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La economía cubana enfrenta una crisis más aguda que la que vivió a principios de la década de 1990 tras el colapso de la Unión Soviética. En apenas unas semanas, se ha interrumpido su suministro externo de energía y sus principales fuentes de ingresos en divisas.
La captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte del gobierno de Trump en enero privó a Cuba de las inyecciones de efectivo y energía que habían sostenido su economía durante los últimos 20 años. El modelo económico cubano se basaba en el trueque: exportaba servicios médicos, militares y de inteligencia a cambio de petróleo. Sin embargo, ahora el golpe asestado por la pérdida del apoyo de Venezuela se ha visto agravado por el bloqueo estadounidense a los envíos de petróleo de otros proveedores como México y Rusia.
El impacto ha sido devastador. La economía cubana está empezando a paralizarse. El movimiento de bienes y personas se ha reducido al mínimo, y las cadenas de suministro y las industrias de toda la economía ya no operan con normalidad. No solo las exportaciones de servicios turísticos (la principal fuente de ingresos del país) están en caída libre, sino que la crisis del combustible también ha obligado a la empresa canadiense Sherritt a suspender parte de sus operaciones, interrumpiendo las exportaciones de níquel.
Estos acontecimientos están afectando a una economía que ya era extremadamente frágil. Las condiciones se han deteriorado desde mediados de la década de 2010, cuando la caída de los precios del petróleo afectó a Cuba indirectamente a través de su conexión con Venezuela. Entre 2016 y 2019, las exportaciones cubanas cayeron un 22 por ciento, y la balanza comercial se redujo a un tercio de su nivel anterior. Con la agricultura y la industria manufacturera registrando ya tasas de crecimiento negativas, el país comenzó a incumplir el pago de su deuda externa en 2019.
A pesar de estas tendencias, el gobierno cubano se resistió a emprender reformas estructurales significativas, más allá de una modesta flexibilización de las restricciones para las pequeñas empresas privadas. Luego vinieron otros acontecimientos que empeoraron la situación. Tras cierta relajación de las sanciones durante la presidencia de Barack Obama, el primer gobierno de Trump volvió a endurecerlas, y la pandemia de covid-19 devastó el sector turístico.
En 2021, el gobierno cubano intentó implementar una reforma monetaria, pero solo logró provocar graves desequilibrios macroeconómicos. El déficit fiscal se disparó desde un promedio del 3.1 por ciento del PIB entre 2010 y 2015 hasta el 7.7 por ciento entre 2016 y 2019. Alcanzó el 17.7 por ciento del PIB en 2020, antes de descender al 11.5 por ciento en 2023. Dado que estos déficits se financiaron en gran medida mediante la emisión de dinero («imprimir dinero»), la economía entró en una espiral de inflación de tres dígitos, una fuerte depreciación de la moneda y una creciente dolarización en el sector informal.
Como si estas ineficiencias y disfunciones de la economía planificada no fueran suficientes, un conglomerado empresarial bajo el mando de los militares, el Grupo de Administración Empresarial SA (GAESA), sigue controlando cerca del 40 por ciento del PIB del país. Monopoliza las industrias más rentables, ejerce control sobre las reservas internacionales y opera sin transparencia ni rendición de cuentas ante las instituciones civiles. De hecho, fue diseñado para eludir las sanciones y, al mismo tiempo, otorgar un poder financiero extraordinario a la élite militar mediante diversos mecanismos de captación de rentas.
Uno de los efectos negativos más visibles de GAESA ha sido la apropiación desproporcionada de la inversión nacional en la construcción de hoteles, a expensas de la agricultura, la infraestructura básica y el sistema eléctrico. Con estos sectores críticos sistemáticamente descapitalizados, Cuba ahora enfrenta apagones que duran más de 20 horas y una creciente dependencia de los alimentos importados.
El costo de esta crisis ha recaído principalmente sobre los pensionistas, los empleados estatales y los hogares que dependen de ingresos fijos en pesos. Gran parte del ajuste se ha producido mediante un impuesto inflacionario que ha exacerbado la pobreza y la desigualdad, con efectos particularmente severos en la creciente proporción de personas mayores en Cuba. El problema se ha agravado por la emigración masiva, especialmente de jóvenes, cuyo éxodo ha reducido la fuerza laboral, fragmentado familias y debilitado aún más los cimientos productivos del país.
Hoy, Cuba se encamina hacia una crisis humanitaria. La escasez de energía afecta el transporte, el acceso al agua potable, la recolección de basura y la producción, distribución y conservación de alimentos. El sistema de salud prácticamente ha colapsado. Médicos y pacientes no pueden acceder a los centros médicos; los medicamentos son escasos; y no hay suficientes suministros médicos ni siquiera productos básicos de higiene para las salas de los hospitales. Miles de cirugías han tenido que cancelarse, y los pacientes con cáncer y quienes padecen enfermedades crónicas no pueden recibir el tratamiento que necesitan.
Los cubanos están señalando cada vez más su desesperación y frustración ante las crecientes dificultades. El descontento público generalizado se expresa en protestas cada vez mayores. Esto podría cambiar radicalmente el sistema político cubano, que no tolera la disidencia. En el pasado, el régimen ha respondido con represión policial y el encarcelamiento de líderes y participantes en protestas. Si la crisis continúa agravándose, el malestar social podría convertirse en una fuente adicional de inestabilidad y un riesgo creciente para la gobernabilidad de Cuba.
Si bien ha habido asistencia humanitaria y una creciente preocupación internacional por las graves condiciones que prevalecen en la isla, ningún país parece dispuesto a asumir el costo geopolítico y financiero de rescatar la economía cubana. Para complicar aún más las cosas, cualquier intento de mitigar la crisis requerirá negociaciones con la administración Trump.
Si bien se han reportado conversaciones entre funcionarios cubanos y estadounidenses, aún no está claro qué se está negociando ni cuán cerca o lejos están ambas partes de llegar a un acuerdo. La administración Trump parece buscar una mayor libertad económica en Cuba, así como un cambio en el liderazgo político. La pregunta ahora es cómo responderán las élites cubanas, que enfrentan una combinación sin precedentes de presión externa e interna.
El autor es execonomista del Banco Central de Cuba y del Centro de Estudios de la Economía Cubana (CEEC) de la Universidad de La Habana, es actualmente profesor de economía en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Colombia.
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