciones se han hecho con los aliados que uno hubiera preferido.
Conviene además decir en voz alta lo que se murmura en voz baja, que hay quien todavía espera un sandinismo sin Ortega, una reforma desde adentro, un ala que se salve. No la hay. El Frente Sandinista ratificó como institución cada reforma constitucional, cada cancelación de personería y cada destierro. Tampoco sería la primera vez que desplaza a sus propios aliados: en la Junta de 1979 estuvieron doña Violeta Barrios y Alfonso Robelo, y ambos renunciaron en abril de 1980 al darse cuenta de que no mandaban. Los que después quisieron salvarlo desde adentro terminaron muertos, presos o sin pasaporte, y en Nicaragua nadie necesita que le den los nombres. Seguir esperando esa reforma ya no es una posición política: es un duelo. Y el duelo es respetable, pero no organiza una transición.
¿Quién le pone entonces el cascabel al gato? Nosotros, primero, mandando enmiendas en lugar de reproches. Después los gobiernos del hemisferio: el 19 de agosto el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos discutió convocar una reunión de cancilleres, con Argentina, Panamá, Paraguay y Uruguay empujando. Ya sé que van sesenta y cuatro sesiones sobre Nicaragua y aquí seguimos, pero esa presión se mueve porque hay un papel sobre la mesa, y no al revés. Y la administración Trump. Su método se puede discutir, y hay quien lo discute con razones. Lo que no se sostiene es que el hemisferio sea el de 2021.
Lo que falta no es el cascabel. Lo que falta es dejar de discutir quién lo escribió.
El autor es miembro de CXL Exilio.
