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Mientras concluía el funeral del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, asesinado en la primera oleada de ataques aéreos estadounidenses e israelíes en febrero, el estruendo de los bombardeos resonaba en el sur de Irán. Pero, a pesar de los ritos funerarios y los renovados ataques aéreos, una institución estatal permaneció inmutable: la horca. Manifestantes detenidos recientemente en las calles y presos políticos retenidos durante años están siendo ejecutados a un ritmo vertiginoso.
La estrategia de Estados Unidos e Israel en Irán parecía partir de la premisa de que una guerra de desgaste, junto con las dramáticas amenazas del presidente estadounidense Donald Trump, cambiaría el trato que la República Islámica da a su pueblo o al mundo, o impulsaría a una masa crítica de iraníes a salir a las calles para derrocar al régimen. Los meses transcurridos desde febrero han puesto de manifiesto las deficiencias de esta evaluación.
El primer líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Ruhollah Khomeini, construyó todo el sistema sobre una doctrina simple, brutal e inexpugnable: cualquier acción contra el régimen o el aparato estatal debía ser castigada con la mayor severidad posible, sin contemplaciones. Los funcionarios tenían permitido hacer lo que fuera necesario para preservar el sistema, incluso si ello implicaba pisotear los principios religiosos fundamentales del régimen.
Durante años, antes de la Revolución iraní de 1979, Jomeini predicó la tutela clerical sobre el Estado (velayat-e faqih). Sin embargo, fue tras convertirse en Líder Supremo cuando se reveló el verdadero alcance de esta doctrina. En enero de 1988, en una carta dirigida al entonces presidente Jamenei, declaró que los intereses del Estado islámico tenían prioridad sobre todos los preceptos “secundarios” del Islam, incluyendo la oración, el ayuno y la peregrinación a La Meca. Esta versión ampliada de la teoría se conoció como la “tutela absoluta del jurista” (velayat-e motlaqeh-ye faqih).
En otras palabras, la República Islámica se sustenta en una doctrina que permite la represión total de la población y la movilización absoluta de los recursos estatales en nombre de la preservación del sistema. Independientemente de qué ayatolá ostente el poder o quién forme parte de su círculo íntimo, la doctrina permanece inalterable.
Por eso, la nueva generación de líderes, ahora empoderada, no se comporta ni se comportará de manera diferente a sus predecesores. Esto incluye utilizar los Tribunales Revolucionarios —originalmente concebidos para tratar solo asuntos específicos, como cargos de espionaje— como un tribunal que impone sentencias de muerte a cualquiera que exprese la más mínima objeción al statu quo. Si bien los acusados enfrentan cargos graves, son juzgados sin siquiera contar con un abogado defensor independiente.
Irán ya estaba intensificando las ejecuciones mucho antes de que comenzara la guerra. Amnistía Internacional registró al menos 2159 ejecuciones en 2025, más del doble que el año anterior. La guerra no detuvo a las autoridades iraníes en esta campaña. Sin hacer pausa ni por los bombardeos ni por el Año Nuevo persa, el aparato represivo iraní ha llevado a cabo al menos 40 ejecuciones por cargos de motivación política desde febrero de 2026.
Tras el alto el fuego del 27 de marzo, Iran Human Rights documentó un fuerte aumento de las ejecuciones con respecto al mes anterior, registrándose al menos 101 ejecuciones en junio. A pesar de la guerra, Irán ha llevado a cabo al menos 413 ejecuciones este año, sin intención de cambiar de rumbo. Actualmente, se sabe que más de 70 manifestantes se encuentran en el corredor de la muerte en una sola prisión de Isfahán, y al menos 26 ya han sido trasladados a aislamiento antes de su inminente ejecución. Como señaló el director de Iran Human Rights: “El número real de condenas a muerte dictadas en todo el país es mucho mayor de lo que se había estimado”.
Esto nos lleva a la suposición estadounidense-israelí de que el pueblo iraní se alzará contra el régimen. Si bien la represión extrema desalienta la disidencia, también puede impulsar la resistencia, especialmente cuando se combina con dificultades económicas prolongadas y una intensa presión social. En Irán, incluso aquellos que han anhelado un cambio significativo dentro del régimen, en lugar de su reemplazo, se han visto repetidamente decepcionados.
La frustración popular parecía estar llegando a su punto álgido antes de que comenzaran los ataques estadounidenses e israelíes, cuando decenas de miles de iraníes salieron a las calles. Fieles a la doctrina de Jomeini, fueron recibidos con una masacre. El gobierno iraní ha reconocido 3,117 muertes de manifestantes. HRANA, una asociación de prensa fundada por defensores iraníes de los derechos humanos, sitúa el número de muertos confirmados por encima de 6,000, aunque algunos estiman que es mucho mayor: 17,000 o incluso 36,500.
Poco después de que los iraníes sufrieran esta brutal represión, comenzaron a caer bombas estadounidenses e israelíes. Al parecer, Trump esperaba que esto transformara la protesta en revolución, pero tras todo ese derramamiento de sangre, la sociedad iraní permaneció en sus casas. El espectro, reforzado por la propaganda, de la fragmentación territorial de Irán provocó tal alarma que el fervor por el cambio de régimen cedió, prácticamente de la noche a la mañana, a profundas divisiones y desacuerdos sociales entre los iraníes, tanto dentro como fuera del país. La consiguiente sensación de incertidumbre y alienación hizo que muchos se apegaran aún más al sistema que antes habían querido eliminar.
Este temor a la fragmentación no debe entenderse como una debilidad psicológica, sino como una respuesta racional ante la disyuntiva entre lo malo y lo peor. Este dilema fundamenta la eficacia de la doctrina fundacional de la República Islámica. El costo de mantener el statu quo es alto, pero los iraníes han llegado a la conclusión de que el costo del colapso y la fragmentación sería aún mayor.
A estas alturas debería ser evidente que una guerra de desgaste no solo es insuficiente para derrocar a la República Islámica, sino que, de hecho, refuerza las perspectivas de supervivencia del régimen. Lejos de obligar a los líderes iraníes a desmantelar los mecanismos de represión más crueles, cada nueva oleada de ataques les proporciona nuevos argumentos: nuevas detenciones, nuevas condenas y nuevas ejecuciones.
La autora es una experta en derecho constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago y profesora de derecho de los derechos humanos, cuyo trabajo se centra en las estructuras de poder y el cambio político en Oriente Medio.
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