Los mineros que extraen oro ilegalmente en la frontera con Costa Rica enfrentarían penas de hasta seis años de cárcel. La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó en primer debate la reforma legal que tipifica la minería ilegal como un delito de crimen organizado.
Anteriormente, aquellos que fueron capturados por extraer oro en Crucitas eran acusados de practicar minería ilegal, lo cual era considerado un delito ambiental menor. Según las autoridades costarricenses, hay registros de mineros nicaragüenses capturados, encarcelados y deportados, en algunos casos hasta 35 veces.
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El endurecimiento de las medidas pretende cerrar ese ciclo y procesar connacionales con la posibilidad de permanecer hasta seis años en prisión.
Rastrearán redes financieras
El proyecto “Reforma a varias leyes para fortalecer la lucha contra el crimen organizado en materia de delitos ambientales” modifica el Código de Minería para imponer penas de tres meses a cinco años de cárcel a quien realice actividades mineras dentro de parques nacionales, reservas biológicas u otras áreas de conservación.
Cuando el delito sea cometido por un grupo estructurado de dos o más personas con actuación sostenida en el tiempo, la sanción sube a un rango de tres a seis años de prisión.
Con el objetivo de fortalecer la lucha contra la minería ilegal y otros delitos contra el ambiente, el proyecto de ley aprobado en Costa Rica permitirá aplicar las herramientas previstas en la Ley contra la Delincuencia Organizada.
Entre ellas figuran la ampliación de los plazos de investigación, la intervención de comunicaciones y la equiparación de las penas por delitos ambientales con las establecidas para el crimen organizado. La normativa también incorpora como agravante que estas actividades sean ejecutadas por estructuras criminales.
Al considerar la minería ilegal como una modalidad de crimen organizado, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía General contarán con mayores facultades para investigar las redes financieras vinculadas a esta actividad, rastrear el uso de sustancias como el cianuro y seguir la ruta de comercialización del oro hasta los compradores internacionales, explicó el jefe de fracción del Frente Amplio, José María Villalta, tras la aprobación de la iniciativa.
«Hoy finalmente logramos un paso sustancial y real para combatir la minería ilegal en Crucitas y en otras partes de nuestro país, así como otras actividades delictivas, como la tala ilegal y el tráfico de fauna silvestre en peligro de extinción», afirmó Villalta. Agregó que la reforma permitirá «sancionar, investigar y perseguir estas actividades como crimen organizado, que es lo que son».
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El endurecimiento de las sanciones no se limitará a la minería ilegal. También abarcará otros delitos ambientales cometidos por organizaciones criminales, entre ellos la tala ilegal, el tráfico de especies en peligro de extinción y la caza de tortugas marinas.
Hasta ahora, la mayoría de los delitos ambientales en Costa Rica no eran considerados delitos graves, ya que las penas previstas no superaban los cuatro años de prisión, umbral que utiliza el sistema penal costarricense para esa clasificación. Los diputados señalaron que esta limitación jurídica dificultó durante años el procesamiento de decenas de personas detenidas por extracción ilegal de oro en Crucitas.
