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En 2003 surgió la iniciativa comercial del DR-Cafta (Dominican Republic–Central America Free Trade Agreement, por sus siglas en inglés), o TLC (Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América) en español. Se trata de un acuerdo para crear y beneficiar una zona de libre comercio entre los países firmantes.
Los objetivos fundamentales del Cafta desde su concepción han sido estimular la expansión y diversificación del comercio en la región, eliminar los obstáculos al intercambio comercial y facilitar la circulación transfronteriza de mercancías y servicios. También busca promover condiciones de competencia leal, aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión y garantizar el respeto a los derechos de propiedad intelectual.
Tras la primera ronda de negociaciones, el Cafta debía pasar a su segunda etapa: la aprobación en la Asamblea Nacional con mayoría simple de 47 votos. Sin embargo, surgieron múltiples obstáculos debido a que el presidente Enrique Bolaños no contaba con respaldo parlamentario.
La oposición estaba fragmentada por el control que Arnoldo Alemán tenía sobre el liberalismo, situación que fue aprovechada por el actual dictador Daniel Ortega para bloquear la aprobación del tratado desde el parlamento y, paralelamente, promover protestas y asonadas desde las calles.
Ortega utilizó a la Coordinadora Social como instrumento de presión. Esta agrupaba cerca de cincuenta organizaciones de origen sandinista encargadas de provocar disturbios con pancartas, morteros y consignas, ondeando banderas sandinistas y del Frente Nacional de los Trabajadores (FNT).
En Managua, aquellos días se volvieron convulsos. Toda reunión entre el gobierno de Bolaños y la delegación de Estados Unidos era boicoteada por estas organizaciones y turbas dirigidas por Daniel Ortega y Gustavo Porras, quienes llegaron a amenazar con incendiar el país si se aprobaba el DR-Cafta.
Finalmente, el 10 de octubre de 2005, los diputados aprobaron en una sesión de cinco horas el “Decreto de Aprobación del DR-Cafta” con 49 votos a favor y 37 en contra, todos de la bancada del Frente Sandinista (FSLN).
El 1 de abril de 2006, el DR-Cafta entró en vigor en Nicaragua bajo el gobierno de Bolaños. Sin embargo, irónicamente, fue el gobierno de Ortega —instalado el 10 de enero de 2007— el que más se benefició del tratado. Aferrándose al poder junto a su consorte, condujeron al país a un caos institucional caracterizado por la represión, que culminó en los estallidos de abril de 2018, los cuales dejaron más de 350 nicaragüenses asesinados, además de torturas, encarcelamientos y persecución contra toda persona que criticara al régimen.
Las condenas internacionales y las sanciones económicas no tardaron en llegar, dirigidas contra la pareja dictatorial y su círculo de poder. Con la llegada de la administración Trump, el escenario económico mundial cambió y Nicaragua no fue la excepción.
Debido a las constantes violaciones a los derechos humanos y libertades públicas, el Gobierno de Estados Unidos ha elevado la presión y, actualmente, se plantea la posibilidad de suspender parcial o totalmente los beneficios comerciales del DR-Cafta, con una alta probabilidad de que esto ocurra antes de que finalice el 2025.
