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Las reformas constitucionales a las que Daniel Ortega se refirió durante su discurso del 19 de julio de 2026 revelan la dirección en la que avanza el régimen sandinista. Después de casi dos décadas de desmontaje institucional, persecución política y concentración absoluta del poder, Ortega y Murillo parecen empeñados en construir una arquitectura jurídica capaz de garantizar la continuidad del sistema sandinista autoritario más allá de sus propias vidas. A sus ochenta años, Ortega enfrenta a la sucesión, el problema inevitable al que tarde o temprano se enfrenta toda dictadura personalista.
El acto del 19 de julio también permitió observar la construcción de legitimidad con la que el régimen pretende acompañar este proceso. Ortega habló rodeado de símbolos revolucionarios, invocó héroes y mártires, exhibió el respaldo de delegaciones internacionales y otorgó un lugar central al desfile de las Fuerzas Armadas. Cada elemento cumple una función dentro de la representación del poder, según su narrativa, la historia proporciona legitimidad revolucionaria, los aliados extranjeros proyectan reconocimiento internacional y las armas nos recuerdan quién garantiza, en última instancia, la permanencia del sistema.
Era la escenificación de un régimen que intenta presentarse como histórico, legítimo, estable y, sobre todo, irreversible. Ortega conoce además el significado de perder el Gobierno, lo experimentó en 1990, cuando una derrota electoral sacó al sandinismo de la Presidencia y abrió una transición que él nunca terminó de aceptar políticamente. Sin embargo, el FSLN sobrevivió, conservó estructuras organizativas y territoriales, negoció cuotas de poder y finalmente regresó al Gobierno mediante elecciones en 2007. Ortega aprendió de aquella derrota una lección que hoy parece marcar toda su estrategia de permanencia, y no permitirá que el mecanismo que una vez lo expulsó del poder vuelva a funcionar contra él.
Cuba constituye probablemente su principal referente. Después de la Revolución de 1959, el sistema cubano atravesó un proceso de concentración e institucionalización que alcanzó un momento fundamental con la Constitución de 1976 y que continúa hasta nuestros días. Fidel Castro murió, Raúl Castro abandonó la Presidencia y posteriormente la conducción formal del Partido Comunista, sin que el régimen se tambaleara.
La Constitución cubana de 2019 reafirmó al Partido Comunista como la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado, consolidando jurídicamente un principio fundamental para la supervivencia autoritaria, demostrando que los dirigentes pueden cambiar mientras la estructura que controla el poder permanece.
La supervivencia de estos regímenes está vinculada con la capacidad para destruir centros independientes de poder, cohesionar a las élites gobernantes y construir aparatos coercitivos fuertes y leales. En este sentido, Levitsky y Way (2022), sostienen que las dictaduras surgidas de procesos revolucionarios han demostrado ser “extraordinariamente duraderas”, su análisis resulta particularmente relevante para analizar la experiencia cubana y preguntarnos hasta qué punto el sandinismo pretende consolidar en Nicaragua una estructura autoritaria capaz de sobrevivir a la generación política que la llevó al poder.
China, gran aliado del régimen, ofrece, desde una trayectoria histórica diferente, otra experiencia de continuidad de un régimen organizado alrededor de la supremacía partidaria. Mao Zedong murió en 1976 y posteriormente cambiaron los liderazgos, las políticas económicas y las formas de administración del poder, mientras el Partido Comunista Chino conservó su posición dominante. La institucionalización partidaria permitió administrar sucesiones sin abrir la posibilidad de una alternancia democrática, aunque en años recientes Xi Jinping haya vuelto a concentrar considerablemente el poder alrededor de su liderazgo.
Nicaragua parece avanzar hacia una lógica semejante, adaptada a las particularidades del sandinismo y al componente dinástico construido por los Ortega-Murillo. Durante años hemos asumido que la sucesión recaería inevitablemente en Rosario Murillo o posteriormente en alguno de sus hijos y esa posibilidad sigue abierta, pero las reformas permiten contemplar un proyecto todavía más duradero. Si el FSLN consigue consolidarse como la estructura que articula el poder político, territorial, económico, policial, militar e institucional, la continuidad del régimen podría quedar garantizada independientemente del apellido de quien ocupe formalmente la Presidencia.
