Los peligros de una sucesión planificada

Sin embargo, las crecientes ausencias de Ortega y las persistentes dudas en torno a su salud han alimentado las especulaciones sobre el rumbo que podría tomar Nicaragua en caso de su muerte repentina.

En medio de estos acontecimientos, Murillo aspira a que su sucesión en el poder sea automática y legal, y ha recurrido a una serie de reformas constitucionales para asegurar ese objetivo. Sin embargo, en sistemas altamente personalistas como el de Ortega, la sucesión no está necesariamente determinada por el diseño constitucional.

Es posible que, sin Ortega, los actores del régimen —preocupados por el carácter despiadado de Murillo— reevalúen su capacidad para preservar la cohesión y estabilidad del sistema. La historia ofrece lecciones importantes al respecto.

Un paralelo revelador, aunque imperfecto, es la China de 1976. Tras la muerte de Mao Zedong, su viuda, Jiang Qing, quien había iniciado su trayectoria en el ámbito de las artes, se había convertido en una de las figuras más poderosas del país. Ejercía una influencia significativa, posicionándose como la voz del líder supremo y su potencial sucesora. Sin embargo, su autoridad dependía en gran medida de su cercanía con el Gran Timonel.

Jiang Qing contaba con el respaldo de la facción radical del partido, que controlaba el aparato de propaganda y elementos del engranaje ideológico. No obstante, para muchos dentro del ejército y del partido gobernante, ella representaba la perspectiva de un radicalismo acentuado, inestabilidad y riesgo en un momento en que la preservación del sistema era una necesidad urgente.

La respuesta fue fulminante. Una coalición de actores militares y partidarios actuó para detener a Jiang Qing y acusarla de conspiración contrarrevolucionaria. La operación fue rápida, coordinada e incruenta. Fue una corrección interna diseñada para preservar el sistema, eliminando a quien los actores clave del régimen habían llegado a considerar una amenaza.

La trayectoria de Murillo presenta similitudes y riesgos importantes. Ella también inició su carrera en las artes y se integró al movimiento revolucionario. A mediados de la década de 1970 fue detenida brevemente por sus actividades políticas y partió al exilio. Durante ese período se convirtió en la compañera de Ortega, con quien se casaría más adelante. Tras el derrocamiento del régimen de Somoza en 1979, regresó a Nicaragua como pareja de una de las principales figuras de la Revolución Sandinista.

Al igual que Jiang Qing, Murillo operó inicialmente a través de canales culturales. Pero su verdadero ascenso político tuvo lugar tras el retorno de Ortega al poder en 2007. Se convirtió en su principal vocera, en una operadora clave dentro de la maquinaria política del partido y, posteriormente, en vicepresidenta. Más recientemente, con el respaldo de Ortega, elevó a rango constitucional su cargo como copresidenta, reforzando la percepción de una sucesión ordenada y de continuidad institucional.

Sin embargo, su autoridad sigue derivando fundamentalmente de Ortega. Su capital político propio es sumamente limitado.

Dado que el poder dentro del sistema depende menos de los marcos constitucionales formales y más del alineamiento de quienes controlan los instrumentos de coerción, la autoridad histórica de Ortega, su mando sobre el partido y la subordinación efectiva del ejército le han garantizado ese respaldo tanto a su persona como a los cuadros del régimen.

Murillo carece de estos atributos, y lo sabe. Para protegerse de esta vulnerabilidad, ha construido su propia esfera de poder, ha eliminado a la oposición política y ha purgado de manera sistemática y casi total al antiguo círculo cercano de Ortega.

Pero esto no ha sido suficiente. La reciente eliminación de las elecciones forma parte de su manual de sucesión.

Por lo tanto, es plausible que, ante la ausencia de Ortega, Nicaragua no siga necesariamente un guion constitucional. En su lugar, el régimen podría entrar en un período de reajuste y recomposición interna.

