Lista de reproducción
- No hay más artículos para escuchar
Ha sido sorprendente la contundente reacción de la comunidad democrática internacional, ante el anuncio del dictador Daniel Ortega de que en Nicaragua no volverá a haber elecciones.
Para los nicaragüenses del exilio, la diáspora y el interior del país, que conservan la esperanza en un cambio democrático y comprenden que este solo podría ocurrir por la presión de la comunidad internacional, esa reacción ha sido grata y alentadora. Pues podría —y debería— ser el punto de partida para que la expectativa del cambio democrático en Nicaragua se comience a convertir en realidad.
Sin embargo, ha llamado la atención y preocupado el hecho de que los gobiernos centroamericanos de El Salvador y Honduras guardaran silencio, frente a una declaración tan grave y preocupante como la de Daniel Ortega.
En cambio, los gobiernos de Guatemala, Costa Rica, Panamá y República Dominicana sí entendieron su responsabilidad política regional y rechazaron la declaración de Ortega que representa una violación inaceptable del principio fundamental que sustenta al sistema de integración centroamericana y la convivencia y la seguridad hemisférica. Como es la democracia representativa que se materializa con la celebración periódica de elecciones libres, participativas plurales y competitivas.
En su enérgica declaración sobre lo dicho por Daniel Ortega el 19 de julio recién pasado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llamó a la comunidad internacional a “no quedarse de brazos cruzados mientras la dictadura de (Rosario) Murillo y (Daniel) Ortega intensifica la represión interna y genera una inestabilidad que amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos».
El llamado ha sido claro y oportuno. De manera que no es comprensible, por lo menos, la indiferencia de los gobiernos de Honduras y El Salvador que son estrechos aliados de EE. UU. Inclusive forman parte del Escudo de las Américas, como es denominada la alianza estratégica creada por el gobierno estadounidense para combatir y derrotar a las fuerzas que atentan contra la seguridad hemisférica.
Todos los gobiernos democráticos de Centroamérica deberían condenar sin vacilaciones a la dictadura de Nicaragua, no solo a título individual sino también en el marco del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), recientemente liberado de la influencia boicoteadora y paralizante de la dictadura sandinista de Ortega y Murillo.
No cabe decir que el SICA no puede o no debe intervenir en asuntos políticos internos de un país miembro, que afectan de manera directa o indirecta los intereses de toda la comunidad centroamericana. De esto hay precedente y precisamente con Nicaragua. En junio del 2005 el SICA actuó decididamente ante la crisis política de Nicaragua creada por la confabulación de los sandinistas de Daniel Ortega con los liberales de Arnoldo Alemán, para quitarle los principales poderes presidenciales a don Enrique Bolaños. Lo que pretendían hacer mediante una espuria reforma constitucional que significaba de hecho un intento de golpe legislativo de Estado.
Con base en ese precedente, el SICA podría —y debería— condenar ahora colectivamente la deriva totalitaria de la dictadura de Nicaragua. Y, además, solicitarle al Consejo Permanente de la OEA que convoque a una reunión extraordinaria de la Asamblea General a fin de declarar la ilegitimidad del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Solo tendría que confirmar la ilegitimidad, pues su origen ilegítimo en las elecciones fraudulentas de noviembre de 2021 fue declarado oportunamente por la misma OEA.
A partir de la confirmación de la ilegitimidad del régimen dictatorial de Nicaragua se podría comenzar a implementar las medidas políticas que sean necesarias para poner fin a la dictadura de Ortega y Murillo. Y permitirle al pueblo nicaragüense recuperar la libertad y la democracia.
Todo es cuestión de tener la voluntad de hacer lo que se debe, en la defensa de los principios del derecho internacional y de la democracia.
