El Gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) se sumó a la conmemoración de la oposición nicaragüense, del octavo aniversario del estallido de la rebelión nacional por la libertad del 18 de abril de 2018. Lo hizo imponiendo nuevas sanciones a la dictadura.
Primero, el jueves 16 de abril la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EE. UU.) sancionó a personas y entidades vinculadas al negocio sucio del régimen en el sector aurífero y por la confiscación de la empresa BHMB, de propiedad estadounidense. Después, el propio 18 de abril, el Departamento de Estado sancionó políticamente a otro prominente funcionario operador del aparato represivo de la dictadura.
Entre los nuevos sancionados destacan los hijos de los codictadores de Nicaragua, Daniel Edmundo y Mauricio Facundo Ortega Murillo, ambos involucrados en el corrupto negocio oficial y familiar del oro, así como el viceministro del Interior, Luis Cañas, por su participación personal en las brutales violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses.
Pero la verdad es que EE. UU. ha venido sancionando a la dictadura de Ortega y Murillo desde 2018, sin más consecuencias que algunas molestias personales y operativas a los dictadores.
EE. UU. impuso las primeras sanciones a la dictadura cuando esta ejecutaba la operación “vamos con todo”, como llamó a la represión sangrienta contra las protestas populares que dejó el saldo macabro de más de 350 personas asesinadas, comprobado y denunciado por los organismos internacionales de derechos humanos.
Aparte de aquellas sanciones, y de otras impuestas posteriormente por Canadá y países de Europa, en 2025 y a principios del presente año EE. UU. le impuso a la dictadura otras sanciones. Sin embargo, Ortega y Murillo en vez de ceder se han consolidado en el poder. Inclusive han extendido sus tentáculos represivos más allá de las fronteras de Nicaragua, como ha sido, por ejemplo, el asesinato del destacado opositor Roberto Samcam, en Costa Rica, en junio del año pasado.
Entonces, con tales antecedentes, ¿cabría esperar ahora que las nuevas sanciones sí podrían impactar seriamente a la dictadura y obligarla a hacer reformas positivas, económicas y políticas, o por lo menos cesar la sistematizada represión?
Algunos analistas políticos independientes y opositores aseguran que las nuevas sanciones a la dictadura y el momento político en que han sido impuestas demuestran que Nicaragua sigue presente en la agenda internacional. Y que con ellas EE. UU. “busca debilitar al régimen por la vía económica y obligarlo a una negociación política.” Pero, ¿esto es solo un deseo o realmente una probabilidad, o sea algo que sin duda sucederá?
A nuestro juicio, la diferencia del sentido de las sanciones de ahora con respecto a las anteriores radica en la actual coyuntura política regional creada por la nueva política hemisférica de EE. UU., claramente adversa para las dictaduras de la región, entre ellas la de Nicaragua. Comenzando con que la de Venezuela fue descabezada al comenzar el año y el gobierno provisional que quedó en pie está haciendo lo que le dicta EE. UU. para crear las condiciones que faciliten la transición democrática.
EE. UU. también está ejerciendo una presión máxima contra la dictadura de Cuba, con el propósito de sacarla del poder o al menos obligarla a aceptar reformas democráticas, económicas y políticas, que necesita con urgencia ese país devastado por el comunismo.
Pero no es posible saber cómo terminará el drama de Cuba. Y en cuanto a Nicaragua, es obvio que a pesar de las nuevas sanciones Ortega y Murillo no cederán mientras la presión externa no tenga la magnitud necesaria para obligarlos a ceder. Y solo las nuevas sanciones no serán suficientes para que eso ocurra.
