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Se conoce que la comunidad internacional es el conjunto de todos los Estados soberanos del mundo (independientemente de su régimen político), las organizaciones interestatales como la Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, y otros actores globales que interactúan bajo normas comunes del derecho internacional.
En teoría, todos los integrantes de la comunidad internacional deben respetar y velar por el cumplimiento de los valores universales de la paz y la solución pacífica de los conflictos, la democracia y los derechos humanos. Pero en la realidad no es así, porque no todos los países son democráticos. Las dictaduras son parte de ella y además constituyen la mayoría.
Tales son los casos de Rusia y China, para solo mencionar los dos más importantes. Estas dos grandes potencias son parte muy importante de la comunidad internacional, pero como no son democráticas apañan a regímenes dictatoriales que, como el de Nicaragua, niegan las libertades y los derechos de la gente y la reprimen sangrientamente.
De manera que ante un hecho tan ofensivo a la conciencia democrática, como ha sido la declaración de Daniel Ortega de que en Nicaragua no volverá a haber elecciones competitivas y libres para que la oposición pueda llegar al poder, los Estados y organismos internacionales democráticos han protestado, pero los autoritarios lo han respaldado o han guardado silencio.
De la OEA, como parte que es de la comunidad democrática internacional, sí se puede y se debe esperar no solo protestas sino también acciones de repudio a la dictadura de Nicaragua. Precisamente por eso se reunirá este miércoles 5 de agosto el Consejo Permanente de la OEA para decidir si convoca a una reunión extraordinaria de cancilleres en la que se discuta qué hacer contra la dictadura de Nicaragua.
La reunión la ha solicitado el Gobierno de EE. UU. como reacción al anuncio de Daniel Ortega del 19 de julio pasado sobre la abolición de las elecciones democráticas. Aunque la verdad es que el dictador sandinista solo confirmó con sus palabras lo que ya era una realidad en Nicaragua, desde el año 2007, cuando recuperó el poder después de ganar dudosamente las elecciones de noviembre de 2006, las últimas competitivas que hubo en el país.
Pero la declaración de Ortega fue entendida como un desafío a la comunidad democrática internacional, para la cual las elecciones libres y la alternabilidad en el poder político son una condición indispensable de la democracia. Además de que son un mecanismo idóneo para poner fin de manera pacífica a regímenes autoritarios, como ya ocurrió precisamente en Nicaragua en 1990.
La comunidad democrática internacional ha entendido el mensaje de Ortega del 19 de julio pasado, como que en Nicaragua solo se podrá restablecer la democracia por medio de la fuerza, lo cual es inaceptable. De allí que como ha dicho un reconocido analista estadounidense de la problemática interamericana: “Aunque todas las organizaciones regionales e internacionales han comprendido que Ortega y (Rosario) Murillo no tienen ningún interés ni preocupación por las formas democráticas, no podían permanecer en silencio ni mostrarse pasivas ante un anuncio tan descarado”.
Nos referimos al reconocido experto Michael Schifter, quien expresó a LA PRENSA que “la magnitud y la brutalidad (de la dictadura de Nicaragua) han justificado una respuesta regional e internacional seria y eficaz”. Aunque “ha faltado la voluntad de adoptar medidas más contundentes”.
Sin embargo, la solicitud de EE. UU. de una reunión extraordinaria de cancilleres para examinar la situación de Nicaragua ¿podría ser la señal de que se ha terminado esa tolerancia ante la dictadura más sanguinaria que ha sufrido el pueblo nicaragüense en toda su historia, y una de las peores de toda América Latina y el Caribe?
Schifter no está seguro de que ahora EE. UU. actuará más enérgicamente, pues “no hay indicios de que Nicaragua se considere un desafío estratégico como Cuba y Venezuela”. Sin embargo, como dijimos ayer en este mismo espacio editorial, solo hay que esperar unos días para salir de dudas. Y saber si Ortega y Murillo comenzarán a pagar realmente por sus fechorías y su insolente desafío a la comunidad democrática internacional.
