El jueves 20 de noviembre se informó que la dictadura sandinista —y dizque socialista— de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha abierto un proceso judicial contra un grupo empresarial guatemalteco que desde hace mucho tiempo tiene diversas empresas y negocios en Nicaragua.
“Dictadura abre proceso judicial a inversionistas guatemaltecos Leal Pivaral y sus empresas”, tituló LA PRENSA dicha información. Y explicó que “el ente regulador pidió a las entidades del Sistema Financiero levantar el sigilo bancario, como medida cautelar, a 22 personas y 48 empresas relacionadas” con este grupo empresarial.
La noticia da detalles sobre las diversas empresas y negocios del grupo empresarial guatemalteco. Pero no sobre las causas que motivan las medidas cautelares impuestas por la dictadura. Lo cual debería conocerse, porque es un asunto de interés público, ya que las empresas capitalistas no funcionan solo para su propio provecho, sino también para beneficio de la economía nacional por los empleos que crean, los impuestos que pagan y la redistribución de una buena parte de sus utilidades.
Sin embargo, es necesario explicar que la falta de detalles aclaratorios de este hecho no es por defecto del trabajo periodístico, sino por la oscurana informativa que hay en Nicaragua. En realidad, además de que la dictadura monopoliza la información y solo informa lo que le conviene, siempre oculta la verdad y miente sistemáticamente. Por su parte los empresarios son cautelosos por naturaleza y por lo general solo notifican de sus asuntos cuando la información favorece a sus negocios.
De manera que ante la falta de libertad de prensa en absoluto, los medios que funcionamos de hecho gracias a la tecnología moderna de la comunicación, enfrentamos muchas dificultades para obtener la información y más aún para verificarla.
No es posible, pues, saber y mucho menos asegurar si lo que ocurre al grupo económico guatemalteco es una agresión arbitraria, y por lo tanto un atentado contra la empresa privada en general, o es que ha habido anomalías en sus operaciones que ameriten las medidas impuestas por el régimen. Sin embargo, por la naturaleza totalitaria de la dictadura, su campaña de terrorismo fiscal contra las empresas privadas independientes, y su fobia ideológica al capitalismo que no está bajo su control, podemos suponer que alguna mala intención no confesada se esconde detrás de las acciones judiciales contra el grupo empresarial guatemalteco.
Los economistas independientes y los analistas de la oposición política aseguran que el sistema económico que ha impuesto la dictadura de Nicaragua es una variedad del “capitalismo de amigos o de compinches”. Por eso no hay transparencia en sus operaciones. Sin embargo, no se puede ni se debe echar en el mismo saco a todas las empresas capitalistas, nacionales y extranjeras.
En todo caso, uno de los objetivos fundamentales de la nueva democracia que se establecerá en Nicaragua, cuando desaparezca la dictadura, será promover la transparencia del sistema económico y empresarial, garantizar la seguridad jurídica y física de la empresa privada y motivarla a practicar una genuina responsabilidad social empresarial.
La transparencia capitalista, dicen los expertos, significa apertura informativa a inversionistas, clientes y empleados. Esto facilita su funcionamiento en un ambiente de confianza que es indispensable para el buen desempeño empresarial. Pero el Estado a su vez debe facilitar el clima de negocios para que la economía capitalista cumpla su función social. De modo que ambos sectores, el Estado y los empresarios privados, actúen con transparencia, conforme a reglas que garanticen la previsibilidad, y la seguridad jurídica y física de la propiedad privada.
En las circunstancias de Nicaragua eso puede parecer una utopía. Pero así funciona la economía en los países auténticamente democráticos, y así deberá funcionar en Nicaragua cuando haya una verdadera democracia.
