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La reciente afirmación de Daniel Ortega de eliminar la competencia electoral, consolidando así, con la ayuda de su esposa codictadora, el mecanismo de sucesión diseñado para perpetuarse en el poder, ha hecho lo que la oposición no había logrado en tres años: obligar a Washington a endurecer su posición contra el régimen.
De manera que, aparte de las acciones que la Administración Trump pudiera tomar contra la dictadura nicaragüense, no sorprende que el Senado vuelva a poner a Nicaragua en su agenda con un proyecto de ley que no solo reautoriza la Nica Act de 2018 y sus reformas, sino que además la amplía.
La Cámara de Representantes ya tiene ante sí una iniciativa que retoma y extiende instrumentos utilizados contra el régimen. El proyecto contempla sanciones, restricciones económicas, una revisión de la relación comercial y mayores limitaciones al financiamiento internacional del Gobierno.
Particularmente importante es su disposición sobre el segundo mayor financiador del Gobierno después de China, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). La iniciativa busca movilizar a países socios de Estados Unidos para oponerse a nuevos préstamos al Gobierno y someter las operaciones del Banco en Nicaragua a mayor escrutinio.
La iniciativa del Senado comparte esa filosofía, pero pone mayor énfasis en sectores económicos. El oro es mencionado explícitamente, pero la medida puede extenderse a otros sectores. Esto permitiría sancionar no solo a funcionarios o empresas vinculados al régimen, sino potencialmente a personas y empresas, nacionales o extranjeras, que operen en distintos sectores de la economía.
Ambos proyectos persiguen objetivos similares: aumentar el costo de la represión, reducir las fuentes de financiamiento gubernamental y presionar por la restauración de las libertades políticas. Pero sus instrumentos varían. Mientras la Cámara incorpora herramientas más amplias, como el financiamiento multilateral y la relación comercial, el Senado fortalece las sanciones sectoriales y personales.
Es factible que ambas iniciativas terminen convergiendo. Y lo que están logrando Ortega y Murillo con su sed insaciable de poder es, precisamente, que el texto final, en lugar de representar un punto intermedio, acumule las disposiciones más severas de ambas propuestas: sanciones contra funcionarios y colaboradores del régimen; sanciones a sectores económicos, comenzando por el oro; mayor escrutinio y restricciones al financiamiento del BCIE y otros organismos multilaterales; y revisión de las relaciones comerciales y de inversión con Nicaragua.
Esa combinación, además bipartidista, cambiaría cualitativamente el alcance de la presión estadounidense. Hasta ahora, las sanciones han buscado identificar a personas, empresas o instituciones directamente vinculadas al régimen. Una legislación que combine sanciones sectoriales, financieras y comerciales podría extender sus efectos mucho más allá de esos actores.
Los bancos nicaragüenses estarían entre los más expuestos. Incluso sin ser sancionados, enfrentarían mayores costos de cumplimiento y escrutinio de sus corresponsales. El peligro es que instituciones internacionales decidan, en mayor medida de lo que ya hicieron en 2018, reducir relaciones o transacciones porque el costo regulatorio y reputacional de operar con Nicaragua aumente.
Algo similar ocurriría con industriales, exportadores e inversionistas. Una empresa no necesita colaborar con el régimen para verse afectada por una sanción sectorial; basta con operar en una actividad alcanzada por ella. El oro sería el ejemplo inmediato, pero podría extenderse a otros sectores.
En este contexto, el sector privado estaría pagando el precio de haberse adaptado a un sistema que creyó poder observar desde la distancia. En un régimen donde las decisiones están concentradas en la pareja dictatorial y contrariar al poder puede significar confiscación, cárcel o exilio, banqueros, industriales, comerciantes e inversionistas han optado por cooperar con el régimen o guardar silencio y hacerse de la vista gorda. Algunos han obtenido importantes beneficios económicos; otros han intentado sobrevivir y preservar sus patrimonios. Ambos dentro de un sistema en el que no pueden alegar que existe una verdadera autonomía frente al poder.
Sin embargo, si las acciones de Ortega y Murillo provocan sanciones más amplias, menor acceso al crédito, reducción de la inversión, dificultades para comerciar o restricciones al financiamiento externo, sería equivocado atribuir esos costos al Congreso o a Estados Unidos. La responsabilidad corresponde a quienes están provocando una respuesta internacional cada vez más severa. Ortega y Murillo han decidido eliminar la competencia electoral, profundizar la represión e intentar perpetuar a su familia en el poder, aun conociendo el costo para los nicaragüenses.
El Congreso estaría decidiendo ir más allá del repudio y la desaprobación. Estaría aseverando que, para reencauzar la democracia en Nicaragua y enviar un mensaje a una región con una cultura democrática incipiente y proclive al autoritarismo, se requieren acciones contra quienes sostienen, financian y se benefician del aparato represivo, ya sea participando directamente o ignorando lo que ocurre.
