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La reciente reunión del Consejo Permanente de la OEA, en la que EE. UU. no consiguió el apoyo necesario para su propuesta de convocar a una reunión extraordinaria de cancilleres de las Américas, puso en claro dos cuestiones de mayor importancia.
La reunión extraordinaria de cancilleres que EE. UU. propuso sin éxito sería para analizar la situación política actual de Nicaragua y acordar medidas contra la dictadura, después de la desafiante declaración totalitaria de Daniel Ortega, el 19 de julio, de que en este país nunca más habrá elecciones libres y competitivas para evitar que la oposición pueda ganarlas y tomar el poder por la vía pacífica electoral.
Al no conseguir EE. UU. los votos que necesitaba para que se pudiera convocar a la reunión extraordinaria de los cancilleres, quedó demostrado que a algunos gobiernos de los Estados miembros de la OEA no les importa la abolición de la democracia y la violación masiva a los derechos humanos en Nicaragua. Se conforman con lamentarlo, firmar inocuas declaraciones y llamar ingenuamente a la dictadura a respetar la Carta Democrática Interamericana y la Convención Americana de Derechos Humanos.
Por otra parte, el fracaso o tropiezo de EE. UU. en la OEA demostró también que esos mismos gobiernos no creen o no están convencidos de que la dictadura de Nicaragua sea una amenaza a la seguridad hemisférica, ni a la de ellos mismos en particular.
En esta situación, el denominado Centro de Pensamiento Internacional (CPI) ha dado a conocer un estudio en el que argumenta y demuestra que la dictadura de Nicaragua sí es una amenaza para la seguridad hemisférica. “Las decisiones adoptadas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo —se dice en el estudio— han trascendido el ámbito interno de Nicaragua y plantean que sus alianzas internacionales, la represión y el debilitamiento institucional tienen implicaciones para la estabilidad y la seguridad del hemisferio”.
“Si Nicaragua es una amenaza a la seguridad hemisférica es algo que requiere ser analizado bajo las luces de la evolución del derecho internacional, valorando cada una de las políticas y acciones impulsadas por los Ortega Murillo en los últimos años”, se dice en el documento del mencionado organismo no gubernamental.
Según el CPI, desde que el régimen de Daniel Ortega retiró a Nicaragua del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), en septiembre de 2012, “rompió su compromiso de defensa mutua con los países del hemisferio que contempla el convenio, y comenzó a prepararse para una colaboración con los posibles agresores”.
Agrega que “más de una década después sus alianzas actuales con potencias extrarregionales que adversan a algunos de los integrantes del TIAR desafían los principios de la doctrina Donroe o corolario Trump de la Doctrina Monroe… Esto refleja que sustituyó el compromiso de defensa mutua de la región asumido en el TIAR por su intención de agredir, junto con sus nuevos aliados políticos, a sus vecinos miembros del tratado”.
El estudio mencionado sostiene que “cuando un Estado incumple el derecho internacional, denuncia tratados a su conveniencia, desacata las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y las resoluciones de los organismos internacionales competentes para la defensa de los derechos humanos, destruye la confianza y sin esta no puede haber cooperación en materia de seguridad regional”.
Más todavía: “La represión y el totalitarismo que caracteriza actualmente a la Nicaragua de los Ortega Murillo, incrementa la inseguridad y tiene un efecto derrame hacia sus vecinos, porque provoca migración masiva hacia los países de la región. Además, al desaparecer el Estado de derecho las naciones totalitarias se vuelven refugio del crimen organizado, tanto dentro de su territorio como en el de sus vecinos, especialmente del que promueve el tráfico de personas y de drogas, y la explotación ilegal de los recursos naturales”.
Eso es precisamente lo que con vehemencia alegó la representante de Costa Rica en el Consejo Permanente de la OEA al apoyar la propuesta de EE. UU. de convocar a una reunión extraordinaria de cancilleres para analizar la agravada situación política de Nicaragua.
Pero eso no lo tienen claro, o no lo quieren entender los gobiernos que no apoyaron la propuesta estadounidense. Y de alguna manera habría que hacer que lo comprendan, porque es necesario defender colectivamente la seguridad hemisférica. Lo mismo que ayudar al pueblo de Nicaragua, que sufre la peor dictadura de su historia y la cual está asociada estratégicamente con las grandes potencias autoritarias, enemigas de EE. UU. y de la libertad y la democracia que son inherentes a la civilización occidental.
