La misión técnica del Fondo Monetario Internacional, que estuvo recientemente en Nicaragua para evaluar la situación económica nacional, al terminar su trabajo emitió una declaración favorable a la dictadura.
La declaración habla de la buena salud de la economía de Nicaragua, pero advierte sobre las consecuencias económicas negativas que tendrían las probables sanciones comerciales de Estados Unidos (EE. UU). Aunque, como para guardar las apariencias, recomienda al régimen tomar algunas medidas correctivas para “el mejoramiento” del Estado de derecho y la transparencia gubernamental.
Pero en Nicaragua en absoluto no hay Estado de derecho. Esto lo han verificado los organismos internacionales de derechos humanos, pero según los técnicos del FMI sí existe y solo hay que hacerle mejoras. Además, hablan de “mejorar la trasparencia”, sabiendo que en Nicaragua no hay un sistema de rendición de cuentas, ni siquiera prensa independiente ni organismos sociales autónomos que vigilen el funcionamiento de los poderes públicos.
Cabe aclarar que no se trata de un informe oficial del FMI, solo una declaración pública sobre el trabajo de campo que la comisión técnica realizó en Nicaragua. Sin embargo, en las circunstancias políticas del país y por el momento de su divulgación, la declaración tiene —o pretende tener— una repercusión favorable a la dictadura.
Nos referimos a que próximamente el Gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) decidirá qué sanción, entre varias propuestas por el Representante de Comercio (USTR), debe imponer a la dictadura de Nicaragua por sus violaciones de las garantías laborales y empresariales, los derechos humanos, las libertades democráticas y el Estado de derecho. Respetarlos es una condición obligatoria para todos los Estados que son parte del tratado de libre comercio DR-Cafta, pero la dictadura de Nicaragua los atropella con sevicia e impunidad.
Los técnicos del FMI revelaron que “las autoridades han otorgado su consentimiento a la publicación de esta declaración”. Pero reconocen que “las opiniones expresadas en esta declaración son las del personal técnico del FMI y no representan necesariamente las del Directorio Ejecutivo del FMI”. Menos mal.
Sin embargo, el impacto de la declaración de una comisión técnica del FMI, obviamente favorable a la dictadura, de una u otra manera podrá influir en cuál de las sanciones previstas por la USTR se impondrá finalmente al régimen de Nicaragua, por sus transgresiones de los requisitos democráticos del DR-Cafta.
Se conoce que el FMI no tiene —o no debería tener— ninguna competencia política y que en este campo más bien debe de ser neutral. Cuando los gobiernos de los países que estaban ganando la II Guerra Mundial se adelantaron a diseñar el actual orden internacional, y el 4 de julio de 1944 fundaron en Bretton Woods, EE. UU. el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), decidieron que ambas instituciones se limitarían a temas económicos y financieros, y no se involucrarían en asuntos políticos. La política en sus diversos aspectos se manejaría en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y hasta ahora ambas instituciones financieras operan dentro de ese mandato. Por eso sus informes son técnicos y evitan la política, al menos expresamente.
Realmente, en la práctica ambas instituciones no son totalmente apolíticas. Tienen “garrotes” que utilizan cuando y donde sus directivos consideran que las condiciones políticas lo ameritan. Lo hacen generalmente por medio de presiones y regateos o negación de financiamiento a aquellos países a los que quieren imponer sus condiciones.
Además, tienen preferencias políticas curiosas, como en Nicaragua, donde el FMI ha sido permisivo con las dictaduras sandinistas, pero particularmente duro con los gobiernos democráticos que hubo de abril de 1990 a enero del 2006.
Supuestamente, el todavía vigente orden internacional se fundamenta en la libertad, la democracia, los derechos humanos y el libre comercio. Esos valores políticos, culturales y económicos están por encima del “derecho” de los gobernantes a decidir qué clase de regímenes le pueden imponer a sus pueblos, a lo que hipócritamente llaman “autodeterminación nacional”.
Lo cierto es que en casos como el de Nicaragua, los organismos internacionales como el FMI deberían aprobar sus decisiones tomando en cuenta los informes de organismos de las Naciones Unidas como el GHREN. O sea, a favor de los pueblos y no solo de los gobiernos y mucho menos de las dictaduras.
Pero lamentablemente no lo hacen así. Más bien se hacen de la vista gorda ante las tropelías de un régimen que inclusive es acusado por organismos internacionales autorizados de cometer crímenes de lesa humanidad.
