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El Consejo Permanente de la OEA no aprobó ninguna resolución este miércoles 5 de agosto, en la reunión solicitada por Estados Unidos (EE. UU.) para examinar el agravamiento totalitario de la dictadura de Nicaragua.
EE. UU. presentó previamente un proyecto de resolución para convocar a una reunión extraordinaria de cancilleres que diera respuesta al desafío de Daniel Ortega al sistema democrático interamericano, al anunciar el 19 de julio pasado que en Nicaragua “no volverían a haber elecciones” para que la oposición pueda tomar el poder. Pero el proyecto ni siquiera se puso a votación, al parecer porque no hubo la cantidad de votos necesarios para aprobar la convocatoria a la reunión extraordinaria de consulta de los cancilleres de la OEA.
Según el artículo 62 de la Carta de la OEA, la convocatoria tiene que ser aprobada por la “mayoría absoluta de los votos”, sin decir si es de los presentes en la reunión del Consejo Permanente que discute la propuesta de convocatoria, o de todos los Estados miembros.
Según informó LA PRENSA, “la crisis política de Nicaragua no logró escalar a una reunión extraordinaria de cancilleres, a pesar de que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) reconoció la gravedad del anuncio de Daniel Ortega sobre eliminar las elecciones”. En efecto, prácticamente todos los participantes condenaron verbalmente a la dictadura de Nicaragua, pero nada más.
Personas que dicen conocer las reglas y prácticas del funcionamiento de la OEA opinan que “en las sesiones del Consejo Permanente de la OEA donde se aborda la convocatoria a una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, la ausencia de una votación inmediata puede dar lugar a la búsqueda de aprobación por consenso o negociación del texto de la resolución”. Pero eso no lo establece la Carta de la OEA ni dijo nada al respecto el presidente del Consejo Permanente quien al final agradeció la participación de los representantes y levantó la sesión.
La reunión extraordinaria de consulta de los cancilleres de la OEA funciona como un órgano de carácter urgente para atender problemas de extrema gravedad o de interés común que afectan o podrían perjudicar a los Estados miembros. Y sin duda que la abolición de las elecciones competitivas en Nicaragua, y las alianzas de la dictadura con potencias autoritarias extrahemisféricas expansionistas, es un problema regional de extrema gravedad.
La OEA ha realizado hasta ahora 28 reuniones extraordinarias de consulta de los cancilleres, las tres primeras incluso antes de que se formalizara su constitución, en 1948. Sobre Nicaragua hubo dos en tiempos de la dictadura somocista y una durante el actual régimen sandinista de Daniel Ortega. Esta última fue la XXVI reunión, que medió en la disputa limítrofe y territorial entre Costa Rica y Nicaragua en la Isla Calero de Río San Juan.
La primera reunión extraordinaria de consulta de los cancilleres de la OEA sobre Nicaragua fue la XVII y se realizó durante el somocismo, en septiembre de 1978, después de que una insurrección sandinista derivó en una masacre de la Guardia Nacional somocista.
Aquella XVII reunión de consulta de la OEA fue la que en junio de 1979 demandó la renuncia del dictador Anastasio Somoza Debayle, quien un mes después fue derrocado por los sandinistas que contaban con mucho apoyo extranjero, económico y militar.
Estando abierta la XVII reunión de consulta de cancilleres de la OEA, Costa Rica solicitó la XVIII para denunciar las incursiones en territorio costarricense de la Guardia Nacional somocista, al perseguir a los guerrilleros sandinistas que tenían algunas de sus principales bases en ese país vecino.
Es importante señalar que la XVII reunión extraordinaria de consulta de cancilleres de la OEA no derrocó al régimen somocista, este cayó por la insurrección armada, pero la resolución hemisférica aisló completamente a Somoza y ayudó a la ofensiva final militar de los sandinistas.
Tampoco ahora se esperaba que la reunión extraordinaria de cancilleres de la OEA que solicitó EE. UU. fuese para derrocar a la dictadura de Ortega y Murillo. Pero al menos creó la expectativa de que podría acordar o recomendar a los Estados miembros acciones efectivas, en vez de las tradicionales declaraciones de condena.
Pero ni siquiera eso se logró, al menos por ahora.
