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La cárcel federal de Brooklyn, en Nueva York, donde el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores están recluidos desde el sábado, es objeto de críticas recurrentes por sus instalaciones envejecidas, problemas persistentes de acceso a la atención médica, episodios violentos y una supervisión deficiente.
Este lunes, el juez que preside el juicio por narcotráfico contra Maduro y la ex primera dama ordenó que ambos permanecieran detenidos en esa prisión hasta nuevo aviso.
Antes que ellos, también estuvo encarcelado ahí un expresidente del continente americano acusado de narcotráfico: el hondureño Juan Orlando Hernández, indultado recientemente por el presidente estadounidense Donald Trump.
Entre otros famosos presos, la prisión ha albergado al rapero P. Diddy y a la cómplice del magnate y delincuente sexual fallecido tras las rejas Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell.
Tiene capacidad para 1.600 presos
Única cárcel de Nueva York destinada a acoger a detenidos en espera de juicio o de traslado, el Metropolitan Detention Center (MDC), situado en el sur de la ciudad, es uno de los más grandes de su tipo en el país, con capacidad para unos 1.600 reclusos.
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Durante un invierno especialmente frío, en 2019, la prisión sufrió durante una semana un apagón masivo de calefacción y electricidad.
Incidentes violentos
Y en el verano de 2024, dos reclusos murieron apuñalados por otros presos, en un enésimo episodio violento.
En marzo de 2025, la justicia presentó cargos contra 25 personas -detenidos, colaboradores externos y un exguardia- en una docena de casos de contrabando y violencia.
En varias ocasiones, jueces de Nueva York han criticado la falta de acceso a atención médica de reclusos, condiciones de detención indignas y problemas de corrupción.
Desde hace poco, las autoridades también han empezado a encerrar ahí a personas arrestadas por encontrarse en situación migratoria irregular en Estados Unidos.
«El MDC de Brooklyn es un verdadero desastre, opaco e inhumano, que no tiene cabida en la aplicación de las leyes migratorias», lamentó en agosto Daniel Lambright, asesor de la Unión por las Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU).
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