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El gobierno de Nasry Asfura se pronunció sobre la expulsión de Nicaragua de los magistrados hondureños de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), Gloria Guadalupe Oquelí Solórzano y Óscar Fernando Chinchilla Banegas, para los que pidió un “trato digno” y respeto de las “garantías consulares” de parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En un comunicado oficial de la Cancillería, en el que también anunciaron el “cese de las funciones” de la CCJ, el gobierno de Asfura “insta que toda medida adoptada por Nicaragua respecto de ciudadanos hondureños que se desempeñaban en una institución regional se ejecute con trato digno, comunicación oficial, garantías consulares”.
Además, piden a los Ortega-Murillo “respeto” a los documentos, bienes y familias de los magistrados “conforme a los instrumentos aplicables a organismos regionales y al país sede”.
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Magistrados declarados “non gratos”
La expulsión de la presidenta de la CCJ, Gloria Oquelí y del magistrado Óscar Chinchilla se conoció el pasado domingo 24 de mayo, según reportó el diario Tiempo de Honduras.
El domingo informaron que Chinchilla habría regresado a su país la tarde del sábado tras varios años de estar en Nicaragua. Luego, el lunes 25 dieron a conocer que Oquelí también habría sido expulsada de territorio nicaragüense. Ambos fueron declarados “non gratos” por el régimen Ortega-Murillo y posteriormente “acompañados” hasta el puesto fronterizo de El Guasaule, frontera con Honduras.
CCJ cesa funciones
Respecto al cese de las funciones de la CCJ, el Gobierno de Honduras declara que el órgano parte del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) “ha quedado desprovisto de su instrumento jurídico constitutivo” y ha perdido su “personalidad jurídica internacional”, tras la denuncia del Convenio del Estatuto de la CCJ de los tres Estados Parte.
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La CCJ, cuya sede opera en el antiguo edificio del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ubicado en Plaza España, Managua, Nicaragua, fue creada en diciembre de 1992 como un órgano judicial supranacional para fortalecer la integración regional. Fue concebida bajo un convenio entre Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá, sin embargo, no todos los países lo ratificaron, por lo que la Corte ha funcionado solo con El Salvador, Honduras y Nicaragua.
El 18 de marzo de 2025, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo denunció el Convenio del Estatuto de la CCJ y quedó fuera del órgano. Luego, Honduras hizo lo mismo el 30 de abril de 2026, ya bajo el gobierno de Asfura, alegando “reordenamiento institucional y saneamiento de las finanzas públicas” que permitirán liberar más de 700 mil dólares anuales para “prioridades ciudadanas”. El Salvador habría hecho lo mismo el pasado 20 de mayo, según expone la Cancillería hondureña en el comunicado.
CCJ perdió su objetivo
“La CCJ, siendo un instrumento de naturaleza accesoria al Convenio constitutivo, ha perdido igualmente su objeto, eficacia y razón de ser, al haber desaparecido el ente internacional al que brindaba soporte institucional”, resalta el gobierno hondureño.
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Sostiene que están coordinando el proceso de cierre ordenado, liquidación de personal y gestión administrativa de la Corte y que desde la Cancillería continuará gestionando las acciones “a fin de garantizar un proceso transparente, ordenado y jurídicamente fundamentado”.
La expulsión de los magistrados hondureños se conoció cuatro días después de que la canciller hondureña Mireya Agüero y el cocanciller nicaragüense Valdrack Jaentschke sostuvieron un encuentro de alto nivel para dar seguimiento al denominado Tratado Bicentenario, instrumento jurídico que definió los límites marítimos entre ambas naciones en el mar Caribe y las aguas fuera del golfo de Fonseca.
De acuerdo con el reporte del diario hondureño La Tribuna, los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países también abordaron temas relacionados con la integración regional y el fortalecimiento del SICA.
La crisis del SICA
El SICA enfrenta un período de crisis desde noviembre de 2023, cuando renunció a la Secretaría General el nicaragüense Werner Vargas. Desde entonces Ortega y Murillo han intentado promover a sus fichas al cargo, pero las ternas han sido rechazadas por los demás países miembros.
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Tras años de acefalía del sistema, Costa Rica, a quien le corresponde el próximo periodo, ya ha propuesto su terna, lo que ha generado reclamos de parte de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