La sucesión constituye precisamente uno de los grandes problemas de los sistemas autoritarios. Svolik (2012), explica que estos regímenes enfrentan simultáneamente el desafío de controlar a la población y administrar las relaciones de poder entre el dictador y las élites con las que gobierna. Como señala el autor, dentro de una dictadura “ninguna autoridad independiente tiene el poder de hacer cumplir los acuerdos” entre los actores fundamentales del régimen. Desde esta perspectiva, las reformas constitucionales nicaragüenses también pueden analizarse como un intento de ordenar jurídicamente la distribución y continuidad del poder, reduciendo la incertidumbre que inevitablemente genera la futura ausencia de Ortega y estableciendo las condiciones bajo las cuales las élites del sistema podrían administrar su sucesión.
En esas condiciones, el Gobierno corre el riesgo de convertirse en una fachada administrativa del verdadero centro de poder. El próximo gobernante podría pertenecer a la familia, provenir de las estructuras partidarias o incluso presentarse ante la comunidad internacional como una figura moderada y renovadora. Mientras el FSLN conserve el control institucional y la capacidad coercitiva del Estado, una sucesión presidencial podría modificar el rostro del poder sin alterar su naturaleza.
Después de la rebelión de abril de 2018, el régimen demostró hasta dónde está dispuesto a llegar para conservar el poder. La represión, las muertes, la prisión política, el exilio, la desnacionalización y la destrucción total de las libertades públicas dejaron una conclusión imposible de ignorar y es que Ortega y Murillo parecen dispuestos a gobernar sobre las cenizas de Nicaragua antes que entregar nuevamente el poder.
Por eso resulta profundamente insuficiente que la oposición continúe funcionando bajo una lógica predominantemente reactiva. Mientras el régimen piensa en décadas, reforma la Constitución, reorganiza el Estado y prepara las condiciones de su sucesión, demasiados sectores opositores siguen respondiendo al último discurso, a la última detención, a la última sanción o a la última maniobra de Ortega. Un proyecto autoritario de largo plazo exige una estrategia democrática de largo plazo. La oposición tiene la obligación política de anticiparse, construir escenarios y comprender que esperar la desaparición de Ortega no constituye una estrategia de transición.
La pregunta sobre quién sucederá a Daniel Ortega ocupa demasiado espacio frente a otra mucho más importante. ¿Qué estructuras de poder sobrevivirán cuando él ya no esté? Si el FSLN conserva el control de las instituciones, las Fuerzas Armadas, la Policía, el territorio, la economía vinculada al régimen y los mecanismos de reproducción política, Nicaragua podría amanecer algún día sin Ortega en la Presidencia y continuar viviendo bajo el sistema que él construyó.
La oposición debería prepararse desde ahora para disputar esa sucesión y presentar una alternativa democrática capaz de desmontar jurídicamente la institucionalización autoritaria, recuperar la competencia electoral y reconstruir la independencia de las instituciones. También necesita explicar a la comunidad internacional que una sucesión ordenada dentro del FSLN puede ofrecer estabilidad aparente mientras perpetúa las estructuras responsables de la represión. ¿Estarían dispuestos a tolerar otra Cuba?
La mayor victoria de Ortega podría llegar después de su propia desaparición política. Consistiría en haber construido un sistema capaz de gobernar Nicaragua durante generaciones bajo el control permanente del FSLN, convirtiendo la alternancia en un recuerdo histórico y las elecciones competitivas en una amenaza definitivamente neutralizada.
Ese es el peligro que Nicaragua debería comenzar a discutir mientras todavía existe tiempo para enfrentarlo. Los dictadores inevitablemente desaparecen, los sistemas que consiguen construir para sobrevivirlos pueden durar mucho más que ellos.
El tiempo, además, juega en nuestra contra, ya que cualquier cambio en la correlación de fuerzas entre republicanos y demócratas en Washington puede modificar de manera sustancial la política hacia las dictaduras de la región. Un debilitamiento del discurso confrontativo contra los regímenes autoritarios podría traducirse en una mayor disposición a normalizar relaciones y reducir presiones. En el caso de Nicaragua, una política exterior menos beligerante podría darle al régimen el espacio que necesita para consolidar las reformas jurídicas que aseguren la continuidad del sistema sandinista autoritario y avanzar en sus pretensiones de perpetuación con menores costos internacionales.
Por esto, la oposición no puede asumir que la ventana política actual permanecerá abierta indefinidamente ni postergar la construcción de una estrategia capaz de aprovechar el momento antes de que las prioridades de la comunidad internacional vuelvan a cambiar.
La autora es activista política nicaragüense, politóloga y estudiante de Trabajo Social
