Tras dos años de intensas batallas políticas, el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo finalmente logró nombrar a un nuevo fiscal general en mayo. Al reemplazar a un fiscal corrupto por uno honesto, Arévalo demostró que, incluso después de años de deterioro, la democracia puede prevalecer si el liderazgo político opta por el constitucionalismo en lugar de la confrontación.
Los observadores internacionales suelen estar tan centrados en los colapsos democráticos que pasan por alto los avances democráticos. Pero la reciente lucha de Guatemala merece mucha más atención. Después de que Arévalo ganara la segunda vuelta de agosto de 2023 por un amplio margen, el Ministerio Público, encabezado por la fiscal general Consuelo Porras, impugnó los resultados, inició acciones legales contra el partido de Arévalo, Movimiento Semilla, y llevó a cabo investigaciones que fueron ampliamente consideradas como intentos de bloquear la transferencia de poder.
Pero las autoridades indígenas y las organizaciones de la sociedad civil lanzaron manifestaciones pacíficas masivas para exigir que se respetara el resultado de las elecciones. Sus esfuerzos, junto con la creciente presión internacional, demostraron ser poderosos. Después de meses de incertidumbre, que se extendieron hasta la noche de la investidura, Arévalo finalmente asumió el cargo en enero de 2024.
Sin embargo, la lucha democrática de Guatemala apenas comenzaba. Este año llegó otro momento decisivo para las instituciones del país: era hora de elegir nuevos magistrados para la Corte Constitucional (que se renueva cada cinco años), miembros del Tribunal Supremo Electoral (que se renueva cada seis años) y, quizás lo más importante, el próximo fiscal general (que ejerce su cargo durante cuatro años).
El mandato de ocho años de Porras fue controvertido no solo por la respuesta del Ministerio Público a la elección de Arévalo. Bajo su liderazgo, el organismo autónomo fue acusado de socavar los esfuerzos anticorrupción, instrumentalizar el sistema judicial contra los críticos y obstaculizar los procesos democráticos. Cientos de personas —entre ellas periodistas, fiscales anticorrupción, jueces, líderes indígenas y figuras de la sociedad civil— se vieron obligadas a exiliarse durante este período.
Otros —en particular, el periodista José Rubén Zamora, fundador de El Periódico, y los líderes indígenas Luis Pacheco y Héctor Chaclán— fueron procesados o encarcelados bajo cargos dudosos. Porras enfrentó sanciones de Canadá, la Unión Europea, Estados Unidos y muchos otros actores internacionales por socavar el Estado de derecho.
En este contexto, el proceso de selección del nuevo fiscal general fue objeto de un intenso escrutinio nacional e internacional. Según la Constitución de Guatemala, el presidente elige al fiscal general de una lista de seis candidatos elaborada por una comisión de nominación de 15 miembros, integrada principalmente por autoridades universitarias, representantes de colegios de abogados y funcionarios judiciales.
Diversos grupos de presión se movilizaron para influir en este proceso de selección. Entre ellos se encontraban poderosas redes políticas y económicas que temían la pérdida de un baluarte tradicional contra la rendición de cuentas. También figuraban organizaciones de la sociedad civil, autoridades indígenas, representantes académicos y actores internacionales, que exigían transparencia, independencia institucional y el fin de la criminalización de los activistas anticorrupción.
A lo largo de todo el proceso, la administración de Arévalo hizo hincapié en la adhesión al marco constitucional y los procedimientos legales de Guatemala, un compromiso inquebrantable que tanto partidarios como detractores han criticado como una debilidad. Sin embargo, resultó fundamental para que el proceso de selección del fiscal general fuera plenamente democrático y constitucional, a pesar de la intensa presión política y los repetidos intentos de desestabilizar la transición.
Finalmente, tras semanas de deliberación y escrutinio público, Arévalo recibió la lista de candidatos, de la cual seleccionó a Gabriel Estuardo García Luna. Esto representó una victoria democrática decisiva, prueba de que, incluso en condiciones difíciles, los procesos constitucionales pueden prevalecer. En efecto, Arévalo triunfó no porque abandonara las instituciones para salvar la democracia, sino porque confió lo suficiente en ellas como para trabajar a través de ellas.
Este logro es particularmente extraordinario en Guatemala, que regresó al gobierno democrático en 1986 tras décadas de autoritarismo y puso fin a su guerra civil de 36 años recién en 1996. Pero su significado va más allá. En un momento en que Centroamérica se enfrenta al retroceso democrático y a la captura institucional, la resiliencia de Guatemala ofrece un mensaje alentador para el resto de la región y para las democracias de todo el mundo.
El camino que se avecina está plagado de desafíos. La administración de Arévalo, incluyendo al nuevo fiscal general, debe continuar restaurando y fortaleciendo las instituciones democráticas del país, las cuales serán puestas a prueba nuevamente en las elecciones generales de 2027. No obstante, se ha iniciado un nuevo y prometedor capítulo en la democracia guatemalteca.
El autor es expresidente de Costa Rica (2018-2022) .
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