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Representantes oficiales de alto rango de los codictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo presentaron su plan de “reforma electoral” ante los diplomáticos extranjeros acreditados en Nicaragua.
La presentación fue este lunes 27 de julio. Al día siguiente, el operador jefe del cuerpo legislativo del régimen, Gustavo Porras, informó que a partir de que la reforma sea aprobada el periodo presidencial será de siete años renovables, sin límite de tiempo, o sea mediante una continua farsa de reelección.
Supuestamente, el encuentro con el cuerpo diplomático fue una “consulta” de la susodicha “reforma electoral”, la primera de las varias simulaciones consultivas que harán hasta el próximo mes de septiembre, cuando dicen que presentarán los cambios electorales definitivos en ocasión de la celebración de las Fiestas Patrias de Nicaragua.
Ahora bien, no tiene sentido tratar de hacer un análisis jurídico de la propuesta de reforma electoral de la dictadura, porque esta en sí misma es clara y categóricamente antijurídica. Es un mamotreto totalmente contrario a derecho, lógica, razón y justicia. En realidad, por ejemplo, dicen que el período presidencial será de siete años, pero también podrían decir que será de setenta o setecientos años, y da igual.
Todo eso es una simulación. La verdad es que el nuevo plan electoral de la dictadura ya ha sido aprobado. Lo estaba desde antes de que Daniel Ortega hiciera el anuncio de que en Nicaragua ya no habrá elecciones en las que pueda participar la verdadera oposición. Lo dijo como si en las “elecciones” anteriores montadas por la dictadura hubiera participado la oposición democrática, cuyos representantes, por el contrario, fueron encarcelados y después desterrados y confiscados hasta de su nacionalidad nicaragüense.
Dice el antiguo refrán popular originado en una fábula clásica del fabulista griego Esopo, que “la mona, aunque se vista (o la vistan) de seda, mona se queda”. Eso significa que por mucho que se quiera ocultar tras apariencias la verdadera naturaleza de algo, esta no cambia y siempre termina saliendo a la luz. O sea que, dicho con palabras crudas, pero ciertas, que lo que está podrido seguirá putrefacto por mucho que se afanen en disimularlo.
Cabe mencionar que la mayoría de los diplomáticos extranjeros que acudieron a la “consulta” de la reforma electoral de la dictadura eran representantes de regímenes afines. Pero también lo hicieron, prácticamente obligados, algunos agentes diplomáticos de países democráticos que saben muy bien lo que son las verdaderas elecciones como herramienta indispensable para constituir gobiernos y órganos de representación de la soberanía popular, auténtica y legítima.
Esos diplomáticos de países democráticos, al escuchar la propuesta sobre la grotesca farsa electoral de la dictadura de Nicaragua, se deben haber sentido asqueados. Y seguramente la asociaron con lo que ellos conocen de los sistemas electorales del totalitarismo, como los de Cuba, China, Bielorrusia, Corea del Norte, Vietnam y otros países enemigos de la libertad y la democracia.
En su afán de engañar en busca de una legitimidad que por su propia naturaleza no puede tenerla, la dictadura llegó al extremo de hacer el ridículo violando su pretendido “principio irrenunciable” de autodeterminación. O sea, de no dar cuenta de sus acciones internas a la comunidad internacional. Sin embargo, un tema tan doméstico como es el electoral, lo ha tenido que someter a “consulta” ante el cuerpo diplomático extranjero, en su desesperado intento de obtener legitimidad internacional.
La cual, repetimos, jamás la podrá tener porque es un régimen espurio y fraudulento, falso y bastardo, ilegítimo por su propia e intrínseca naturaleza.
