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El gobierno de Honduras anunció oficialmente su retiro del Convenio de la Corte Centroamericana de Justicia, suscrito el 12 de diciembre de 1992, según informó la Cancillería de ese país.
En el comunicado oficial, la institución señaló que el país, “en ejercicio pleno de su soberanía y conforme al derecho internacional, comunica de forma oficial que se retira del Convenio de la Corte Centroamericana de Justicia, suscrito el 12 de diciembre de 1992, con efecto inmediato”.
Honduras indicó que la decisión se produce en un contexto en el que el mecanismo regional ha visto reducida su participación, ya que “este mecanismo venía operando únicamente con 2 Estados Parte, circunstancia que ha alterado de manera sustancial las condiciones que motivaron la celebración del instrumento, incidiendo significativamente en su operatividad, representatividad y naturaleza multilateral”. Ahora solo queda Guatemala en la Corte Centroamericana de Justicia.
El documento explica que la medida también responde a criterios de gestión interna, indicando que se toma “en el marco de las prioridades de eficientización de la Agenda Presidencial 2026–2030, en torno al reordenamiento institucional y saneamiento de las finanzas públicas”.
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Asimismo, se destacó el impacto financiero de la decisión, ya que permitirá “liberando US$720,946.71 anuales para prioridades ciudadanas”, recursos que serán redirigidos a otras áreas definidas por el Ejecutivo.
Nicaragua se retiró en 2025
El régimen de Nicaragua oficializó su retiro de la Corte Centroamericana de Justicia el 19 de marzo de 2025, tras haber anunciado la decisión un día antes.
En una carta fechada el 18 de marzo, el canciller Valdrack Jaentschke comunicó la decisión “soberana e irrevocable de denunciar el Convenio del Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia, aprobado el 10 de diciembre de 1992, y retirarse de la Corte Centroamericana de Justicia a partir de la fecha”.
Según la Cancillería de Nicaragua, la medida respondía a limitaciones estructurales del organismo, señalando que “en estos 32 años, desde su creación, la Corte Centroamericana de Justicia únicamente ha estado integrada por magistrados/as de las Repúblicas de Nicaragua, Honduras y El Salvador, no logrando cumplir con los propósitos originales para su creación como órgano judicial de carácter regional”.
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La decisión del régimen de Nicaragua se dio en medio de tensiones dentro del sistema de integración regional, tras el fracaso de su intento de colocar a un candidato propio en la Secretaría General del SICA. La propuesta fue rechazada por varios países de la región, que solicitaron la presentación de nuevas opciones, sin que Managua modificara su postura.
En ese momento, el régimen también había elevado reclamos ante instancias regionales y manifestado objeciones a lo que calificó como bloqueos políticos en los procesos de decisión.
