A lo largo de la historia, los regímenes autoritarios han mostrado que rara vez se imponen de golpe. Generalmente, se instalan de forma gradual, mediante pequeños cambios que parecen inofensivos, concesiones calculadas y gestos simbólicos destinados a desarmar la presión internacional sin alterar la estructura real del poder. Analizar este proceso ayuda a entender la trayectoria del régimen Ortega-Murillo y lo que ha hecho recientemente.
La dictadura ha utilizado su propaganda para exhibir la “liberación” de decenas de presos políticos. Pero estas no son verdaderas liberaciones, y mucho menos el cese de la represión. Son más bien, un cambio de modalidad de encierro. La celda se convierte en casa, barrio, municipio o país: un espacio del que nadie puede salir sin perder la ciudadanía, los bienes o la integridad física. Las personas ya no están tras barrotes, pero siguen bajo vigilancia, sin derechos, sin garantías y —ellas y sus familias— bajo amenaza permanente.
En ese aflojar sin soltar, la maquinaria represiva no se desmonta; simplemente pretende convencer a la comunidad internacional de que está dispuesta a hacerlo gradualmente. Pero en la práctica no se derogan leyes abusivas, no se devuelven bienes confiscados, no se restituyen personerías jurídicas, no se recupera la libertad religiosa ni sindical, no regresa la prensa independiente y, por supuesto, no se habilitan elecciones libres ni verificables. Es cierto, y es muy importante para las personas que sufren el rigor de la cárcel, el preso duerme en casa, pero el régimen mantiene sus cadenas legales, políticas y económicas, la esencia de la represión sigue intacta.
La pregunta inevitable es: ¿por qué ahora esta concesión? La respuesta pareciera ser evidente: Estados Unidos evalúa qué medidas aplicará bajo la Sección 301 de su Ley de Comercio de 1974, en respuesta a prácticas injustificables y discriminatorias que violan los compromisos del Cafta-DR y afectan intereses comerciales estadounidenses. Entre estas violaciones destacan confiscaciones y cancelaciones arbitrarias de ONG y empresas privada —incluyendo compañías estadounidenses—, persecución de líderes laborales y religiosos, así como el desmantelamiento del Estado de derecho.
Ante este panorama, la dictadura podría querer demostrar que es flexible, cambiando el régimen de arresto a personas que antes mantenía desaparecidas en sus cárceles, para reducir la presión comercial y política a la que está sujeta por sus propias acciones. Pero es improbable que Estados Unidos, que ha exigido reiteradamente la liberación plena e incondicional de los presos políticos y la restauración de las libertades democráticas, se deje engañar por una fachada que busca aparentar normalidad mientras el aparato estatal se utiliza como instrumento de represión y terror.
Los compromisos comerciales exigen mucho más que cumplir aranceles: requieren seguridad jurídica, respeto a la propiedad, libertades civiles, protección laboral y un mínimo de institucionalidad. Nada de esto ha sido restablecido. La dictadura se apura en ofrecer gestos de flexibilidad para que Estados Unidos no aplique, o suavice, las sanciones comerciales que ya ha anunciado. Pero ni la Sección 301 ni el espíritu del Cafta se satisfacen con cosmética. Para hacerlo, el régimen debe cesar las prácticas que violan el trato justo, la libertad de asociación, la seguridad jurídica y los derechos indispensables para un entorno comercial estable. Y la evidencia es clara: ninguno de esos cambios ha ocurrido.
Mientras persistan la criminalización de la disidencia, la confiscación sin debido proceso, la persecución religiosa, el cierre de medios, la expulsión de opositores y la negación sistemática de derechos políticos, la dictadura continuará exponiendo al país y al pueblo a las consecuencias de sus propias y perversas decisiones.