Este escenario podría materializarse bajo ciertas condiciones. La primera es que los actores clave del círculo interno perciban a Murillo no como una sucesora capaz de garantizar estabilidad, sino como un factor multiplicador de riesgo. Existen razones para pensar que así ocurre. Dentro de su propio círculo de poder se reconoce que, sin Ortega, ella tendría que intensificar la represión para mantenerse en el poder, provocando mayores fracturas internas y un mayor aislamiento internacional. Además, muchos dentro del círculo son conscientes de su profunda impopularidad y de que sus propios allegados no están preparados ni convencidos de seguir sus pasos.

Al mismo tiempo, los elementos coercitivos del régimen —a saber, el Ejército y la Policía— tendrían que alinearse a favor de contenerla. En China, el arresto de Jiang Qing fue posible porque figuras clave actuaron de manera concertada. En Nicaragua, un giro de magnitud equiparable dependería de la coordinación de un grupo igualmente decisivo. Aunque el Ejército y la Policía muestran públicamente lealtad a Murillo, se sabe que numerosos altos mandos albergan reservas en privado sobre su liderazgo.

Lo más importante es que debe existir una alternativa viable en torno a la cual articular esa coordinación. China contaba con Hua Guofeng, el sucesor designado por Mao Zedong, un individuo de limitado liderazgo personal e histórico, pero políticamente útil en un momento de extrema incertidumbre. En Nicaragua, aunque Murillo ha encarcelado a muchas figuras de peso equivalente —permitiendo que algunas murieran bajo custodia o forzándolas al exilio—, aún permanecen otros actores que podrían servir como mecanismo de articulación.

En este contexto, la comunidad internacional puede incidir en los incentivos de los actores del régimen. En primer lugar, al igual que con Cuba, Estados Unidos debería intensificar las acciones dirigidas no solo contra los responsables directos de la represión, sino también contra actores ajenos al régimen que facilitan la evasión de sanciones y contribuyen a sostener su estructura de poder. Esto garantizaría que los costos de respaldar al sistema no se distribuyan de manera uniforme, obligando a sus distintos actores a tomar decisiones más difíciles a medida que evalúan sus propios intereses y los riesgos de mantener su alineamiento.

En segundo lugar, más allá de emitir meros comunicados de repudio y condena, se requieren acciones hemisféricas concertadas que alteren significativamente el cálculo de costo-beneficio del régimen. Los gobiernos democráticos deberían considerar restricciones comerciales coordinadas; la adopción de sanciones similares a las vigentes en Canadá, la Unión Europea y Estados Unidos; medidas financieras dirigidas a instituciones estatales clave y empresas públicas que sostienen al régimen; así como un mayor uso de mecanismos de responsabilidad legal, incluidas investigaciones penales y acusaciones bajo jurisdicción universal. Estas medidas elevarían la presión y podrían convencer a los cuadros del régimen de que continuar respaldando el actual plan de sucesión conlleva mayores riesgos políticos, económicos y jurídicos que apoyar una transición ordenada.

Por último, deben articularse salidas creíbles. Los actores del régimen deben percibir de manera creíble que, si se evita una escalada y se alcanza una transición política controlada sin Murillo, la presión externa podría reducirse significativamente —e incluso revertirse— a medida que se produzcan avances verificables hacia una transición democrática.

Bajo este marco, es altamente probable que el futuro de Nicaragua no quede determinado únicamente por los preceptos constitucionales. Se decidirá cuando quienes controlan el aparato coercitivo del Estado determinen si la continuidad representa estabilidad o caos. La China de 1976 demostró la rapidez con la que pueden cambiar este tipo de cálculos.

En Nicaragua, el desenlace no dependerá de títulos formales ni de marcos jurídicos. Dependerá de si quienes están más cerca del poder concluyen que su propia supervivencia exige seguir el guion escrito o redactar uno nuevo. El compromiso internacional puede contribuir a orientar la escritura de un nuevo capítulo para la democracia en Nicaragua.

Los autores: Luis A. Rivas es consultor, miembro del Consejo Asesor del Programa para America Latina del Centro Stimson, economista y banquero: Manuel Orozco es director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Dialogo Inter-Americano y Fellow del Centro de Desarrollo Internacional de Harvard. Este artículo fue originalmente publicado en “The Dialogue”.