La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) abrió el 20 de octubre pasado un proceso de consulta pública sobre la sanción que este país (EE. UU.) debe imponer a Nicaragua por las violaciones de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo a las normas para la protección de los derechos laborales y derechos humanos, establecidas en el tratado de libre comercio regional, el DR-Cafta.
Estados Unidos (EE. UU.) es parte de dicho tratado, junto con los países centroamericanos y República Dominicana. Por eso la USTR ha investigado y comprobado la violación de esas normas del DR-Cafta cometidas por el régimen de Nicaragua. Las cuales, asegura USTR, afectan el interés comercial de EE. UU. y por tanto tiene la obligación de actuar conforme lo prevé y autoriza el mismo tratado.
EE. UU. es un país democrático de leyes. Por eso, antes de que el presidente Trump decida qué sanción imponer a Nicaragua por el irrespeto a las normas del DR-Cafta, la USTR abrió un proceso de consultas sobre cuatro opciones que propone para que los interesados expresen sus razones a favor o en contra.
Como sabemos por experiencia propia, en un Estado autoritario como es el de Nicaragua el gobierno no consulta a nadie, ni siquiera a sus partidarios, para tomar una decisión económica —o de cualquier otro orden— que sea de interés público y afecte de cualquier manera la situación de la gente.
Como ejemplo y en el ámbito de las relaciones económicas, podemos señalar que el régimen de Ortega y Murillo sin consultar a nadie las rompió con China, Taiwán, para establecerlas con la China comunista, causando con esa decisión graves perjuicios económicos al país.
Ahora bien, volviendo al tema del proceso de consulta que abrió la USTR para que el presidente de EE. UU. las tome en cuenta antes de decidir qué sanción imponer por las violaciones de la dictadura ortega-murillista a las normas del tratado DR-Cafta, hay que mencionar que la mayoría de los comentarios registrados han sido opuestos a la imposición de nuevas medidas arancelarias contra Nicaragua o suspenderla del tratado DR-Cafta.
Según los analistas políticos y dirigentes opositores, eso no se debe entender como un rechazo social a las sanciones, sino como una estrategia coordinada por el sector importador y minorista, en particular el de los puros nicaragüenses que se exportan a Estados Unidos, que como es fácil entender buscan proteger sus propios intereses económicos.
Este sector y todos los exportadores de productos nicaragüenses a EE. UU. ya fueron afectados directamente —y con ellos todo el país— por el incremento de los aranceles hasta el 18 por ciento que impuso el presidente Donald Trump a Nicaragua en agosto pasado. Y ahora los representantes de esos sectores advierten sottovoce que una nueva alza arancelaria no se podría trasladar al consumidor final sin dañar los negocios.
Según los analistas de la oposición a la dictadura sandinista de Nicaragua, los comentarios de los empresarios reflejan preocupaciones legítimas de carácter económico, pero no evalúan la situación general de Nicaragua. Aseguran que para esos actores económicos el tema central es el costo y la rentabilidad de sus negocios, en tanto que la democracia y el Estado de derecho, así como los derechos laborales y humanos, no son parte de su agenda.
El proceso de consulta abierto por la USTR se cierra el próximo 19 de noviembre y plantea cuatro alternativas de sanciones: 1) suspender todos los beneficios a Nicaragua derivados del tratado de libre comercio DR-Cafta; 2) limitar parcialmente esas ventajas; 3) imponer aranceles de hasta el 100 por ciento; y 4, aplicar esos aranceles por sectores, de forma selectiva.
De manera que después del 19 de noviembre el Gobierno de EE. UU. tomará la decisión que estime necesaria y conveniente, tomando en cuenta las opiniones presentadas en el proceso de consulta pública. Lo que es una evidente demostración de la democracia participativa que no existe en Nicaragua, donde tampoco hay ninguna otra forma de libertad y ejercicio democrático.
