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Centroamérica nunca ha sido precisamente una referencia de estabilidad política ni de democracias consolidadas. Más bien, la región suele percibirse como una olla de presión donde las crisis sociales y políticas pueden estallar en cualquier momento. Los avances históricos en derechos, institucionalidad o participación ciudadana terminan muchas veces reducidos a breves capítulos dentro de una historia marcada por retrocesos y concentración de poder.
Las democracias nacidas tras los acuerdos de paz de los años ochenta fueron, en buena medida, democracias prematuras y frágiles. Surgieron de pactos políticos que permitieron crear instituciones funcionales para la supervivencia de los Estados, pero que nunca resolvieron del todo los problemas estructurales de autoritarismo, caudillismo y corrupción. Aquellas instituciones de “poroplast”, construidas más para contener crisis que para fortalecer ciudadanía, dejaron abiertas grietas que tarde o temprano serían aprovechadas.
Hoy no puede afirmarse que toda Centroamérica viva bajo dictaduras tradicionales, pero tampoco puede sostenerse que la región goce de democracias sólidas. Lo que sí es evidente es el crecimiento constante de prácticas autoritarias desde el propio Estado, dirigidas a debilitar la separación de poderes y a reducir la participación ciudadana.
En Nicaragua, la oficialización constitucional de la copresidencia terminó convirtiéndose en un símbolo regional de esa degradación democrática. La figura creada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no solo consolidó el poder familiar, sino que también abrió un precedente político peligroso: la idea de gobernar desde las sombras, compartiendo o administrando el poder sin controles reales.
Ese modelo, adaptado a distintos contextos, comenzó a encontrar ecos en otros países. En El Salvador, Nayib Bukele utilizó vacíos constitucionales para buscar su reelección y dejó temporalmente la presidencia en manos de Claudia Rodríguez, aunque el poder político y la influencia pública siguieron girando claramente alrededor de su figura.
Mientras tanto, en Costa Rica, país históricamente reconocido por la fortaleza de su institucionalidad, muchos observan con preocupación la posibilidad de nuevas formas de cogobierno informal alrededor del liderazgo de Rodrigo Chaves y su influencia sobre Laura Fernández. Aunque bajo mecanismos distintos, la lógica es similar: liderazgos personalistas que buscan extender su control político más allá de los límites tradicionales del poder presidencial o peor, una reelección escamoteada.
El caso de Honduras también dejó lecciones importantes. La influencia permanente de Manuel Zelaya durante el gobierno de Xiomara Castro alimentó críticas sobre una copresidencia no oficial que terminó desgastando políticamente al oficialismo.
La región enfrenta hoy un desafío profundo: entender que las democracias no mueren únicamente con golpes de Estado o dictaduras militares. También pueden erosionarse lentamente mediante reformas “legales”, liderazgos personalistas y estructuras paralelas de poder. Las grietas institucionales siguen ahí. Y mientras Centroamérica continúe apostando más por caudillos que por instituciones fuertes, la estabilidad democrática seguirá siendo apenas una promesa pendiente.
El autor es estudiante de Economía, empresario en el sector de desarrollo urbano, secretario general de Convergencia.
