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El diario La Prensa Gráfica, de El Salvador, comentó editorialmente en su edición del viernes pasado (21 de agosto) la actitud del gobierno de ese país en la votación de la OEA para convocar a una reunión extraordinaria de cancilleres, con el fin de considerar la agravada crisis política de Nicaragua. El embajador salvadoreño votó a favor de la convocatoria, pero guardó silencio sobre la situación de Nicaragua, a diferencia de los representantes de otros países miembros de la OEA, que condenaron la deriva totalitaria de la dictadura nicaragüense y su desprecio a los valores democráticos del sistema interamericano.
En su reflexión editorial La Prensa Gráfica reconoce que “El Salvador es un país pequeño, con una economía que depende de relaciones exteriores estables —remesas, cooperación, comercio— y no puede permitirse el lujo de acumular fricciones diplomáticas que puedan resultar contraproducentes para sus ciudadanos”. Y señala al respecto que “la lectura más instrumental es que el gobierno prefiera mantener distancia de los foros multilaterales que pueden establecer precedentes argumentativos sobre democracia y derechos humanos aplicables también a su propia actuación”.
Sin embargo, el diario salvadoreño precisa que “no es necesario que El Salvador esté presente en cada iniciativa multilateral que surja en la OEA u otras instancias, pero sí que su postura se argumente y que el criterio para intervenir sea el mismo dentro y fuera de los organismos: la defensa íntegra de la Carta Democrática Interamericana, la cual define los elementos esenciales de la democracia, entre los que se destacan el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales; la celebración de elecciones periódicas, libres y justas; y la transparencia, la probidad y el ejercicio del poder con fundamento en el Estado de derecho, entre otros”.
Todos esos valores, principios e instituciones democráticas que constituyen la base y condición de existencia del sistema interamericano no existen en Nicaragua. Y su ausencia, más la subordinación de la dictadura de Ortega y Murillo a los intereses estratégicos de Rusia, China, Irán y Corea del Norte, conforman una grave amenaza existencial a todas las democracias de las Américas.
Esta situación debería preocupar también a los gobiernos de Brasil y México, los que por ser de izquierda y afines ideológicamente al régimen sandinista, se niegan a aprobar acciones contra la dictadura de Nicaragua, amparándose maliciosamente en el principio de derecho internacional de no injerencia en los asuntos internos de otros Estados.
En realidad, el principio de no injerencia o no intervención es una regla fundamental del derecho internacional, que prohíbe a los Estados intervenir de forma directa o indirecta en los asuntos internos o externos de otro país. Su fin es proteger la soberanía, la independencia política y la igualdad entre las naciones. Y por tanto todos los Estados miembros de las Naciones Unidas están obligados a respetarlo, aunque en la práctica algunos o muchos no lo hacen.
Pero igualmente todos los Estados de las Américas están obligados a respetar y cumplir los principios de la Carta Democrática Interamericana, que son también normas de derecho internacional. Entre los que sobresale que “la democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región”.
Al adoptar la Carta Democrática Interamericana todos los Estados de las Américas (incluyendo México, Brasil, El Salvador y Nicaragua) consintieron que la ruptura del orden democrático en alguno de ellos debe activar mecanismos legítimos de presión por parte de la comunidad internacional, anulando en ese caso el escudo de la «no intervención”.
La Carta Interamericana define como elementos esenciales de la democracia representativa, “entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.
Y manda la Carta, a la OEA, a actuar resueltamente cuando en algún país del sistema regional se produzca una ruptura del orden democrático. Como es el caso de Nicaragua, donde esa ruptura además de evidente es admitida por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo con el mayor descaro, desafiando a la comunidad democrática internacional.
El pueblo de Nicaragua está indefenso ante la dictadura. Necesita el respaldo solidario de la comunidad democrática interamericana. La que además debe actuar en defensa de su propia seguridad regional amenazada seriamente por el régimen dictatorial de Ortega y Murillo.
