El poder judicial de la dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó la incautación de los protocolos notariales, libros de actas y sellos de los abogados y notarios fallecidos, así como de los que están fuera del país, y sobre todo de los desterrados y exiliados cuyos títulos profesionales fueron cancelados.
Los familiares de esos profesionales del derecho o cualesquiera otras personas que guarden tales documentos son obligados a entregarlos en el término de 90 días a la autoridad judicial del régimen. Se trata de una imposición totalitaria como es la naturaleza de la dictadura orteguista-murillista que trata de controlar todo lo que es de interés público y de las personas particulares.
Los protocolos notariales —nos dice una destacada profesional y catedrática del derecho, exiliada por la persecución de la dictadura— son archivos importantes de los clientes de los abogados y notarios que estos por responsabilidad y ética resguardan sigilosamente. Por derecho tiene que ser así, pues los protocolos notariales “son una colección ordenada de las escrituras matrices que dan fe pública a todos los actos jurídicos autorizados; su contenido abarca documentos originales de máxima trascendencia legal, como los títulos de propiedad (compraventas, hipotecas, donaciones) que definen el patrimonio, la constitución de sociedades y los diversos poderes otorgados, lo mismo que los testamentos y sucesiones que regulan la transferencia de bienes por causa de muerte, etc.”
De manera que al asumir el control de los protocolos notariales la dictadura le causa un grave e irreparable daño, tanto a los notarios como a las personas naturales y jurídicas usuarias de tales servicios legales.
Decimos que esta medida es totalitaria porque el totalitarismo no permite ninguna clase de libertades ni derechos, el poder se mantiene mediante el terrorismo de Estado, pero también con base en un sistema legal de control absoluto. En el totalitarismo, el derecho que es sagrado e indispensable para la seguridad jurídica, la convivencia humana y el progreso social, es subordinado a un Estado en el que no hay división de poderes, rendición de cuentas ni derechos individuales.
Nos dice también la persona experta consultada sobre el tema, que el control de los protocolos notariales y demás documentos propios del ejercicio profesional del derecho, aparte de ser un acto de incautación física es también una herramienta para “el control y la inteligencia estatal. Así la dictadura puede obtener una radiografía completa de las transacciones, propiedades y escrituras de los clientes de los notarios, identificar a los socios, apoderados y colaboradores de las figuras desterradas o solamente críticas, etc.”
Más todavía, para los profesionales del derecho desterrados y exiliados esta medida de la dictadura significa la inhabilitación definitiva de sus títulos de notario, que se consuma totalmente con la incautación de sus protocolos como parte de la implacable persecución política contra ellos, en el afán enfermizo de eliminar toda forma y vestigio de independencia personal e intelectual.
El ejercicio del notariado ahora será totalmente cooptado, transformando un delicado oficio profesional que es vital para la seguridad jurídica de las personas y de la sociedad en un grosero instrumento más de control estatal. El notario deja de se un respetable profesional independiente que ejerce la fe pública, y pasa a ser un ordinario agente del Estado y de inteligencia o espionaje bajo vigilancia continua.
La represión de una dictadura totalitaria es multifacética y sin límites, nunca se sabe hasta dónde puede llegar y mientras dure cualquier cosa perversa se puede esperar de ella.
