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En la asamblea de la OEA del pasado miércoles 5 de agosto, que fue convocada por Estados Unidos (EE. UU.) para solicitar una reunión extraordinaria de cancilleres dedicada a examinar la agravada situación política de Nicaragua, no hubo los votos suficientes para aprobar la propuesta estadounidense.
Una reunión extraordinaria de los cancilleres de los Estados miembros de la OEA, era —y es— necesaria para aprobar medidas extraordinarias de presión colectiva y unilateral contra la dictadura totalitaria de Nicaragua, que ha decidido cerrar definitivamente la posibilidad de un cambio democrático de manera cívica, por la vía electoral.
Se ha dicho que la falta de votos suficientes para aprobar la propuesta de EE. UU. se debió a que no fue suficientemente convincente el argumento de que la dictadura de Nicaragua es una amenaza para la seguridad hemisférica.
Supuestamente los representantes de algunos Estados, sobre todo de las Antillas, no perciben esa amenaza o no están convencidos de que exista. Y por su parte, EE. UU. no ejerce sobre ellos el liderazgo necesario para inducirlos o motivarlos a respaldar sus políticas de seguridad regional.
Pero las violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses que ha cometido y sigue cometiendo la dictadura de Nicaragua, incluso mediante crímenes de lesa humanidad denunciados y documentados por los organismos internacionales correspondientes, deberían ser razón suficiente para que esos gobiernos entiendan la urgencia de aplicar medidas extraordinarias contra el régimen de Managua.
Los derechos humanos son normas que protegen la dignidad de cada una y todas las personas por el solo hecho de existir. El ultraje a una persona humana es un agravio a toda la humanidad. No importa el país, el sexo, la lengua o la religión. Incluso desde 1948 hay una Declaración Universal de Derechos Humanos con valor de derecho internacional, que los gobiernos de todos los países miembros de las Naciones Unidas, vale decir del mundo entero, tienen la obligación de respetar y velar por su cumplimiento.
Sin embargo, los derechos humanos son violados en la mayor parte de los países del mundo. Y no solo por dictaduras sino también por democracias. De manera que los gobernantes de algunos países de la OEA deben pensar que si hay tantos países en los que se violan los derechos humanos, ¿para qué preocuparse por uno en particular, en este caso Nicaragua?
Por supuesto que entre los gobernantes democráticos hay algunos que tienen muy en alto los valores universales, así como empatía y sentido de solidaridad con las víctimas de las dictaduras. Esos gobiernos son los que denuncian constantemente las violaciones a los derechos humanos y algunos incluso sancionan a los violadores. Pero mucho otros, aunque sean democráticos no les importa que los derechos humanos sean violados en otros países, y a lo sumo respaldan declaraciones contra los violadores.
De manera que se tendrá que hacer una ardua labor política y diplomática para convencer a esos gobiernos democráticos de que las violaciones atroces a los derechos humanos de los nicaragüenses que comete la dictadura de Nicaragua merecen ser castigados. Y que, además, por sus alianzas y compromisos estratégicos geopolíticos esta dictadura es un peligro para las Américas y el Caribe, y para cada país en particular. Es una amenaza real contra los valores y principios de la civilización occidental.
Pero hay que convencerlos no solo con palabras, sino también y sobre todo con hechos. Esa fue la enseñanza de la reunión de la OEA, en la que EE. UU. y sus aliados no pudieron hacer que se aprobaran medidas más efectivas contra la ominosa dictadura de Nicaragua.
