El representante permanente de México en la OEA, embajador Alejandro Encina, ha publicado en el periódico mexicano El Universal un artículo de opinión para explicar por qué se abstuvo en la votación del 16 de agosto en el Consejo Permanente. Como es sabido, ese día los representantes de 29 países miembros de la OEA aprobaron la convocatoria a una reunión extraordinaria de cancilleres de las Américas para examinar colectivamente la agravada crisis política de Nicaragua. Pero Brasil votó en contra y México se abstuvo, que para cualquier efecto político significó votar también en contra.
Antes que el embajador Encina publicara su artículo de opinión, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, justificó la abstención mexicana al hablar en la conferencia de prensa “Mañaneras”, del jueves 20 de agosto. «Tiene que ver con los principios constitucionales de México. Es un asunto de autodeterminación de los pueblos y está establecido claramente en la Constitución”, aseguró la primera mandataria mexicana.
Por supuesto que el embajador mexicano ante la OEA ratifica en su artículo de opinión lo dicho por la presidenta Sheinbaum. Pero, además, argumenta que en reuniones anteriores de la OEA México ha criticado a la dictadura de Nicaragua. Y dice que sobre la declaración de Daniel Ortega el 19 de julio pasado, de que en este país nunca más habrá elecciones para que la oposición pudiera tomar el poder, asegura que México fijó su posición de que “la celebración de elecciones periódicas y auténticas constituye una obligación jurídica de los Estados derivada del Derecho Internacional”.
El embajador mexicano agrega que se abstuvo en la votación de la OEA, porque “la convocatoria (a la reunión extraordinaria de cancilleres) carece de elementos suficientes y parte de un objetivo general ambiguo: ´Considerar la situación en Nicaragua y las medidas apropiadas´”.
Pero el representante de México en la OEA va todavía más allá, y menciona la verdadera razón por cual se abstuvo en la votación para convocar a la reunión extraordinaria de cancilleres. “No es un asunto menor —precisó—, menos aún en el contexto regional actual en que se pretende securitizar y subordinar la agenda hemisférica a la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, y donde altos funcionarios de Estados integrantes de la OEA emiten mensajes de hostilidad que amenazan la soberanía e integridad de otros Estados a partir de doctrinas que buscan asegurar su preminencia hemisférica, controlar infraestructura estratégica y minerales críticos, y crear nuevos enemigos, narcoterrorismo, terrorismo de extrema izquierda y otros”.
O sea que se trata de una cuestión de estrategia política de México frente a Estados Unidos (EE. UU.). Pero según los analistas de la política internacional, al decir que EE. UU. está creando nuevos enemigos como el narcoterrorismo para velar por su seguridad nacional, el embajador mexicano está aceptando de hecho que México se considera un narcoestado. Y al reconocerse implícitamente como tal, busca evitar que se establezca el precedente de considerar el narcotráfico, el narcoterrorismo y todas sus consecuencias —incluida la corrupción— como amenazas a la seguridad hemisférica. Por eso es que no está dispuesto a participar en una concertación regional contra la dictadura de Nicaragua.
Cabe mencionar que la tradicional política exterior mexicana de no intervención en los asuntos de otros países se basa en la llamada Doctrina Estrada que fue proclamada en septiembre de 1930 por el entonces secretario de Relaciones Exteriores de México, Genaro Estrada Félix. Esta doctrina consiste básicamente en que “un país no debe juzgar, otorgar ni negar reconocimiento a gobiernos extranjeros, ya que hacerlo constituiría una injerencia en la soberanía de otra nación”.
Sin embargo, la Doctrina Estrada se tiene que ajustar al desarrollo del derecho internacional, en el que México ha asumido los compromisos ineludibles de defender los derechos humanos, la libertad, la democracia representativa y el Estado de derecho. Y participar en la defensa de la seguridad hemisférica.
Para eso, precisamente, es la convocatoria a una reunión extraordinaria de cancilleres de las América que examine colectivamente la situación política de Nicaragua y decida lo que corresponda. Se trata de la necesidad de impedir que la dictadura de Nicaragua siga socavando la estabilidad política regional. Y que se convierta en una amenaza incontrolable a la seguridad hemisférica, y la de cada país de las Américas en particular.
