La sesión del Consejo Permanente de la OEA de este miércoles 5 de agosto, en la que decidirá si convoca o no a una reunión extraordinaria de cancilleres para examinar la situación política de Nicaragua, ha creado una gran expectativa en los diversos sectores de la oposición nicaragüense en el exilio.
De los nicaragüenses dentro del país no es posible saber si tienen alguna expectativa sobre ese evento, porque están amordazados por la represión. Casi nadie se atreve a dar opiniones políticas, aunque sea en privado, porque el espionaje sandinista es absoluto y el castigo es seguro.
En cuanto a la Nicaragua del exilio y la diáspora, su expectativa es porque la reunión de la OEA ha sido convocada directamente por el Gobierno de Estados Unidos (EE. UU.), como reacción al anuncio de Daniel Ortega de que en Nicaragua no habrá más elecciones libres y competitivas, ni se permitirá un cambio de gobierno por la vía pacífica electoral.
EE. UU. nunca había pedido una convocatoria a reunión extraordinaria de cancilleres de la OEA. Siempre que le interesaba lo hacía por medio de algún gobierno aliado, de manera que su petición directa de la reunión extraordinaria sobre Nicaragua, alguna significación especial debe tener.
Además, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ante el provocador anuncio totalitario de Ortega declaró de manera categórica que el Gobierno de EE. UU. “no se quedaría de brazos cruzados”. Y llamó “a la comunidad internacional a unir esfuerzos y demostrar a la dictadura de Murillo y Ortega que no puede esperar mantener una relación habitual con otras naciones mientras socava los principios fundamentales de nuestro hemisferio democrático».
Como dice el viejo refrán: “Más claro no canta un gallo”.
De manera que es comprensible la expectativa opositora de que esta vez podrían salir de la OEA no solo declaraciones de condena a la dictadura, sino acciones concretas para ponerle freno y facilitar la posibilidad de un cambio democrático en Nicaragua.
Sin embargo, hay que tener claro que la OEA es un organismo multilateral de gobiernos, del que no se puede esperar más de lo que su normativa jurídica y sus intereses políticos les permiten hacer. Lo cual generalmente no va más allá de emitir declaraciones y crear comisiones de seguimiento a la problemática del país, sin que esto tenga consecuencias reales porque Nicaragua ni siquiera pertenece a la OEA, la dictadura sacó al país de la organización hemisférica precisamente para evadir su escrutinio político y condena moral.
De conformidad con el principio jurídico de la “garantía colectiva”, la OEA ha determinado que el Estado de Nicaragua, aunque ya no pertenezca formalmente a la organización sigue obligado a cumplir con los tratados de derechos humanos que suscribió y ratificó constitucionalmente en el pasado. Pero en la realidad eso no hace mucha diferencia, porque la dictadura de Ortega y Murillo no reconoce ese principio de derecho internacional y la OEA no tiene cómo obligarla a reconocerlo.
De manera que es posible que ahora lo que salga de la OEA sea otra resolución de condena a la dictadura de Nicaragua. A menos de que la reunión extraordinaria de los cancilleres recomiende a los Estados miembros acordar y ejecutar las acciones concretas contra la dictadura de Nicaragua que estimen necesarias, de acuerdo con su voluntad política y su capacidad de acción directa.
No hay que olvidar que la Carta de la OEA prohíbe en su artículo 19 el uso de la fuerza armada y «cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen». Además, el artículo 20 establece la inviolabilidad del territorio de los Estados miembros y prohíbe expresamente que el territorio sea objeto de ocupación militar o de otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado. Y el artículo 21 obliga a los Estados miembros a renunciar explícitamente al uso de la fuerza en sus relaciones internacionales, excepto en los casos de legítima defensa.
De manera que tendría que ocurrir que alguno de los Estados miembros de la OEA se sienta realmente amenazado y agredido de alguna manera por los hechos y consecuencias exteriores de la dictadura de Nicaragua, y apele al derecho a la legítima defensa para actuar decididamente contra ella.
Precisamente en esa posibilidad radica la mayor expectativa creada por esta nueva reunión de la OEA sobre la situación de Nicaragua, que está sometida a una dictadura forajida que no respeta la ley internacional y por sus compromisos con potencias autoritarias extrarregionales es un factor de perturbación de la seguridad hemisférica.
