El 19 de noviembre terminó la consulta pública de la USTR acerca de cuál es la sanción que Estados Unidos (EE. UU.) debe imponer a Nicaragua, por las violaciones de la dictadura al Tratado de Libre Comercio DR-Cafta.
La USTR es la sigla en inglés de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, la cual comprobó después de una exhaustiva investigación que el régimen de Nicaragua ha cometido “irrazonables” violaciones a los derechos laborales, empresariales y humanos en general. Las que, además, según la USTR, perjudican el interés comercial de EE. UU. y lo obligan a imponer sanciones al infractor.
Un poco más de dos mil personas participaron en la encuesta pública de la USTR, la mayoría representantes de las empresas exportadoras —quienes pidieron no imponer ninguna sanción— y activistas políticos y sociales opositores a la dictadura, que respaldaron la sanción cualquiera que sea.
Como se ha informado, la USTR propuso escoger una de entre cuatro tipos de sanciones al régimen de Nicaragua, y ahora el Gobierno de EE. UU. debe decidir. Las cuatro opciones son: una, suspender todos los beneficios del DR-Cafta a Nicaragua. Dos, suspenderlos parcialmente, afectando sectores específicos como el textil y el agroexportador. Tres, imponer aranceles de hasta el 100 por ciento a las importaciones nicaragüenses. Y, cuatro, imponer aranceles punitivos sólo a determinados productos, con la posibilidad de ampliarlos a otros sectores de exportación.
Cualquiera de las cuatro opciones de castigo que escoja e imponga el Gobierno de EE. UU. a Nicaragua, golpearía severamente la economía nacional, pero en particular a los productores y exportadores y sobre todo a los trabajadores asalariados que perderían masivamente sus empleos, la única fuente que tienen para su sustento personal y de sus familias.
Al respecto LA PRENSA informó este miércoles 26 de noviembre que más de 200 mil trabajadores nicaragüenses perderían sus empleos, como consecuencia de la sanción comercial de EU. UU. que es el principal destino de las exportaciones de Nicaragua. Eso sería más de una cuarta parte del empleo formal del país, una tragedia económica para el sector más vulnerable pues los empresarios tienen recursos económicos para resistir el golpe y por su parte la casta gobernante nunca sufre las consecuencias de las sanciones económicas externas, en ninguna parte del mundo.
Según la mencionada información de LA PRENSA que fue sustentada en opiniones de expertos, algunos de los empleos de los trabajadores que se pierdan por la sanción estadounidense “podrían recuperarse cuando los productos afectados encuentren nuevos mercados. Pero en el caso de zona franca la pérdida sería definitiva, ya que lo más seguro es que las empresas reorienten sus actividades a otros países”.
Los opositores en el exilio y partidarios de las sanciones aseguran que estas servirán para debilitar a la dictadura, aumentar la inconformidad popular y facilitar la lucha por la libertad y la democracia. Pero eso es solo una conjetura que no está respaldada por la experiencia histórica.
En realidad, aparte de que las dictaduras al ser sancionadas trasladan su costo a la población, por lo general sólo los regímenes autoritarios de derecha reaccionan positivamente, con la apertura a procesos de transición o entregando el poder inmediatamente.
Las dictaduras de izquierda son más resistentes a las sanciones, reaccionan con más represión y aferrándose con más fuerza al poder, aunque el país se hunda en una crisis espantosa y la población sufra directamente las consecuencias. La mejor prueba de eso es la tiranía comunista de Cuba, que desde poco después de su instauración en 1959 ha sido objeto de fuertes sanciones de EE. UU., pero tercamente se mantiene en pie siempre disfrutando sus líderes de la buena vida, mientras el pueblo cubano se ha hundido en la miseria. Y sus protestas eventuales son respondidas con más represión.
Los expertos internacionales aseguran que son muy raros los casos en que las sanciones económicas externas derriban a las dictaduras. Y esto solo ocurre cuando la dictadura es de derecha y las sanciones coinciden con protestas internas de gran magnitud y persistencia, con la fractura de los cuerpos armados y paramilitares, con graves crisis económicas previas y con un aislamiento internacional total.
Evidentemente ese no es el caso de Nicaragua, actualmente. De manera que el golpe principal de la sanción económica estadounidense por las violaciones de la dictadura al DR-Cafta, cualquiera que sea, será para los trabajadores y la población más pobre del país, la que siempre paga los platos rotos de la mala política.
