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La propuesta de normativa publicada por el Departamento Nacional de Seguridad (DHS) en el Registro Federal de Estados Unidos representa —a juicio de abogadas de inmigración consultados por LA PRENSA— una nueva «restricción» al acceso al permiso de trabajo (EAD, por sus siglas en inglés) para migrantes que apenas inician su proceso de asilo. La medida colocaría a los núcleos familiares en un situación de mayor vulnerabilidad económica y social.
La abogada de inmigración, Cindy Blandón, aseguró en declaraciones a este Diario que la propuesta de la administración de Donald Trump busca básicamente eliminar la oportunidad de un permiso de trabajo. «Prácticamente no quieren dar nuevos permisos de trabajo. Esa es la intención», apuntó.
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Por su parte, la abogada de inmigración, Lorena Pérez McGill, aseguró que «es una manera más de tratar de cortarle las alas a los inmigrantes que andan buscando asilo dentro de los EE. UU., y están tratando, mientras tanto, de ganarse la vida honradamente teniendo sus permisos de trabajo vigente para poder así pagar sus impuestos».
El DHS anunció la propuesta el 20 de febrero y fue publicada en el Registro Federal tres días después para recibir comentarios sobre la normativa. «Durante demasiado tiempo presentar una solicitud de asilo fraudulenta ha sido el camino fácil para trabajar en Estados Unidos, saturando nuestro sistema de inmigración con solicitudes sin mérito», declaró un portavoz de DHS.
«Una meta inalcanzable»
El argumento de la propuesta de normativa es que las autoridades buscan reducir solicitudes consideradas «frívolas, fraudulentas o sin mérito» y aliviar la históricamente carga administrativa en el sistema migratorio.
La regla modificaría los requisitos y tiempos para que los solicitantes puedan obtener autorización de empleo, mientras su caso está en trámite; y también establecería que el conteo del plazo comience cuando el formulario sea revisado completamente, y no desde el momento en que se presenta ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis).
«La recepción por parte del Uscis de solicitudes iniciales de autorización de empleo —basadas en una solicitud de asilo pendiente— ha alcanzado un máximo histórico y los recursos adjudicativos del Uscis se encuentran sobrecargados», se lee en la normativa publicada.
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Por su parte, el portavoz del DHS afirmó que «los extranjeros no tienen derecho a trabajar mientras procesamos sus solicitudes de asilo».
Uscis reporta más de 1.4 millones de solicitudes de asilo afirmativo pendientes, una cifra que, según la agencia, equivale aproximadamente a la población total del Estado de New Hampshire. Sumado a la suspensión de permisos de trabajo por tiempo indefinido, la norma establece que la aprobación también está sujeta a partes discrecionales.
«El sistema de asilo está saturado, insensible y vulnerable a abusos. El Congreso otorgó al Poder Ejecutivo la facultad discrecional de poner a disposición de los solicitantes de asilo la autorización de empleo mediante reglamento», se lee en la propuesta.
La abogada de inmigración Blandón reiteró que la regla supone que los solicitantes de asilo «no van a poder recibir un permiso de trabajo hasta que ellos (Uscis) alcancen la meta (de tiempo) que se ve inalcanzable. No hace sentido, hay millones de casos de asilo pendiente».
Una medida «más restrictiva»
Las expertas en temas migratorios coinciden en señalar que, en la actualidad, las personas que presentan una solicitud de asilo pueden pedir la autorización de empleo, tras cierto periodo de espera. Sin embargo, la normativa aumentaría ese tiempo de espera de 180 a 365 días para poder solicitar el permiso de trabajo.
«Ahora las personas tienen que venir y esperar un año para someter su caso bajo esta propuesta. Van a poner las solicitudes en pausa, porque dicen que no pueden aprobar permisos de trabajo iniciales hasta que ellos recorten y bajen el backlog, que es la acumulación de millones de solicitudes de asilo pendiente», dijo Blandón.
Las expertas recordaron que esta propuesta es algo que ya lo implementó el presidente Trump durante su primer mandato en el período de 2017 a 2021, donde en lugar de seis meses los aplicantes de asilo tenían que esperar un año antes de solicitar sus permisos de trabajo.
«Es una más de las tretas que utilizó esta Administración anteriormente y que parece quiere utilizar de nuevo una vez. Cuando el presidente Biden tomó posesión en la Casa Blanca, lo primero que hizo fue reducir ese tiempo de un año a seis meses para que la persona solicitante de asilo pudiera recibir el permiso de trabajo, el entendido de Biden era que tenían que vivir de algo y lo más lógico es que EE. UU., le proporcionara un permiso de trabajo», resaltó Pérez McGill.
A su vez, aseguró, que lamentablemente no es la misma «prioridad de Trump».
Blandón calificó que esta nueva norma «es más restrictiva que la primera, es súper restrictiva, es una expansión radical» y, en el contexto actual, prevé que la norma sea implementada.
«Ellos van a pasar la normativa, y esto vulnera a los solicitantes de asilo, porque aparte, ellos no tienen culpa que los casos tarden muchos años, entonces quieren venir a penalizar a todas las personas y tenerla dentro de EE. UU. sin un permiso de trabajo, como castigándolos», concluyó.
Pérez McGill apuntó que sin permiso de trabajo «es muy difícil sobrevivir en EE. UU. porque no puedes conseguir trabajo y si no trabajas, ¿de qué vas a vivir?»
