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La dictadura de Nicaragua ha rechazado de hecho la terna de candidatos presentada por Costa Rica, para la elección del nuevo secretario general del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), que le corresponde ahora a un costarricense.
El cargo está vacante desde noviembre de 2023, cuando el nicaragüense Werner Vargas renunció por motivos que no reveló. Había sido elegido para un período de cuatro años, hasta 2026, y debió de ser sustituido por otro nicaragüense de acuerdo con el principio de rotación. Sin embargo, la dictadura de Nicaragua pretendió reemplazarlo con alguno de sus operadores políticos, contraviniendo las normas de solvencia política y calidad profesional que son requeridas para ocupar dicho cargo. De manera que las ternas presentadas por el régimen nicaragüense fueron rechazadas una y otra vez por los demás gobiernos centroamericanos.
Ahora, al terminar el período en el que correspondía a Nicaragua la Secretaría General del SICA, y tocarle a Costa Rica el siguiente, el gobierno costarricense presentó el pasado 22 de mayo la terna correspondiente para que se haga la elección. Y de esa manera restablecer la normalidad en el funcionamiento de ese cargo que es necesario para la bienandanza de la integración centroamericana.
Sin embargo, la dictadura de Nicaragua sigue boicoteando el funcionamiento del SICA. Con ese fin, los cocancilleres de Ortega y Murillo enviaron una carta a los gobiernos centroamericanos, fechada el 25 de mayo, en la que hacen caso omiso de la terna de Costa Rica y reclaman su supuesto derecho a ocupar la Secretaría General del SICA, aunque haya concluido el período en que le correspondía ejercerla. Período que, hay que repetirlo, no completó por la temprana renuncia de Vargas y la inaceptable intención de poner en ese cargo a un activista político de la dictadura, en vez de a un calificado profesional y experto en integracionismo centroamericano, como manda el reglamento del SICA.
Sin embargo, los gobiernos de los demás países centroamericanos previeron que el régimen de Nicaragua se empeñaría en seguir impidiendo la normalización del SICA. De manera que a fines de abril pasado los cancilleres centroamericanos se reunieron en República Dominicana y reformaron el artículo 10 del “Reglamento relativo a la elección de los titulares de la Institucionalidad del Sistema de la Integración Centroamericana”, sustituyendo la regla de unanimidad con la mayoría calificada para elegir al secretario general del SICA. De esa manera no habrá ya ninguna posibilidad de veto.
Al negarse a recibir la terna de Costa Rica e insistir en que tiene derecho sobre la Secretaría General del SICA, la dictadura de Nicaragua demuestra una vez más ser un factor de perturbación política en la región y un obstáculo al progreso de la integración centroamericana, porque no se ajusta a los principios y compromisos integracionistas con la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos.
Los gobiernos centroamericanos deberían elegir lo más pronto posible al nuevo secretario general del SICA, que le corresponde a Costa Rica, sin hacer caso a las rabietas de los dictadores de Managua. Además, en la Asamblea General de la OEA que se reunirá a principios de junio en Panamá, deberían proponer que se declare ilegítimo al perturbador Gobierno de Nicaragua. Porque realmente lo es, al ser consecuencia en el tiempo de la elección fraudulenta de noviembre de 2021, que fue declarada ilegítima por la misma OEA en una anterior Asamblea General.
Sacar a la dictadura de Nicaragua del ecosistema político de Centroamérica, y de las Américas en general, sería una medida de sanidad regional y además podría facilitar y aproximar la liberación del pueblo nicaragüense.
