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Como era de esperarse, el anuncio de Daniel Ortega de que no habrá más elecciones en Nicaragua ha tenido un contundente rechazo internacional.
La verdad es que la dictadura ya había abolido el Estado de derecho, las libertades políticas, las elecciones competitivas y el derecho de los nicaragüenses a elegir a sus gobernantes y representantes. Lo comenzó a hacer en 2021, cuando encarceló y después desterró y desnacionalizó a todos los precandidatos presidenciales para las elecciones de aquel año, las que terminaron siendo una grotesca farsa electoral declarada ilegítima por la OEA. Y profundizó su deriva totalitaria a partir de 2023 cuando intensificó al máximo la represión política, social y religiosa.
Ahora, desafiando más provocadoramente a la comunidad democrática internacional, Ortega declaró el recién pasado 19 de julio que no habrá más elecciones en Nicaragua. Pero elecciones verdaderas ya no las había. De manera que el anuncio del dictador solo se puede entender en el sentido de que no habrá ni siquiera las farsas electorales para simular legitimidad, en las que participan los partidos colaboracionistas o “zancudos”.
Contra el anuncio de Daniel Ortega reaccionó de inmediato el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Alberto Ramdin. En representación de los 32 Estados que pertenecen a la Organización hemisférica, Ramdin advirtió que suprimir los procesos electorales significa anular el derecho soberano del pueblo a elegir sus autoridades. Y se comprometió a seguir denunciando los actos que socavan la libertad y la democracia.
Por su parte, Costa Rica condenó el anuncio de Ortega por medio de una declaración de la Cancillería y una moción de rechazo de la Asamblea Legislativa. Los poderes del Estado costarricense advirtieron que el quebrantamiento de la democracia en cualquier país americano no es un asunto interno, sino un hecho que afecta la estabilidad de todo el hemisferio.
También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el anuncio totalitario de Ortega y prácticamente todos los periódicos importantes de las Américas y Europa reportaron la escandalosa noticia política originada en Managua.
Entre los diversos pronunciamientos, destaca por todo lo que representa, el del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien asegura que “la declaración de Daniel Ortega de que bajo su dictadura familiar Nicaragua no volverá a celebrar elecciones muestra su verdadera naturaleza autoritaria”.
El alto funcionario estadounidense acusa al régimen de Ortega y Murillo de socavar los principios del hemisferio occidental, y pide a la comunidad internacional “unir fuerzas para demostrarle a la dictadura de Nicaragua que no puede seguir haciendo como si nada pasara”.
Es comprensible esa reacción general contra la declaración de Daniel Ortega, porque las elecciones son la base de la democracia representativa, que a su vez “es condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región”, según lo establece la Carta de la OEA. Mientras que la Carta Democrática Interamericana, que es el otro documento constitucional del sistema interamericano, señala que “la democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región y que uno de los propósitos de la OEA es promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto del principio de no intervención”.
La dictadura de Nicaragua invoca el principio de no intervención para justificar sus tropelías contra el pueblo nicaragüense, burlarse del derecho internacional y violar los derechos humanos incluso cometiendo crímenes de lesa humanidad.
Pero el principio de no intervención no es para que los dictadores hagan lo que quieran dentro de sus países. Es para promover y garantizar el respeto a los derechos inalienables de los pueblos y las personas, incluyendo el de elegir libremente a sus gobernantes.
La pregunta del millón es si el rechazo contundente a la declaración de Daniel Ortega, sobre todo el llamado del secretario de Estado de Estados Unidos a la comunidad internacional a “unir fuerzas para demostrarle a la dictadura de Nicaragua que no puede seguir haciendo como si nada pasara”, se concretará en acciones eficaces o será una inocua declaración más.
