Como es conocido, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) ha recomendado a la comunidad democrática internacional denunciar a la dictadura de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia, “por violar la Convención contra la Tortura y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia”.
El GHREN ha investigado y comprobado las graves violaciones a los derechos fundamentales de los nicaragüenses que ha cometido y sigue cometiendo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y al presentar su informe ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, a finales de octubre pasado, hizo tal recomendación de manera formal.
Posteriormente, en declaraciones que dio a LA PRENSA y fueron publicadas este martes 4 de noviembre, el jurista alemán Reed Brody, uno de los tres integrantes del GHREN, dijo que varios países consideran válida la recomendación, “y la aplaudirían, pero hasta el momento ninguno ha querido asumir el costo político que eso representa”.
Solo los Estados miembros de la Corte de La Haya tienen derecho de presentarle casos para su consideración y decisión, según su propio Estatuto. Las personas particulares y los organismos no gubernamentales no pueden hacerlo, como sí tienen ese derecho en la Corte Penal Internacional (CPI), de la que el Estado de Nicaragua no es miembro. Sin embargo, por el principio de la jurisdicción universal cualquier Estado parte de la CPI puede acusar a la dictadura de Nicaragua ante este tribunal, aunque ninguno lo haya hecho hasta ahora.
Muchos gobiernos democráticos de las Américas y Europa han condenado a la dictadura de Nicaragua desde 2018. Sin embargo, ninguno ha querido pasar de las palabras a los hechos, como sería denunciarla ante la Corte Internacional de Justicia, como recomienda el GHREN.
El precitado señor Reed Brody dijo a LA PRENSA que el GHREN “ha sostenido encuentros de alto nivel con países democráticos, pero algunos prefieren mantener cierta interlocución con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, mientras que otros buscan más países dispuestos a presentarla” (la denuncia en la Corte de La Haya). Cabe entonces preguntarse ¿a qué se debe esa actitud?
Los expertos en diplomacia explican que los gobiernos democráticos, antes de tomar decisiones de política exterior que pueden comprometer de una u otra manera al país, al gobierno y a la nación, aplican el concepto de “evaluación de riesgos”, que significa “identificar, analizar las contingencias asociadas a la decisión que se va a tomar”.
También aplican el concepto de “análisis de costo-beneficio en la toma de decisiones diplomáticas”. O sea, evaluar de manera comparativa los costos y los beneficios que se pueden esperar de diferentes opciones para determinar la que sea más favorable al país, o no tomar ninguna decisión.
Más todavía, aplican el concepto de “análisis de escenarios”, o sea “explorar diferentes consecuencias posibles y sus implicaciones para la toma de una decisión determinada”. Inclusive, si el gobierno es efectivamente democrático evalúa las consecuencias morales que pueden tener sus decisiones y acciones.
En realidad, la política diplomática es complicada y generalmente quienes la practican no dicen al público las razones que tuvieron para tomar una decisión, en particular en situaciones conflictivas.
Como ha dicho el político y diplomático surinamés, Albert Randim, actual secretario general de la OEA, en una entrevista con el diario El País de España publicada este 9 de noviembre: “Hay diferentes maneras de aplicar la diplomacia. Y de algunas de ellas solo nos enteramos más tarde, por los registros históricos”.
No es algo sencillo, pues, para los gobiernos democráticos, tomar una decisión tan delicada como acusar ante la Corte Internacional de Justicia a otro Estado que es miembro de la ONU, por un asunto que no le causa perjuicios directos ni indirectos.
Eso solo lo hacen regímenes no democráticos, como el de Nicaragua que acusó a Alemania ante la Corte Internacional de Justicia por el caso de la guerra en la Franja de Gaza, sin tener nada que ver con ella aparte de su afinidad ideológica con los terroristas palestinos de Hamás.
En fin, ojalá que algún gobierno democrático de los muchos que se han pronunciado contra la dictadura de Nicaragua por sus crímenes contra los derechos humanos atendiera la recomendación del GHREN y la denunciara ante la Corte Internacional de Justicia. Por el bien del pueblo nicaragüense y la defensa del derecho internacional.
